“Ya no confío en la Justicia», dijo juez del norte provincial y renunció dando un portazo

El juez penal de Reconquista, Santiago Banegas, presentó su renuncia y encendió una fuerte polémica al declarar públicamente que perdió la confianza en el sistema judicial. El magistrado sostuvo que su alejamiento, efectivo a partir del 1° de octubre, responde a una creciente politización de la Justicia, fallos sin sustento probatorio sólido y una preocupante presión mediática sobre las decisiones judiciales.

“Hoy se condena con muy poca prueba. Personas inocentes están presas”, afirmó Banegas, quien ingresó al Poder Judicial a los 22 años y desempeñó funciones clave, como en la Fiscalía de Homicidios. Según relató al portal Aire de Santa Fe, el punto de quiebre fue su intervención en una causa de abuso infantil: aunque el acusado había sido absuelto en primera instancia, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo con una sentencia que calificó como “de muy mala calidad”.

Banegas también cuestionó la tendencia creciente a dictar prisiones preventivas “como método de coerción”, empujadas por la opinión pública y los medios de comunicación. “El sistema bajó los estándares de prueba. Esto es perverso”, lamentó.

Hace dos años, Banegas había tenido declaraciones críticas contra el Poder Judicial y el Ejecutivo ante demoras en cubrir vacantes en el organigrama de la magistratura. Él había ganado un concurso para ser juez de Menores en Santa Fe pero, seis meses después, aún no se había producido su nombramiento.

Además, apuntó contra el clima institucional en Reconquista, donde —dijo— existe una “alta politización” del sistema judicial y operaciones mediáticas que favorecen al Ministerio Público de la Acusación, en detrimento de los jueces. “No confiaba más en la Justicia”, concluyó.

La renuncia de Banegas se produce en un contexto de tensión creciente dentro del Poder Judicial santafesino. Semanas atrás, el juez civil y comercial Fabián Lorenzini también se apartó de una causa clave —el concurso de acreedores de Vicentin—, aduciendo “violencia moral” y la necesidad de preservar el decoro de su investidura. Su decisión anticipó un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que rechazó la homologación del acuerdo preventivo de la cerealera.