¿En qué quedamos? Petrolera británica sancionada en 2013 por operar en Malvinas fue beneficiada con el RIGI para exportar GNL y con una ampliación de concesiones

La petrolera británica Premier Oil Plc sancionada y condenada por el Estado argentino hace 13 años por explotar ilegalmente yacimientos petrolíferos al norte de Malvinas es la misma que, camuflada con el nombre de Harbour Energy, el Gobierno de Javier Milei benefició con la habilitación de cinco grandes negocios de hidrocarburos en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro y con el RIGI para la exportación de GNL.

En 2013, por la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, Premier Oil PLC (luego Harbour Energy PLC) fue inhabilitada por 15 años para realizar cualquier tipo de actividad hidrocarburífera o comercial en la República Argentina bajo la Ley 26.659, impulsada por el fallecido Pino Solanas. Es la norma que establece sanciones por extraer petróleo en áreas sujetas a la disputa de soberanía por Malvinas. Milei prometió endurecerla en su Cadena Nacional de esta semana, pero el Gobierno que encabeza nunca la aplicó.

En septiembre de 2024, la misma Premier Oil compró los activos globales de la alemana Wintershell DEA por más de 11 mil millones de dólares. Y eso incluyó los de Argentina. En diciembre de ese año, Milei firmó el decreto 1147/2024 por el que incrementó las concesiones hidrocarburíferas de esa firma.

El mismo diciembre de 2024, ahora como Harbour Energy PLC, Premier Oil ingresó en la sociedad Southern Energy SA que desarrolla el proyecto de exportación de GNL. El mismo que fue incorporado al RIGI en abril de 2025 mediante la Resolución 559/2025.

«Apruébase la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, enmarcado en el Sector ‘Petróleo y Gas’ y el plan de inversión, presentados por el SOUTHERN ENERGY S.A. (VPU), CUIT N° 30-71858062-1, titular del Proyecto Único denominado ‘Proyecto de Licuefacción de Gas Natural’, por una capacidad de producción de GNL de entre UN MILLON QUINIENTOS MIL (1.500.000) y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL (2.200.000) toneladas al año, dependiendo la disponibilidad de abastecimiento de gas (RE-2025-07070304-APN-DTD#JGM)», señala la norma en cuestión.

El diario Tiempo Argentino reveló, en agosto del año pasado, que la continuidad jurídica y comercial de Premier Oil y Harbour Energy queda expuesta también por sus autoridades: el presidente no ejecutivo de la primera, Roy Franklin, es el actual presidente no ejecutivo de la segunda, según informes oficiales de la petrolera.

Además, agrega la nota, la mayoría de los accionistas institucionales (empresas, bancos, fondos de inversión) se mantuvo con el cambio de nombre. Entre ellos, EIG Global Energy, Helu Slim (inversora del mexicano Carlos Slim), The Vanguard Group, Trinity Street Asset Management, Invesco Asset Management, Charles Schwab Investment Management Inc. Es información que consta en los registros oficiales británicos.

Información de sobra para no darle beneficios fiscales millonarios

El otorgamiento del beneficio del RIGI para Southern Energy no podía desconocer que su asociada a Harbour Energy es continuadora de la sancionada en 2013 Premier Oil. El Boletín Oficial del 7 de julio de 2023 incluye un edicto en el que se informa que Harbour Energy comunicó la apertura de una sede argentina en la calle Bouchard 680 de la ciudad de Buenos Aires y que sus accionistas son Premier Oil Holdings Limited y Premier Oil Group Limited. El Boletín Oficial del 28 de julio del mismo año es más contundente: «… se informa que HARBOUR ENERGY ARGENTINA LIMITED es vehículo de inversión de Premier Oil Holdings Limited, una sociedad con domicilio en el 23 Lower Belgrave Street, London, England».

La corporación Premier Oil PLC operó ilegalmente en Malvinas asociada a la también británica Rockhopper Explorations entre 2012 y 2022. Luego abandonó la zona tras fusionarse con Chrysaor Holdings y vender a la israelí Navitas Petróleum su participación en el gigantezco yacimiento Sea Lion, a unos 218 kilómetros al norte del archipiélago.

Hay antecedentes de sobra para dudar del repentino vuelco nacionalista y malvinero de la administración libertaria. Es que nada hizo sobre el tema pese a que abundaba la información sobre la petrolera. El 21 de abril de 2015, la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, multó a Premier Oil por 156,4 millones de dólares y ordenó embargar sus bienes a solicitud de los fiscales fueguinos Marcelo Rapoport, Adrián García Lois, y del Procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. En base, claro, a la misma ley de 2011. Hay que decir que esa sanción nunca se materializó.