El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual argumentó que "el medio ambiente es un bien colectivo" y que por eso su protección "es un deber de todos los habitantes, también de los jueces que vivimos en él, sobre todo ponderando el rol que la sociedad exige a la judicatura moderna".
La Justicia santafesina rechazó un pedido de incompetencia contra Tribunal de Rosario que investiga posibles conductas delictivas durante los incendios en las islas del Paraná sucedidos a partir de 2020. El reclamo había sido solicitado por uno de los 19 productores agroganaderos involucrados en el expediente. Todos ellos fueron demandados por la Fiscalía Extra Penal de Rosario, que intenta definir la responsabilidad civil y extracontractual de los empresarios en las quemas de pastizales que, además de poner en riesgo el humedal, afectaron la salud de los rosarinos y hasta de los habitantes de VIctoria por la contaminación de la atmósfera con micropartículas fruto de la combustión vegetal extensiva.
El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario reafirmó la jurisdicción local en un extenso fallo de 58 páginas que firmaron Edgardo Bonomelli, Jorgelina Entrocasi y Fernando Bitetti, con la sola rúbrica en disidencia de Marcelo Quaglia. La Justicia rosarina, afirma el escrito, «actúa en protección de los derechos individuales homogéneos de los ciudadanos domiciliados en Rosario por los daños indirectos a su salud» que generaron las quemas.
El texto agrega que «el medio ambiente es un bien colectivo» y que por eso su protección «es un deber de todos y cada uno de los habitantes, también de los jueces que vivimos en él, sobre todo ponderando el rol que la sociedad exige a la judicatura moderna». Y concluye: «No podemos ser indiferentes a lo que acontece. Incluso en el marco de una cuestión estrictamente procesal como la resolución de competencia, cabe extremar la salvaguarda de derechos fundamentales como la defensa del medio ambiente».
Los camaristas respaldaron así la actuación de la Fiscalía Extrapenal del Distrito Judicial Nº 2, destacando su compromiso con la protección de los derechos individuales de los ciudadanos afectados por estos incidentes. Y reforzaron con citas a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce a las autoridades locales la facultad de aplicar medidas de protección ambiental para el bienestar de la comunidad. Sobre ese punto, añadieron que, en materia de competencia, “se tendrá por lugar de comisión del hecho el sitio donde se lesionaron los bienes individuales y se afectaron derechos individuales homogéneos, cual es el Distrito Judicial Nº 2 (de Rosario)».
La demanda de la Fiscalía Extrapenal de Rosario tiene como demandados, en carácter hasta el momento declarativo, a los productores Enzo Federico Vignale, Antonio Cayetano Gómez, Ramiro Javier Costa, Juan Leopoldo Sanaria, Sócrates Galindo, Laura Beatriz Becherucci, Luis Carlos Pérez, Jorge R. Casals Sociedad en Comandita por Acciones, Carlos Alberto Sidoti, Raúl Alvaro Morist y Rachinsky, Amelia Marta Barinotto, Esteban Ricardo Morist, Julián Marcelo Luraschi, José María Vicenti, Graciela Capone, Daniel Corvalan, David Sobrido, Mauricio Sobrido y Federico Patricio Muller. Todos ellos son personas físicas o jurídicas con domicilio en Rosario que tienen títulos registrales, poseen, son tenedores o propietarios dominiales de inmuebles en zona de islas bajo jurisdicción de los departamentos entrerrianos de de Victoria y Gualeguay en los que se registraron quemas entre 2020 y 2022.
La Fiscalía llegó a esos apellidos en base a un cruce de datos sobre informes pedidos a varias dependencias oficiales, como Catastro de Entre Ríos y el Juzgado Federal de Victoria.
La fiscal extrapenal María Laura Martínez considera que las islas del Delta Superior del río Paraná, frente a Rosario, «están siendo sometidas a un ecocidio» que, a la vez, genera perjuicios a los rosarinos por la contaminación del aire, dos ejes de una competencia que la Cámara avaló en su reciente fallo.
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