El empresario rosarino es acusado formalmente en la tarde de este martes de actuar en coordinación con el juez federal local Marcelo Bailaque y el ex director de la Afip de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna para extorsionar a empresarios y beneficiarse con dinero de una cooperativa portuaria
Foto: Juan José García
El empresario Fernando Whpei fue este martes imputado en dos expedientes judiciales de alto impacto. Uno por extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto, y otro por el manejo irregular de fondos de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín, antes liderada por el sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez. El juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión por tres meses del empresario.
Los casos, que involucran al juez federal Marcelo Bailaque –ya imputado aunque todavía en funciones–, revelan una trama de presiones, abuso de poder y desvío de 1.000 millones de pesos, sostiene el Ministerio Público Fiscal. Whpei llegó en libertad poco después del mediodía, acompañado por sus abogados Emiliano Díaz y Sergio De Dossi, a los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900.
Por un lado, la defensa de Whpei, liderada por Emiliano Díaz y Sergio De Dossi, ha presentado una recusación contra los fiscales, argumentando que la denuncia por extorsión de Iglesias es una invención para desviar la atención de su propio procesamiento por lavado de activos. Resaltan la demora en la denuncia de Iglesias y la supuesta imposibilidad de Whpei de haber asistido a una cena clave debido a que se trató de una paella y tiene alergia al pescado. Además, mencionan la existencia de un testigo que desmiente la extorsión y aseguran que Iglesias pidió asesoramiento legal para esa causa y el dinero en cuestión tenía que ver con honorarios profesionales.
Después de ese encuentro, que fue en 2019, las relaciones comerciales entre Whpei e Iglesias continuaron posteriores al supuesto hecho. Incluso se presentaron declaraciones de ejecutivos de San Cristóbal negando cualquier aspiración de Iglesias a la presidencia de la aseguradora. La defensa acusa a los fiscales de parcialidad por supuestamente omitir información relevante y hasta deberían haber acusado a Iglesias por falso testimonio.
Por otro lado, los fiscales, encabezados por Federico Reynares Solari, sostienen la acusación de extorsión y señalan que la defensa de Whpei no aborda las declaraciones de Vaudagna, quien implicaría directamente a Whpei en la maniobra.
Finalmente, el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz rechazó la recusación por considerar que carece de argumentos sólidos que demuestren enemistad o falta de imparcialidad por parte de los fiscales, calificándola de «poco seria» y dilatoria.
La audiencia de imputación finalmente comenzó y los fiscales solicitaron la prisión preventiva para Whpei por seis meses. Según explicaron, Whpei tiene dinero en cuentas en el extranjero, puede entorpecer la causa y además hay peligro de fuga. Finalmente el juez ordenó la prisión del empresario por tres meses.
En una de las causas, el fiscal Juan Agustín Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tiene como sospechoso a Whpei, al juez Bailaque y al ex director de la Afip de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna (ahora imputado arrepentido) de haber coordinado desde 2019 hasta 2024 una serie de maniobras para extorsionar a Iglesias y Oneto, utilizando tanto el poder judicial como el organismo recaudador.
Según la Fiscalía, buscaban dañar su reputación, presionarlos y exigirles dinero (una versión indica que la cifra fue de 160.000 dólares) a cambio de influir en las causas en su contra.
Entre el material probatorio hay videos de declaraciones de Vaudagna y otros testimonios que detallan las reuniones con Whpei, quien según el arrepentido actuaba como nexo con el juez, de acuerdo con lo aportado por fuentes del caso.
En paralelo, el fiscal Federico Reynares Solari investiga la causa N° 15682/2024, que tiene en la mira a Bailaque por haber dictado resoluciones ilegales para beneficiar a Whpei.
Se trata de fondos de la cooperativa portuaria de Puerto General San Martín, transferidos irregularmente a una financiera vinculada con empresario, amigo personal del magistrado, dice la acusación.
Bailaque está imputado por extorsión, prevaricato, falsedad ideológica y allanamientos ilegales, entre otros delitos. También le dictaron la prisión preventiva, que no se hizo efectiva porque los magistrados tienen inmunidad de arresto. El Consejo de la Magistratura, que desde hace meses sostiene un proceso administrativo en su contra, recién definirá su suerte dentro de cuatro semanas,
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