Por Luciano Couso/ Telam
Los 45 asesinatos registrados en los dos primeros meses del año en Rosario, que desde hace poco menos de una década mantiene una alta tasa de homicidios por encima de la media nacional, motivó al Gobierno santafesino a anunciar la creación de una «unidad de élite» destinada a reprimir el narcotráfico y a capacitar a su fuerza de seguridad con policías del Estado de Virginia (EE.UU.).
En paralelo a esos anuncios, un juicio oral seguido a un jefe narco de la ciudad de Rosario deja al desnudo la espiral de violencia empleada por esas organizaciones y sus vínculos con la policía, que según los fiscales del caso brindaba «un permiso estatal» a la actividad criminal del principal acusado, Esteban Lindor Alvarado.
Hasta el 26 de febrero se habían cometido en el departamento Rosario 45 homicidios de los 70 que registra la provincia de Santa Fe, según el reporte provisorio oficial.
De esos crímenes, 26 ocurrieron en enero y 19 en febrero.
De acuerdo a los datos que publica el Observatorio de Seguridad Pública santafesino en los mismos meses del año pasado el número de víctimas fue 37, ocho menos que en este verano.
Si bien la mayoría de las víctimas –y también de los victimarios-, que muestra la serie histórica de crímenes son varones jóvenes de barrios populares, en los datos de enero de este año se destaca que el rango etario que lidera el conjunto es el de personas de 15 a 19 años, con el 33% de los asesinatos ocurridos en Rosario.
El 87,5% de esos homicidios se cometieron con armas de fuego y la mitad se explica por la disputa entre organizaciones criminales vinculadas a mercados ilegales, principalmente de comercio de estupefacientes, según las estadísticas oficiales.
En ese contexto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, anunció el jueves pasado la creación de un «grupo de élite» dentro de la policía provincial «que estará abocado a las causas más complicadas de narcodelito y delito económico».
Especificó que para ello se realizará «un reclutamiento de personal especial y una capacitación especial para la cual acudimos a la ayuda de agencias internacionales».
El día anterior, el gobernador Omar Perotti y el propio Lagna recibieron a una delegación de la embajada de Estados Unidos en Argentina integrada, entre otros, por «expertos en seguridad y narcotráfico», informó el Gobierno.
Lagna explicó que «van a colaborar en convenios de capacitación para esa fuerza (de élite), que estará a disposición tanto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), de la Justicia provincial como de la Justicia Federal».
El ministro sostuvo que «no sólo se trata de detener a un delincuente de este tipo, sino después habrá un trabajo para el cual se necesita personal capacitado que sepa trabajar con celulares, manejar estados contables».
El gobernador Perotti dijo que en el encuentro con el consejero de Seguridad de la embajada norteamericana se acordaron «acciones de formación y capacitación sobre los cuales nuestra institución policial, el accionar y funcionamiento de coordinación con la justicia, son los elementos clave».
El Gobierno informó que, puntualmente, se realizará en Santa Fe un Programa de Entrenamiento con la Policía del Estado de Virginia en tareas de inteligencia e investigaciones complejas.
Ese tipo de criminalidad es, justamente, la que expusieron las primeras audiencias del juicio iniciado esta semana a «El Estaban» Alvarado, un hombre de 42 años acusado de liderar durante una década una organización nacrocriminal que cometió homicidios, balaceras a edificios y empleados judiciales y lavado de activos a través de un entramada de sociedades legales.
Uno de los testimonios producidos esta semana, de un mecánico que formó parte de la organización y luego declaró contra su jefe como imputado colaborador hasta que fue asesinado en septiembre último, aportó detalles de una lista de 40 personas presuntamente confeccionada por Alvarado para matarlas.
En la nómina hay personas asesinadas y desaparecidas, precisaron fuentes judiciales, entre ellas dos hijos de una mujer condenada por narcomenudeo, Olga «Tata» Medina.
En el testimonio grabado en video en 2020, el mecánico Carlos Argüelles sostuvo que Alvarado «en 2012 se jactaba de haber matado a más de 100 personas en esta guerra narco».
«Ha matado a tanta gente que no me sorprende que me diga que va a morir tal persona. Él no mata, porque si ve sangre se desmaya, por eso manda a matar», abundó.
Otra testigo, Mariana Ortigala, coincidió con el mecánico Argüelles en que «a Luis Medina y (su novia) Justina Pérez Castelli los mandó a matar él», en referencia al doble crimen del empresario narco y su pareja, ocurrido el 29 de diciembre de 2013.
En la causa seguida a Alvarado, los fiscales indicaron que la banda estaba sostenida en una «pata policial» que con «sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para su beneficio ilícito».
Cinco de esos jerarcas policiales, Javier Makhat, Cristian Ariel Di Franco, David Marcelo Rey, su hermano Martin Javier Rey y Luis Quevertoque, ya fueron condenados a través de juicios abreviados.