En el marco de la investigación contra Ariel Suppa, sindicado como jefe de una banda mayorista de droga, la Justicia Federal ordenó medidas en la desarrolladora Grupo Roma y el gremio de los recibidores de granos Urgara. El rol de las "narcoanotaciones" y el descargo de la firma inmobiliaria
La investigación sobre una de las estructuras de narcotráfico con mayor volumen de movimiento en la región sumó un nuevo capítulo administrativo y judicial. Bajo las órdenes del fiscal federal Juan Argibay Molina, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó esta semana órdenes de presentación en las oficinas de la firma Grupo Roma, en Puerto Norte, y en la sede local del sindicato Urgara, en busca de documentación sobre maniobras de lavado de activos.
La causa, caratulada como FRO 11201/2026, pone la lupa sobre el patrimonio de Ariel Fernando Suppa, detenido en noviembre pasado junto a otras 12 personas. Suppa está señalado como el organizador y financista de una banda que, según escuchas y «narcoanotaciones» secuestradas, llegó a mover 750 kilos de cocaína de máxima pureza en apenas dos meses y medio.
La PSA inició el despliegue buscando las oficinas de JR Negocios Inmobiliarios. Tras constatar que la firma ya no operaba en sus domicilios anteriores (Balcarce al 600 y Córdoba al 1400), los efectivos se dirigieron a Avenida Carballo 186, sede de Grupo Roma, donde se encontraría el registro de las operaciones en las que intervino la inmobiliaria buscada.
Simultáneamente, los federales arribaron a la sede de Urgara en San Lorenzo 2067. Allí, el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz, hizo entrega de dos boletos de compraventa que resultan de interés para los fiscales Andrés Carro Rey y Argibay Molina para reconstruir cómo la banda intentaba introducir el dinero narco en el mercado legal.
Tras el procedimiento, el titular de la desarrolladora, Pablo Cófano, emitió un comunicado aclarando que la medida no fue un allanamiento coactivo, sino una «orden de presentación» de documentación.
Desde la firma explicaron que la justicia requirió datos sobre la presunta compra de tres lotes por parte del imputado. «La desarrolladora vendió dos lotes en 2019 que cuentan con la debida justificación de fondos y trazabilidad UIF», señalaron. Respecto a la tercera operación, afirmaron que «nunca se concretó» y que se trató de una reserva realizada a través de una inmobiliaria externa sobre terrenos que ni siquiera eran propiedad de Grupo Roma.
La causa se originó en diciembre de 2024 a partir de denuncias por microtráfico en un búnker de calle Braille al 1400. Sin embargo, las escuchas telefónicas revelaron una estructura mucho más compleja que traía la droga desde Bermejo, Bolivia, por vía terrestre.
Para los fiscales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, los hermanos Suppa lideraban una célula mayorista que distribuía panes de cocaína a subdistribuidores locales. En los operativos de noviembre, donde se hallaron 52 kilos de cocaína en una vivienda de calle Vieytes, también se incautaron cuadernos con anotaciones que detallaban un flujo de abastecimiento descomunal para la ciudad de Rosario.
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