Así lo advierte un informe de Amnistía Internacional. Ciberpatrullas, represión digital, autocensura y temor
Un informe de Amnistía Internacional advierte que el gobierno nacional utiliza cada vez más tecnologías de vigilancia masiva sin los controles ni la transparencia necesaria. Desde diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo no solo desarrolló una estructura con reformas políticas en seguridad e inteligencia que no se debatieron en el Congreso, sino que también destinó un enorme presupuesto de millones de dólares para la adquisición de equipamiento y programas vinculados a reconocimiento facial y datos biométricos.
Lejos de representar una solución para tener un país “más seguro”, este sistema ayudó a profundizar estereotipos y estigmas en ciertos sectores de la población. En más de 30 meses de gestión, la represión digital y el aumento de la infraestructura con drones, cámaras y softwares tuvo efectos concretos: autocensura en redes sociales, moderación en el discurso y menor participación en manifestaciones.
“En Argentina, el uso extendido de herramientas de vigilancia en los espacios físicos y digitales está teniendo graves consecuencias sobre los derechos de las personas. Estas tecnologías se están consolidando como componentes centrales de un entramado de control estatal que busca desalentar la protesta, limitar las voces disidentes y someter a una mayor vigilancia a grupos históricamente marginados”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, en conferencia de prensa.
En el caso de las protestas en el Congreso, en Plaza de Mayo o en el Obelisco, los operativos cuentan con cada vez más herramientas de vigilancia, entre las que se destacan los drones y las cámaras móviles.
A su vez, estos equipos generan información que son procesadas en algunos casos en tiempo real. Gracias a la tecnología, las fuerzas de seguridad pueden desarrollar perfiles sobre los manifestantes y desplegar un sistema que atenta contra la privacidad de esas personas, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica.
En el plano digital, el Ejecutivo creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Entre otras tareas, tiene a cargo análisis de datos, monitoreo digital, reconocimiento facial y predicción del delito. Al mismo tiempo, la reforma del estatuto de la Policía Federal formalizó el monitoreo de redes sociales sin autorización judicial y estableció el ciberpatrullaje como función oficial.
“En conjunto, estas medidas configuran la expansión de capacidades estatales de monitoreo, la incorporación de tecnologías avanzadas y la ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas robustos, en un contexto de crecientes acciones estatales autoritarias orientadas al control y la disuasión de la protesta”, destaca el documento.
Más allá del discurso ligado a la seguridad, la implementación de esta estructura se explica a partir del programa económico que ejecuta el gobierno. Según un relevamiento de la organización Fundar, se perdieron más de 30 mil empresas desde que asumió Milei. En este aspecto, las que aún continúan operando (cerca de 481 mil) son menos de las que estaban registradas durante las restricciones sanitarias impuestas por el covid. Es decir, el panorama es peor al de la pandemia.
Además, bajo la premisa de que no hay plata, el gobierno lleva a cabo un ajuste sin precedentes en materia de educación, ciencia y tecnología. Ante este escenario, el gobierno opta por el control social, tanto en las calles como en las redes. En este aspecto, su política es efectiva. Las personas se autocensuran en el mundo virtual y en los espacios públicos, reducen su participación en las protestas por el miedo que genera el gobierno, y toman más precauciones para planificar actividades.
“Cuando las autoridades buscan eludir el escrutinio público, quienes cuestionan o exigen respuestas pueden convertirse en blanco de distintas formas de vigilancia, control y represión, profundizando prácticas de carácter autoritario”, subrayó Garcia Rey.
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