Fotos Juan José García
La polémica por la instalación de un parque acuático artificial a metros del río Paraná sumó este jueves un nuevo capítulo de alta tensión política en el Palacio Vasallo. La sesión extraordinaria convocada por un arco de la oposición para debatir catorce expedientes que buscaban frenar o readecuar la iniciativa del Ejecutivo finalmente naufragó por falta de quórum.
A pesar de que las gradas del Concejo Municipal estuvieron colmadas por vecinos organizados y colectivos ambientales que rechazan la privatización del espacio público en la zona de La Rambla, solo diez legisladores locales se sentaron en sus bancas. Para dar inicio formal al debate se requería la presencia de al menos 15 ediles.
Los bloques que dieron el presente y mostraron voluntad de sesionar fueron Ciudad Futura (Juan Monteverde, Antonio Salinas, Julián Ferrero y Agustina Gareis), el peronismo en sus distintas vertientes (Norma López, Mariano Romero, Pablo Basso, Majo Poncino y Fernanda Gigliani) y el Frente Amplio por la Soberanía (Leonardo Caruana).
Las ausencias bajo la lupa.
Más allá del interbloque de Unidos —alineado con el intendente Pablo Javkin e impulsor del proyecto recreativo—, la mirada de la oposición se posó sobre la bancada de La Libertad Avanza (Juan Pedro Aleart, Franco Volpe, Lautaro Enríquez, Samanta Arias y Anabel Lencina), el Partido Socialista (Federico Lifschitz, Manuel Sciutto y Alicia Pino) y las edilas María Fernanda Rey y Sabrina Prence. Con que solo cinco de estos diez concejales hubieran bajado al recinto, el debate se habría habilitado.
Desde el oficialismo salieron al cruce de la convocatoria opositora restándole legitimidad institucional y calificándola tajantemente como un «show electoral».
Sin embargo, las explicaciones que más se exigieron tras el fracaso de la jornada fueron dirigidas hacia el sector libertario. “Los concejales de La Libertad Avanza decían que estaban en contra del parque, pero hoy, cuando tenían que sentarse acá para frenarlo, no vinieron. Le deben una explicación a la sociedad de esas inconsistencias”, fustigó el edil Juan Monteverde (Ciudad Futura) al finalizar el frustrado encuentro.
Prioridades presupuestarias y el achique de la playa pública
Antes de que se cayera definitivamente la sesión, el peronista Mariano Romero defendió los proyectos presentados y apuntó al gasto que demanda la infraestructura en la costa: “Lo que se iba a tratar son catorce expedientes que buscaban aportar un poco de razonabilidad a este escenario, con un gasto millonario que podría estar destinado a otras prioridades de los rosarinos”.
Por su parte, Monteverde argumentó desde una perspectiva urbanística y ambiental el porqué del rechazo a la localización elegida en la ribera norte: “Rosario tiene 17 kilómetros de ribera y solo 1,2 kilómetros de playa. De ese total, solo 800 metros son de acceso público y libre, y este parque viene a restar 200 metros. Estamos reduciendo en más de un 20% la poca playa libre que tiene la ciudad”.
Para graficar la situación, el referente de Ciudad Futura comparó el caso local con otros centros turísticos: “Este tipo de artefactos artificiales suelen estar en las periferias, donde no hay atractivos. Mar del Plata no tiene su parque en medio de la Bristol, y la gente va igual. Queremos que en la playa haya playa, en el río río y en los barrios haya obras”.
El conflicto se traslada al próximo jueves y acecha la vía judicial
Lejos de dar el brazo a torcer, desde los bloques opositores adelantaron que la estrategia legislativa persistirá. “Si bien todavía no juntamos el quórum, lo vamos a intentar el jueves que viene y en cada una de las sesiones”, advirtió Monteverde.
Asimismo, los ediles recolectaron el guante de las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro, quien días atrás consideró que el parque «era una buena idea» pero que la localización exacta debía ser saldada entre el intendente y el cuerpo deliberativo. “Estamos de acuerdo; que Javkin mande un proyecto que diga dónde tiene que estar esta obra y que sea votado por los concejales”, reclamaron.
De todas formas, el conflicto amenaza con salir de los márgenes del Palacio Vasallo si el Ejecutivo decide avanzar sin el aval parlamentario. “Si el intendente no escucha y si el Concejo no funciona como debe, recurriremos como ediles a la Justicia, porque las irregularidades son muchas”, concluyeron.
