El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y otros dos ex funcionarios, son investigados por una licitación para comprar armamento policial
La Justicia aceptó incorporar a la Provincia de Santa Fe, representada por la Fiscalía de Estado, como parte querellante en el proceso que investiga posibles ilícitos cometidos en la compra de armas para la Policía, durante la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad provincial.
Así lo resolvió el juez Octavio Silva, en una audiencia de la que participaron el fiscal Ezequiel Hernández, la defensa de Marcelo Sain y otros exfuncionarios imputados, y representantes de Fiscalía de Estado de Santa Fe.
De esta manera, la Provincia se suma como potencial víctima de los posibles delitos bajo investigación. Las investigaciones comenzaron en 2021 y derivaron en las imputaciones por posibles negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación a la administración pública.
En aquel momento, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, atribuyó el accionar delictivo al exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain; al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y al exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
A fines de mayo de 2022, la Justicia trabó embargos por 100.000 dólares contra Sain y los otros dos exfuncionarios de Seguridad. También se les prohibió acercarse a testigos y denunciantes del proceso.
Los fiscales sospechan que desde el Ministerio de Seguridad se intentó beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina, por más de 17 millones de dólares a la cotización de entonces.
En mayo de 2024, el fiscal solicitó al juez Lisandro Aguirre prorrogar por un año más las medidas que pesaban sobre los imputados. Según detalló en ese momento, una serie de pericias e informes que lograron precisar un posible monto de defraudación al Estado por más de 9 millones de dólares.
La Fiscalía sospecha que Sain, Montenegro y Novas, intentaron beneficiar a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían comprar. La empresa también fue imputada en esta causa, como persona jurídica.
La imputación, concretada en mayo de 2022, precisó que «realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe».
Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
En octubre de 2024, el fiscal Hernández pidió que la causa fuera elevada a juicio. Y anticipó un pedido de cinco años de prisión efectiva para Sain, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa. Fuente: Aire de Santa Fe.
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