Fiscal pidió la indagatoria de Boudou por el caso Ciccone

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer la indagatoria del vicepresidente Amado Boudou, así como del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de su intervención en la venta de la empresa ex Ciccone Calcográfica.

Luego de dos años de iniciada la causa, en febrero de 2012, el fiscal pidió la indagatoria de Boudou, Echegaray, del socio y amigo del vicepresidente, José María Núñez Carmona, y del abogado Alejandro Vandenbroele.

Vandenbroele en nombre de la firma The Old Fund adquirió la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), luego de conseguir un dictamen a favor del Ministerio de Economía para que se le levantase la quiebra.

El pedido del fiscal incluye a Nicolás Ciccone, entonces dueño de la empresa antes de cambiar de manos; de su yerno Guillermo Reinwick; de Rafael Resnick Brenner, jefe de Asesores de la Afip, y de Máximo Lanusse, quien acompañó a Vandenbroele en The Old Fund.

A Ciccone y Reinwick, el juez Ariel Lijo los tomó como querellantes en el caso, o sea víctimas, con lo cual podría haber una primera discrepancia evidente entre lo que pidió Di Lello y lo que dispone el juzgado; y lo mismo en el caso de Echegaray, quien incluso había sido convocado el año pasado como testigo (ver aparte).

Ambos fueron quienes, al declarar como testigos a fines de 2013, aseguraron que Boudou intervino en las negociaciones por la venta de Ciccone y que fueron obligados a vender; y luego el juez Lijo los aceptó como querellantes.

En la misma presentación, el fiscal pidió la citación como testigo del banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, así como de integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda porque considera “necesario ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica SA y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Afip”.

Di Lello recordó los préstamos otorgados por Banco Macro y al acreditarse que entre 2011 y 2012 “la Cooperativa firmó préstamos con garantías de mutuos a favor del Asociado The Old Fund”.

Para el fiscal, el hecho imputado es que “con fondos cuyo origen fueron puestos en duda”, Vandenbroele y Martínez adquirieron Ciccone y mostraron el consecuente interés en lograr un contrato con el Estado nacional para obtener el contrato de impresión de billetes.

Según agregó, en esa instancia intervino Boudou porque se “habría interesado en la operación comercial”.

“El levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía la empresa, se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Afip” y en ese marco se da la supuesta intervención de Echegaray.

En ese sentido, recordó que el 12 de julio de 2010 la Afip pidió a un juzgado comercial la quiebra de Ciccone, que fue decretada, pero en agosto del mismo año el organismo, tras un pedido de la familia, se mostró dispuesto a otorgar un plan de facilidades de pagos.

El fiscal dio por acreditado las reuniones entre Boudou y demás implicados, incluso con Vandenbroele a quien el vicepresidente negó conocer, “en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país”.

Sobre la relación de Boudou y Vandenbroele, el fiscal recordó que un departamento del cual es titular el Vicepresidente fue alquilado a Fabián Carosso Donatiello, socio de Vanderbroele en la sociedad Agroibérica de Inversiones SA.

Di Lello explicó que lo que se investiga el “accionar de un funcionario público y el ejercicio de una influencia jerárquica sobre autoridades competentes para que se expidan de acuerdo con el interés buscado”.

Ahora la decisión quedará en poder del juez Lijo, quien tendrá que delinear los hechos que imputa.

Echegaray pide definiciones

El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, le solicitó ayer al juez federal Ariel Lijo que resuelva su situación procesal en la causa Ciccone, luego de que el fiscal Jorge Di Lello pidiera su indagatoria. “No me queda claro cuál es mi estado procesal. Si soy un auxiliar de la Justicia, un testigo –como el juez recientemente me citó– como imputado o si seré indagado, como ahora lo requiere el fiscal”, se quejó Echegaray en el escrito.

El titular de la Afip pidió que se tome en cuenta la presentación “como declaración indagatoria”, recordó que el 27 diciembre de 2012 rechazó la imputación “por no sustentarse en ningún elemento de cargo cierto” y reclamó que “a dos años se resuelva” su situación procesal.

“El tiempo transcurrido y la falta de definición de mi situación procesal son situaciones que me provocan un daño irreparable en mi honor y proyección laboral dentro del ámbito de la función pública, además de los importantes costos que esto me acarrea”, advirtió el administrador de la Afip y aseguró que en el caso Ciccone actuó “dentro del marco de la ley”.