La diputada le reclamó al juez federal Ariel Lijo que defina “de inmediato” el pedido de detención al jefe de Gabinete que solicitó este lunes. Es por obstaculizar la investigación por enriquecimiento ilícito al enviarle mensajes a uno de los testigos clave. También habló de “carpetazos”
La diputada nacional Marcela Pagano afirmó que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “está apretando testigos” de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y le pidió al juez federal Ariel Lijo celeridad para definir el pedido de detención que solicitó este lunes, luego de que un testigo clave en la causa revelara que el funcionario le había enviado mensajes para interceder en su declaración. “Están buscando callar, silenciar y adoctrinar”, dijo a Radio 750.
En el pedido ante el juez Lijo, Pagano detalló que el intento de soborno fue sobre el contratista Matías Tabar, quien reveló las suculentas obras de remodelación que pagó Adorni en la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245 mil dólares e incluyeron muebles de lujo, jacuzzi y hasta una cascada.
Según el escrito, el jefe de Gabinete contactó al empresario minutos antes de su declaración y le ofreció asistencia de su equipo, aunque luego intentó borrar los mensajes que habían intercambiado.
La declaración de Tabar este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita fue una bomba y resultó explosiva tanto para el gobierno como para la defensa del propio Adorni. Según dijo el contratista, los trabajos sobre la propiedad de 400 metros cuadrados incluyeron pisos a nuevo, paredes, muebles de cocina, baños de lujo, pileta, jacuzzi y una cascada en el jardín, todo pagado en dólares —los trabajos de remodelación costaron 245 mil dólares— en efectivo y sin emitir factura.
“El pedido de detención es amparado en la Doctrina Irurzun, camarista federal que en 2018 ordenó, también al juez Lijo, la detención de Amado Boudou por el supuesto poder residual que tenía tras haber ocupado cargos jerárquicos en el gobierno. Si nos amparamos en esto, ahora le digo al juez Lijo que si en ese caso se detuvo a Boudou y luego a (Julio) De Vido, (Carlos) Zannini y (Roberto) Baratta, ¿cómo ahora no vamos a pedir la detención de Adorni, que ocupa el tercer lugar en el mando del Gobierno?
Pagano cuestionó que el jefe de Gabinete “busque obstaculizar el normal funcionamiento de la investigación” y afirmó que con las presiones busca “callar, silenciar y adoctrinar a quienes se sienten delante de un juez” para aportar detalles claves para la investigación.
Además, la diputada aseguró que “la resolución del juez Lijo debe ser inmediata”. “Lo tiene desde ayer en sus manos. La evaluación debe ser inmediata. (El apriete) está transcurriendo ahora. Este señor sigue ocupando un rol jerárquico y está apretando testigos”, dijo indignada.
“En el celular de este hombre constan todos los detalles de la construcción y remodelación de esa casa en Indio Cua. Si se usó esa doctrina para funcionarios, ahora hay mayor asimetría de poder, más que nunca debería aplicarse la doctrina Irurzun”, reclamó Pagano.
Por otro lado, Pagano cuestionó los “carpetazos” en redes sociales hacia el contratista que este lunes aportó detalles esenciales.
“Ahora hay un grupo de estúpidos que empiezan a sacar una posible militancia del testigo constructor hacia el kirchnerismo o personas del peronismo, como si dentro de La Libertad Avanza no hubiera gente que estuvo en las filas del peronismo. Son unos estúpidos. Creen que así van a amedrentar a testigos”, lamentó.
El pedido de detención ocurre mientras Adorni suma cada vez más problemas y acumula dos meses de revelaciones que lo acorralan cada vez más, a pesar de que el Gobierno insista en sostenerlo en el cargo. De acuerdo con el expediente, el jefe de Gabinete acumuló en los últimos dos años y medio gastos y deudas por 840 mil dólares, con un sueldo que hasta comienzos de 2026 no superaba los 3 millones de pesos, lo que vuelve inviable ese nivel de vida.
Adorni está en la mira de la justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, que se investiga a partir de irregularidades en las siguientes compras de propiedades y viajes, incompatibles con su salario como funcionario público y sus bienes y ahorros declarados oficialmente ante la Oficina Anticorrupción desde que asumió como funcionario público.
Fuente: Página12
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