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Megaoperativo por intimidaciones al gobernador Maximiliano Pullaro: cinco personas demoradas

Este martes hubo unos 30 allanamientos en la ciudad y en la localidad de Puerto Gaboto donde los pesquisas incautaron una pistola calibre .380, municiones y celulares. Entre los apresados, hay dos mujeres que son allegadas al recluso Francisco "Fran" Riquelme

Cinco personas fueron demoradas este martes por la mañana tras una treintena de allanamientos que se llevaron a cabo en el marco de las intimidaciones que recibió el gobernador Maximiliano Pullaro desde su asunción. Los operativos fueron solicitados por los fiscales de la Unidad de Balaceras Pablo Socca y Federico Rébola debido a que en la mayoría de los casos las amenazas fueron plasmadas en papeles o cartones luego de que gatilleros dispararan contra alguna institución pública como escuelas, comisarías y centros de salud.

De acuerdo con fuentes relacionadas a la causa, los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Policía de Investigaciones (PD), quienes irrumpieron en domicilios, ubicados en Rosario y en Puerto Gaboto.

De acuerdo con la información preliminar, los pesquisas demoraron a cinco personas, entre ellas dos mujeres que son allegadas a Francisco “Fran” Riquelme, preso por múltiples causas de tentativa de homicidios y ordenar balaceras o ataques incendiarios. La última acusación que sumó Riquelme se conoció este lunes y fue por parte de la Justicia federal luego de que en diciembre pasado amenazara al alcaide de la cárcel federal de Ezeiza y destrozara el SUM  tras una sanción disciplinaria, lo que le valió no sólo el procesamiento sino también un embargo de 50 millones de pesos. Ahora está alojado en la cárcel federal de Marcos Paz.

Este martes, los uniformados tuvieron la colaboración del personal de los Grupos de Irrupción provinciales junto a los de la comisaría 12ª y 20ª donde secuestraron una pistola calibre .380, 17 celulares, municiones, algunos gramos de estrupefacientes y demás elementos de interés  para la investigación.

Voceros policiales indicaron que los procedimientos se llevaron a cabo en su mayoría en la ciudad y que sólo uno fue en la localidad de Puerto Gaboto, del departamento San Jerónimo. También trascendió que buscaban dar con el núcleo más cercano al líder banda criminal de zona noroeste.

«La investigación se puso en marcha en diciembre pasado, a raíz de los ataques a sedes bancarias, policiales y ministeriales, efectores públicos de salud, establecimientos educativos, como también ómnibus de líneas urbanas de transporte público de pasajeros. En todos los hechos de intimidación referidos dejaron notas amenazantes hacia el gobernador Pullaro», describieron voceros de la cartera de Seguridad.

En el fuero provincial, Riquelme había sido imputado el 10 de enero último por el fiscal Franco Carbone como instigador de la balacera contra la comisaría 19ª cometida el 27 de diciembre pasado y del ataque frustrado de una dupla en moto a una escuela de la zona noroeste.

A los cinco días y en el marco de la flamante ley de Microtráfico, la Justicia ordenó demoler dos propiedades, una de Riquelme y otra de uno de sus hermanos, en Felipe Moré al 600 bis, la cuadra que en esta jornada también hubo allanamientos.

Riquelme está detenido desde abril de 2020 por el ataque a balazos que sufrió Mariana Ortigala, la entonces testigo protegida en la causa por asociación ilícita del capo narco Esteban Alvarado, hoy condenado a prisión perpetua. Esta mujer, supo ser informante del fiscal Matías Edery y hoy está detenida por tentativa de extorsión y sospechada de ser testaferro de la banda rival: Los Monos.

Además, tiene una causa donde está sindicado como líder de una organización criminal dedicada a toda clase de delitos entre los que se incluyen el narcomenudeo que dominó hasta mediados de 2021 los barrios Ludueña, Empalme Graneros, Industrial y Larrea, de la zona noroeste.

Por esa fecha, Matías “Pino” César, lugarteniente de Los Monos, organizó desde la cárcel la toma de ese territorio a través de Mauro Gerez y Andy Benítez, lo que provocó violentos cruces que dejaron decenas de víctimas fatales y heridos.

A estas dos grandes imputaciones se suman las que acumuló en el último año por ordenar desde prisión ataques armados con notas amenazantes a comisarías y escuelas, algunas de las últimas dirigidas al gobernador de la provincia Maximiliano Pullaro.

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