La Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio el paso más severo hasta el momento en la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, el hombre de 35 años que falleció en enero pasado mientras estaba bajo custodia estatal. Por orden del fiscal Ezequiel Hernández, seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos y serán imputados este viernes en los tribunales de la capital provincial.
Cinco de los policías arrestados prestan servicios en el Comando Radioeléctrico, mientras que el restante pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería. El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad y los protocolos de detención en la provincia.
Una libertad que no fue y un desenlace fatal
La reconstrucción que consta en el expediente judicial revela una trama de graves irregularidades. La tarde del 17 de enero, González fue arrestado frente a su casa en el barrio Yapeyú por agentes del Comando Radioeléctrico, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un supuesto desorden en la vía pública.
Tras pasar por dependencias policiales y ser examinado por un médico de la fuerza —quien dejó constancia de que el hombre presentaba lesiones que demandarían unos siete días de curación—, fue alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
A las 22:40 de esa misma noche, el fiscal de turno ordenó formalmente su libertad y notificó a la seccional. Sin embargo, la policía nunca efectivizó la salida. Ya en la madrugada del 18 de enero, cuando los agentes ingresaron a la celda supuestamente para comunicarle la liberación, González no respondía a los estímulos. Estaba muerto.
El dato: Ante la gravedad del hecho, la causa fue retirada de la Fiscalía de Homicidios y derivada a la Unidad de Violencia Institucional, donde se dispuso de inmediato la aplicación del Protocolo de Minnesota, el modelo internacional para investigar muertes bajo sospecha de criminalidad estatal.
La mira sobre la brutalidad policial
Para la querella, integrada por la familia de la víctima y respaldada institucionalmente por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, no hay dudas de que se trató de un caso de violencia institucional.
Los abogados sostienen que la detención no solo fue ilegal, sino que estuvo signada por una violencia desmedida. El expediente cuenta con un robusto material probatorio aportado por los propios vecinos del barrio:
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Testigos presenciales que declararon haber visto golpizas durante la reducción del hombre.
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Registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.
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Fotos y videos particulares tomados con teléfonos celulares durante el operativo.
Audiencia clave
Desde el entorno de la víctima insisten en que la investigación no debe cerrarse únicamente en el momento en que se produjo el paro cardiorrespiratorio en la celda, sino que se debe analizar la secuencia completa: la violencia en la captura, el traslado, la calidad de la asistencia médica recibida y, fundamentalmente, la presunta omisión de los policías que ignoraron una orden judicial de libertad.
Este viernes, frente al fiscal Hernández, los seis uniformados escucharán los cargos en su contra y las evidencias recolectadas. La causa entra en su etapa más decisiva, exponiendo una vez más las deudas pendientes en el trato a las personas privadas de su libertad en el territorio santafesino.
