El próximo 10 de septiembre a las 11 de la mañana comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Ríos de la Plata durante la última dictadura cívico-militar. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de La Plata.
Allí se evidenciará la responsabilidad empresarial en delitos cometidos durante el terrorismo de Estado contra trabajadoras y trabajadores para poder implementar un modelo económico de licuación de salarios, endeudamiento del país y destrucción de la producción industrial en beneficio de la especulación financiera.
Este juicio oral y público es el resultado de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda. Fue una tarea que llevaron adelante junto a los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y, también, las organizaciones gremiales, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires).
La Federación y el Sindicato Capital, “asumimos el compromiso de continuar representando a nuestros afiliados que fueron detenidos-desaparecidos con la complicidad empresarial, pero también de la conducción sindical de aquel momento. Por eso, hemos aportado actas y otros materiales documentales, además de presentarnos como querellantes en 2015”, señalaron las entidades gremiales en un comunicado .
Parodi, como empleado jerárquico de Bunge & Born, la compañía propietaria de la empresa en ese momento, está acusado de ser partícipe necesario en los secuestros de tres trabajadores aceiteros el 7 de julio de 1976: Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández.
Desde su puesto como gerente de Recursos Humanos fue uno de los responsables de confeccionar la lista con los nombres y apellidos de los trabajadores que debían ser detenidos y desaparecidos. Además facilitó el acceso a las fuerzas golpistas que secuestraron trabajadores dentro de su lugar de trabajo.
Pero los casos fueron muchos más: al menos 26 personas, entre trabajadores aceiteros y sus familiares, fueron secuestrados debido a su actividad sindical en la planta Avellaneda por el aparato criminal del terrorismo de Estado.
“Si bien el inicio de este juicio es un paso adelante en el reclamo por memoria, verdad y justicia, pedimos en agosto de 2023 que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros.”, señalaron los aceiteros.
En la empresa Molinos de Bunge & Born en su planta de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, hubo 26 trabajadores que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Rivolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio, hija de ambos, quien fuera apropiada cuando tenía seis meses de edad, luego de la desaparición de sus padres.
“Fueron atacados por luchar por sus derechos laborales, sindicales y democráticos, los mismos que hoy el poder económico más concentrado y el gobierno actual volvieron a poner en la mira. Enfrentamos esta ofensiva con unidad, solidaridad y conciencia de clase, la misma que tuvieron ellas y ellos”, indicó el parte genial .
“Por eso decimos que su lucha y la nuestra fue y sigue siendo una sola, y reafirmamos: por nuestras compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, Memoria, Verdad y Justicia”, completó el comunicado .
