El cambio en los pagos a médicos, la deuda con prestadores y la caída de ingresos detonaron una huelga de 72 horas. Bajo la política de recorte fiscal, el impacto ya se siente en la atención de millones de afiliados
La crisis del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) suma un nuevo capítulo atravesado por el ajuste. El cambio en los pagos a médicos desató un paro nacional y volvió a golpear la atención de los jubilados. En ese marco, la política económica que impulsa el ministro Luis Caputo empieza a impactar en uno de los sistemas más sensibles.
La resolución 1107/2026 del Gobierno modificó el esquema de ingresos de los médicos de cabecera del PAMI. Eliminó los honorarios por consulta y dejó únicamente el pago por cápita, un monto fijo por paciente.
Aunque ese valor subió de $946 a $2.100, la quita de adicionales impactó severamente en los ingresos. Según los profesionales, la caída ronda el 50%. Un médico que percibía cerca de $1.650.000 millones pasaría a cobrar alrededor de $800.000.
La medida, aplicada de forma repentina y retroactiva, generó un conflicto en todo el país.
El conflicto derivó en un paro de 72 horas que alcanza a unos 8.500 médicos y 3.200 odontólogos. Los profesionales advierten que, con estos cambios, el sistema deja de ser sostenible.
Muchos ya analizan dejar de atender afiliados del PAMI y pasarse al sector privado, lo que reduce la atención disponible para los jubilados.
El deterioro se profundiza con la deuda acumulada con prestadores, que ronda los 500.000 millones de pesos. Clínicas, farmacias, ópticas y laboratorios enfrentan atrasos de hasta cuatro meses en los pagos.
Jubilados en farmacia, PAMI Jubilados en farmacia, PAMI (Archivo -)
En este contexto se frenan prestaciones, se restringen servicios y los afiliados encuentran cada vez más obstáculos para acceder a la atención.
A la caída de ingresos se suma una mayor carga administrativa. Los médicos deben asumir tareas vinculadas a formularios, gestión de medicamentos, insumos y trámites diversos.
También denuncian restricciones para solicitar prácticas básicas, lo que complica la atención y aumenta la presión sobre el sistema.
El impacto final recae sobre los afiliados. La reducción de medicamentos gratuitos y la eliminación de programas de provisión incrementaron el gasto de bolsillo.
En los consultorios se repiten situaciones límite: pacientes que deben elegir entre comprar remedios, pagar el alquiler o cubrir necesidades básicas.
Lo que pasa en el PAMI forma parte del recorte del gasto impulsado por el gobierno de Javier Milei y ejecutado por Luis Caputo. Con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, que cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.
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