La magistrada Marta Pascual advirtió que el distrito bonaerense no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad
La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su decisión y aclaró que su planteo no apunta a cuestionar la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones en las que el nuevo sistema comenzaría a funcionar.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual en declaraciones radiales, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.
En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
La jueza también rechazó las críticas que recibió por su resolución y aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió ante los cuestionamientos.
La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Para la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.
La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará.
Fuente: tiempoar.com.ar
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