El presidente uruguayo, José Mujica, autorizó a la planta del grupo finlandés pese a los reclamos ambientales de Argentina que amenazan con desatar una crisis diplomática.
Desde el Gobierno adelantaron que podrían volver a denunciar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los efectos contaminantes sobre el río limítrofe si permitía incrementar el ritmo de fabricación de la planta, que pasará a producir 1,2 millones de toneladas al año desde las actuales 1,1 millones.
La pastera había solicitado al gobierno uruguayo un incremento de hasta 1,3 millones de toneladas, dado que un mes antes de finalizar su ciclo anual logró cumplir con el tope máximo autorizado.
Uruguay aprobó el aumento de producción luego de que fracasaran el martes conversaciones con Argentina, que adelantó que presentaría una denuncia ante La Haya en caso de que el país vecino otorgara su aval de forma unilateral.
Los Gobiernos de Argentina y Uruguay ya mantuvieron un largo litigio en La Haya por la planta de celulosa.
En el 2010, la corte dictaminó que no había indicios de que la pastera contaminara al río Uruguay, pero dijo que Montevideo violó un acuerdo binacional por no consultar a Buenos Aires antes de permitir la construcción del establecimiento, que representó una de las mayores inversiones en la historia del pequeño país.
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