Justicia ambiental en los barrios: el reclamo del Colegio de Trabajadores Sociales en el Día de la Tierra

“Para el que mira sin ver 

La tierra es tierra nomás…” 

Atahualpa Yupanqui 

La ciudad y sus formas, sus espacios y símbolos, lo que representa respecto del triunfo del proyecto civilizatorio, no siempre fue. Antes, después y siempre existió el lugar, esa condensación de espacio y tiempo en el que la vida es posible sin descomponerse en partes. Tierra, agua, aire, semilla, amor y muerte… energía que transforma infinitamente la materia y el espíritu. Sin embargo, desde que la acumulación del capital encontró en las ciudades su forma de organización, dando por apropiable lo común a precio de mercado, no hacemos más que intentar juntar las partes que nos devuelva en el espejo a un ciudadano. Pero en el entrevero, es probable y, a veces deseable, que nos encontremos partes de otres, vecinos, hermanas, humanos o compañeres. 

Pretender reconocer a la Tierra como sujeto de Derecho y, en ella, inscribir los nuestros no como colonizadores sino como habitantes, resulta utópico en estos tiempos de guerras que desgarran vidas por minerales, petróleo y lugares. Sin embargo, entendemos que es necesario. Desde nuestras prácticas cotidianas que se configuran en los territorios donde vivimos y trabajamos, se evidencian las co-existencias que no dependen de grandes cumbres internacionales y pactos. Y es una urgencia en nosotres desarrollar la capacidad de poner en agenda, en la conversación familiar, pública y común, información, interrogantes y deseos que nos permitan repensar las decisiones y proyectos colectivos, las políticas públicas y cómo implementarlas. 

Pensar la salud desde la defensa del territorio 

Apenas comenzamos a dialogar, nos resulta imprescindible profundizar una mirada que no reduzca la cuestión ambiental a acciones individuales o respuestas fragmentadas, sino que la comprenda como parte de una crisis civilizatoria más amplia, que integra y potencia múltiples dimensiones de desigualdad, exclusión y degradación. La defensa del territorio implica reconocer el carácter colectivo de los bienes comunes naturales y problematizar los modelos de producción y consumo que los afectan, entendiendo que

estos procesos están atravesados por relaciones de poder que organizan de manera desigual las condiciones de vida. 

Desde el Trabajo Social, somos testigos de que el deterioro ambiental no impacta de manera homogénea. Por el contrario, se inscribe en una matriz de desigualdad estructural que expone de manera diferencial a los sectores populares en el que los lugares habitables no son una variable menor. De hecho, en los mapas de riesgo social, ambiental y climático se resalta con color rojo a la población más numerosa y vulnerable, por el alto nivel de riesgo. Un ejemplo posible de observar a simple vista al recorrer centros urbanos en nuestra región es la proliferación de basurales y microbasurales en barrios con mayores niveles de vulnerabilidad social, a diferencia de lo que sucede en los cascos históricos o centros de las ciudades que sí cuentan con servicios públicos para la disposición, recolección y hasta la separación de la basura. La desigualdad en la distribución de bienes y servicios públicos en el ordenamiento territorial (acceso a agua potable, electricidad, gas, cloacas, calles, transporte), la escasez de recursos económicos y materiales de gran parte de la población, la creciente exposición a fenómenos asociados al sobrecalentamiento global y la crisis climática con cada vez más frecuentes anegamientos e inundaciones, impactan directa y negativamente en las condiciones de habitabilidad y la salud colectiva. 

Si bien en estos últimos años se han comenzado a debatir y proponer iniciativas que dan cuenta de una necesidad que va creciendo, como la obligatoriedad de formación en la temática de ambiente y en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública a través de la Ley Yolanda, o la implementación de la Red de Refugios Climáticos en la ciudad de Rosario que sensibiliza sobre la respuesta social necesaria ante temperaturas extremas, la falta de acceso a espacios frescos y agua segura es una urgencia cotidiana que aún no alcanzamos a revertir. Esto nos lleva a pensar que tal vez no se alcanza a dimensionar la intensidad con la que esta problemática va instalándose y cómo repercute en la vida cotidiana de las personas y, por lo tanto, en nuestras prácticas e intervenciones profesionales. Surge la pregunta ¿por qué seguimos gestionando chapas con temperaturas de 45°? ¿Interpelamos las soluciones que se arrastran de gestión a gestión?¿buscamos y promovemos buenas prácticas que llevan adelante otres colegas? 

Frente a este escenario, se vuelve imprescindible jerarquizar la voz de las comunidades y promover su participación activa en la construcción de una agenda pública que priorice entornos dignos y habitables. Garantizar el acceso al agua potable, cloacas, sostener y ampliar el arbolado urbano como estrategia de mitigación de las islas de calor, fortalecer la infraestructura social, entre otros, son dimensiones ineludibles de una política ambiental con perspectiva de justicia social.

La alimentación consciente, soberana y sanadora 

Conversando, conocimos las experiencias de colegas en instituciones de otras localidades que inciden en la salud de la población, y llevan adelante prácticas de producción de alimentos, cultivo de aromáticas, hierbas medicinales y todo aquello vivo y soberano sobre el tiempo y los ciclos de vida. En sus palabras: “…es encontrarnos en nuestras partes sanas, la naturaleza nos abraza […] se van tomando decisiones colectivamente, el espacio lo sostiene la comunidad, no tanto lo institucional”. En estas experiencias la tierra se convirtió en horno, en estufa, en olla comunitaria, en cosecha, saberes y sabores compartidos. No sin transformación de los equipos de trabajo, que debieron aceptar el modo aprendiz. El retorno fue la posibilidad de entablar lazos, en los que apoyar intervenciones esta vez sí, posibles. Llevar semillas, no solo medicamentos. Acompañar las huertas en los domicilios. Reconocimiento de territorios y, de paso, el ejercicio de las caminatas y de salir del propio espacio. 

En este sentido, la agricultura urbana y la agroecología se consolidan como experiencias estratégicas para la producción de alimentos saludables, la inclusión social y la construcción de soberanía alimentaria. Rosario dispone de más de 40 hectáreas cultivables y 12 parques huerta que sostienen el trabajo de cientos de huerteras y huerteros, en su mayoría mujeres. Estas prácticas además de permitir el acceso a alimentos sanos, seguros, sabrosos y soberanos (Alimentos 4S), libres de agroquímicos, también reconstruyen entramados comunitarios, fortalecen economías locales y promueven circuitos de comercialización justos. 

Por otro lado, nos embarga la preocupación por el aumento de enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada, como la diabetes, pero las políticas de asistencia alimentaria no se asocian a su incidencia en la salud de sus destinatarios. 

El ecocidio se siente en el aire, tanto como en los centros de salud las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cancerígenas, que hacen cuerpo en los habitantes de zonas sacrificadas en pos de la producción de ganancias. Es válido preguntarnos si la contaminación del aire, la tierra y el agua, y la producción de alimentos con agrotóxicos, no son razón suficiente para volver a plantear estrategias de salud, educación y trabajo que reviertan este frente mortífero. 

Para seguir integrando 

El Trabajo Social supone, por un lado, acompañar las demandas emergentes; y por otro, contribuir a la construcción de estrategias integrales que articulen justicia social, sustentabilidad ambiental y soberanía territorial, es decir, fortalecer la planificación pública, promover la participación comunitaria y consolidar prácticas que revaloricen los saberes

populares, impulsen formas de organización solidaria y orienten la producción y reproducción de la vida hacia el bienestar colectivo. 

Sanar el territorio que habitamos es, en definitiva, sanar nuestros propios cuerpos y nuestras tramas sociales. En este Día de la Tierra, y en cada paso que nos permite, el desafío es asumir que la defensa del ambiente no es una opción, sino una condición indispensable para la vida digna, presente y futura. Y que tener un suelo soberano, un lugar al que pertenecer después de nacer, donde crecer y ser subjetivado, ser legítimo productor de cultura, irse y volver, es un derecho humano inalienable. Esto nos interpela, no sólo como llamado a reflexionar, sino también a organizar, exigir, resistir, re-existir y transformar las condiciones que hacen posible un horizonte justo, habitable y soberano.

Comisión de Ambiente y Trabajo Social

Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe 2º Circ.