Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos ordenaron profundizar la investigación en torno a la presunta colaboración de los empresarios con la entrega de información sobre las víctimas
La Cámara Federal de Casación anuló las faltas de mérito dispuestas por un tribunal de Rosario en favor de un grupo de represores y supuestos colaboradores civiles de la dictadura para el funcionamiento de un centro clandestino de detención (CCD) en la empresa Acindar.
La Sala Cuarta del máximo tribunal penal ordenó que se dicte un nuevo fallo en la parte de la investigación que tiene entre los imputados, entre otros, al ex administrativo Ricardo Torralvo, personal jerárquico de la empresa.
Se trata del expediente en el que se investiga la supuesta participación de directivos en la decisión de disponer de espacios físicos dentro de la planta fabril en Villa Constitución, Santa Fe, para que fuera utilizado como CCD improvisado.
Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos ordenaron también profundizar la investigación en torno a la presunta colaboración de los empresarios con la entrega de información sobre las víctimas, entre ellas el ex dirigente obrero Alberto José Piccinini, fallecido el año pasado.
En la causa también se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes del Ejército, la Policía Federal, Prefectura y las policías de Buenos Aires y Santa Fe, entre marzo de 1975 y principios de 1976, según consignaron los querellantes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Directivos civiles de Acindar están sospechados de haber “marcado” a trabajadores con activismo gremial y de haber provisto fotografías e información personal para facilitar sus detenciones ilegales.
La investigación permitió establecer que a fines de 1975 la empresa dispuso que todos los trabajadores sacaran la cédula de identidad (documento obligatorio para la época) y renovaran sus carnets como empleados de Acindar.
Esa información fue luego utilizada para identificar a al menos una treintena de operarios secuestrados ilegalmente.
Según el CELS, “en los albergues de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos algunos secuestrados y allí mismo, torturados”.
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