Una vez más, la Legislatura santafesina funcionó como una caja de resonancia de las diferencias internas que atraviesan a la coalición gobernante. Ley de Cuidacoches se vuelve a frenar, esta vez en el Senado, y la reforma electoral acumula tres proyectos presentados en Diputados por el oficialismo
La reforma electoral promete pasajes de alto voltaje político, en principio –y sólo al principio- hacia adentro de la propia coalición gobernante. Algo parecido está pasando por estas horas en el Senado con la ley de Cuidacoches. Como pasó con la reforma constitucional, vuelve a ponerse en juego la difícil posibilidad de alcanzar consensos.
La ley de cuidacoches, iniciativa impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, parece condenada a un laberinto legislativo del que no termina de salir. Aprobada inicialmente por el Senado con un texto que establecía la prohibición general de la actividad en espacios no autorizados, el proyecto viajó a Diputados y allí sufrió modificaciones que cambiaron su espíritu original.
La Cámara baja, por influjo especialmente del socialismo, introdujo un enfoque menos punitivo: limitó las sanciones a quienes “exijan o requieran de manera intimidatoria” una retribución económica, delegó en cada municipio la potestad de prohibir o autorizar la actividad en su territorio y también incorporó la creación de dos nuevos cargos judiciales en Rosario y Santa Fe, un punto que despertó cuestionamientos tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo.
El regreso del expediente al Senado debía ser el paso final hacia la sanción definitiva. Sin embargo, la sesión prevista para este jueves no se concretó. El interbloque Unidos no logró saldar sus diferencias y el debate quedó postergado hasta después del receso invernal, que se extendería hasta fines de mes.
Las fisuras dentro de la coalición son múltiples. A estas diferencias se sumó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien tomó distancia de la versión aprobada por la Cámara baja. El funcionario cuestionó que la provincia avance sobre una problemática que considera propia de los municipios y rechazó la creación de nuevos cargos judiciales: “No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio, nombrar fiscales. Es un gastadero de plata”, señaló.
Desde Unidos reconocieron que el proceso se dilató porque existen “diferencias” con la nueva redacción y que no fue posible alcanzar un acuerdo en las reuniones previas de comisión.
La otra expresión de esa falta de coordinación apareció en Diputados, aunque con un formato diferente. En lugar de presentar una propuesta común, tres sectores de Unidos ingresaron por separado sus proyectos de reforma electoral. El socialista Joaquín Blanco, el referente de UNO Walter Ghione y la radical Silvana Di Stéfano optaron por impulsar iniciativas propias, que ahora se sumarán a las ya presentadas por el bloque justicialista y por el Frente Amplio por la Soberanía.
Las tres iniciativas comparten algunos ejes centrales. Todos los proyectos reivindican la continuidad de las Paso y dos de ellos -el socialismo y UNO- señalan la necesidad de mantener la Boleta Única de Papel. También existe coincidencia en la separación de los comicios provinciales de los nacionales. Pero a partir de allí, las diferencias de enfoque y prioridades anticipan una negociación interna compleja.
El proyecto del socialismo propone sancionar un Código Electoral y de Partidos Políticos completamente nuevo, que reemplace la dispersión normativa vigente. Crea la figura del Juez Electoral Provincial permanente y una Oficina de Gestión Judicial especializada. Su objetivo es unificar en un solo cuerpo legal las normas que hoy regulan el sistema electoral y el funcionamiento de los partidos.
El proyecto del radicalismo también propone una reforma amplia, aunque pone el foco en la vida interna de los partidos políticos y en las reglas de competencia electoral. Plantea una nueva Ley de Organización de Partidos Políticos y Régimen Electoral, que regula la constitución, funcionamiento, financiamiento y control de los partidos, y refuerza los requisitos de transparencia patrimonial.
El de UNO, en cambio, es el más breve y puntual: solo modifica algunas leyes para adecuarlas a la nueva Constitución. Establece un piso del 3,5% del padrón para acceder al reparto de bancas, introduce el casillero de “voto lista completa” para gobernador-diputados e intendente-concejales, y ratifica el sistema D’Hondt.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, evitó fijar una fecha para el tratamiento y sostuvo que el avance dependerá de los acuerdos políticos: “El proyecto se va a tratar cuando los legisladores reúnan los consensos”. La intención del oficialismo es que el debate se resuelva durante julio, aunque el propio Bastia admitió que la construcción de una nueva ley electoral requerirá diálogo y puntos de encuentro.
El escenario actual no es del todo nuevo para la coalición. Durante el proceso de reforma constitucional del año pasado, los partidos que integran Unidos también presentaron proyectos similares y lograron, después de intensas negociaciones, alcanzar una unidad de criterios. Sin embargo, el contexto y los métodos de aquella reforma eran distintos: se trataba de un proceso con un cronograma definido y una convención reformadora que imponía sus propios tiempos.
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