El titular de la Auditoría de la Fiscalía Leandro Mai declinó su competencia y consideró que, al tratarse de una falta grave la achacada al funcionario de la Agencia de Criminalidad Organizada, le corresponde intervenir a diputados y senadores
El auditor general del Ministerio Público de la Acusación resolvió declinar su intervención en la denuncia que presentaron los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca tras la audiencia donde se imputo a Mariana Ortigala, la testigo protegida del caso Alvarado devenida en informante del fiscal Matías Edery. El viernes pasado Leandro Mai tomó la decisión al considerar que se trata de una falta grave y corresponde que intervenga la Legislatura.
Ante este panorama Mai se presenta este miércoles ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura con el objetivo de exponer las pruebas que recolectó hasta el momento y serán enviadas a la Legislatura, explicó a LT8 Lionella Cattalini que preside la comisión.
“Cuando recibimos una denuncia o una inhibición, tenemos la obligación de decidir qué se hace en el caso. Si se decide abocarse hay que empezar una investigación, que implica hacer una acusación, proveer pruebas, escuchar, que la persona acusada pueda defenderse, y luego de ello, hay que dictaminar: formular una suspensión o la destitución”, dijo la diputada socialista.
“Por ley tenemos la potestad disciplinaria y las obligaciones de actuar, pero también, la de ser respetuosos, responsables y objetivos. Además, tenemos que intentar llevar calma a una institución como el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que está atravesando una profunda crisis y de la cual se dice que está dividida en bandas. Eso no es sano para la institución ni para la sociedad”, cerró la entrevista.
Además hay otros dos fiscales que tienen investigaciones administrativas en la Legislatura. Se trata de Aldo Gerosa, suspendido fiscal de Reconquista y Gabriela Lescano de Cañada de Gómez, esta última por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
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