Ley de tierras: Una experiencia en Santa Fe

Por Silvana Codina

Hay preguntas que parecen desaparecer por un tiempo. Sin embargo, siguen ahí, debajo de la conversación cotidiana, de los cambios de época y de las urgencias del momento. Quedan como sumergidas como algo que dejamos de buscar, hasta que alguna circunstancia vuelve a señalar el lugar y nos obliga a remover el agua del pozo para ver qué había quedado allí.
Algo de eso puede estar pasando en la Argentina de 2026. La discusión pública y abierta en torno a la popularmente llamada Ley de Tierras volvió a poner en primer plano cuestiones que parecían dormidas: ¿Quién puede apropiarse de un territorio? ¿Qué significa que una tierra sea privada? ¿Qué lugar ocupa el interés colectivo y hasta dónde llega lo común? Es una cuestión de escala o es una cuestión de esencia? Cuando estas preguntas vuelven, nos obligan a mirar hacia atrás y buscar en experiencias que todavía tengan algo que decirnos.
En Santa Fe tuvimos, entre 1995 and 2011, una transformación del territorio que hizo de estas preguntas una práctica concreta. Durante esos años, se proyectaron y construyeron hospitales, espacios públicos, edificios culturales, centros judiciales y de salud, y hasta un proyecto para el aeropuerto. Fueron tiempos donde la arquitectura y el urbanismo encontraron una oportunidad real para intervenir sobre problemas colectivos.
Había una idea central que atravesaba cada proyecto: intervenir físicamente sobre una ciudad como una forma de construir ciudadanía. Un hospital podía ser también una pieza urbana para la educación y contener la investigación; un espacio público transformaba un barrio al albergar un museo; y un plan de descentralización resolvía necesidades inmediatas mientras modificaba la relación de la comunidad con su territorio y se convertía en oportunidad de albergar arquitectura de calidad por la envergadura del encargo y de los autores.
Arquitectura, planificación y gestión funcionaban en un mismo proceso. Había una confianza entre actores y en que pensar y que hacer no eran momentos separados.
Después, ese ciclo terminó. Con el tiempo, se perdió visibilidad de esa cultura de la obra pública. Seguramente que se han seguido haciendo obras, las ciudad nunca deja de construirse, pero lo que desapareció fue algo más difícil de medir que los m2: la conversación sobre para qué se construye, qué proyecto de ciudad expresa cada ladrillo y qué responsabilidad tenemos al intervenir lo que compartimos.
Sin embargo, la experiencia no murió; pasó a una construcción silenciosa. Este recorrido nos dejó un aprendizaje fundamental: construir lo común no depende solo de las instituciones (que aportan escala y continuidad) ni solo de las comunidades (que otorgan arraigo y permanencia). Las respuestas más potentes aparecen cuando ambos movimientos se encuentran y dialogan: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El contexto actual cambió. Cambiaron las instituciones, las herramientas y la relación entre lo público y lo privado. Aparecieron problemas que antes no tenían la misma dimensión, por lo que no podemos repetir las recetas del pasado. Lo que sí debemos recuperar es la actitud frente a las preguntas.
¿Cómo logramos que una decisión dure más que el tiempo de quienes la toman? ¿Cómo se trabaja el territorio cuando se entiende como un bien compartido?
Cuando el debate actual nos interroga sobre la propiedad y el interés colectivo, lo que estaba oculto sale a la superficie. Toca volver a confiar en que una obra pública es mucho más que un problema de recursos o una respuesta técnica a una necesidad. Porque una idea que no encuentra la manera de hacerse realidad corre el riesgo de quedarse solo en una buena intención o en un eslogan vacío.
Frente a la reacción social que genera hoy la Ley de Tierras, queda en evidencia que la idea de preservar el territorio como un bien común ya no es un concepto abstracto o de laboratorio político partidario: es una demanda que ya brotó y maduró en la realidad cotidiana de Argentina. Por eso, el texto de cualquier normativa debe ser el reflejo de lo que la sociedad ya decidió cuidar y defender en su día a día. Después de todo ya se lo ha dicho: lo que en la realidad no existe, la ley no lo crea.