Ciudad

Miles de mujeres y disidencias marcharon en Rosario a 11 años del primer Ni Una Menos

La movilización estuvo marcada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y por el reclamo por falta de respuestas ante los casos de violencia machista que continúan registrándose en todo el país

Miles de mujeres, integrantes de colectivos feministas y disidencias se movilizaron este miércoles por el centro de Rosario al cumplirse 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, en una jornada atravesada por los reclamos contra la violencia de género, los femicidios y el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas.

La convocatoria comenzó durante la tarde en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, desde donde una multitud avanzó por calle Santa Fe hasta la Plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación provincial. Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones que integran la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario.

Foto: Juan José García

La movilización, que sumó más de diez cuadras,  estuvo marcada por la reciente conmoción que generó el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y por el reclamo de respuestas ante los casos de violencia machista que continúan registrándose en todo el país. Durante el recorrido se observaron numerosas pancartas, banderas y consignas vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, además de críticas al gobierno nacional y a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Fotos: Martina Varela y Julia Elizalde

Participaron agrupaciones feministas, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas y de derechos humanos, además de vecinas y vecinos que se sumaron a la manifestación. La diversidad de sectores presentes volvió a reflejar el carácter transversal que caracteriza a las marchas de Ni Una Menos desde su nacimiento en 2015.

Foto: Juan José García

La marcha conmemoró el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, impulsado tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en la localidad santafesina de Rufino. Once años después de aquella primera convocatoria multitudinaria, las organizaciones insistieron en que persisten numerosas demandas sin resolver y renovaron el pedido de acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia de género.

Foto: Juan José García

El acto concluyó en Plaza San Martín con la lectura de un documento conjunto en el que se reclamó por una justicia con perspectiva de género, el fortalecimiento de las políticas de asistencia y prevención, y medidas urgentes frente a los femicidios y las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Foto: Martina Varela y Julia Elizalde

La movilización culminó frente a Gobernación con la lectura de un extenso y crítico documento consensuado por las organizaciones locales. La proclama apuntó directo contra el plan de gobierno del presidente Javier Milei.

Además, apuntaron contra la Casa Rosada por la proliferación de discursos oficiales que consideran «misóginos y heterosexistas»: “La falta de Estado aumenta las violencias y más aún cuando desde la misma presidencia se instalan diariamente discursos de odio incitando a quienes se sienten plenamente habilitados para abusar y asesinar”.

Las cifras locales y nacionales expuestas en la bandera principal conmovieron a los presentes: entre 2015 y 2026 se registraron 3.265 femicidios en Argentina. «Este 3J tenemos más de 140 nombres nuevos en la bandera que recuerda a las víctimas, perpetrados apenas entre noviembre de 2025 y mayo de 2026», detallaron. Entre las exigencias de justicia, se destacaron los pedidos por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y el reclamo de condena firme por el triple lesbofemicidio de Barracas ocurrido en 2024.

El texto tuvo un fuerte anclaje en la realidad política santafesina. Las organizaciones repudiaron la reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, calificándola de «anticonstitucional y de ataque significativo a derechos adquiridos», y denunciaron un «ensañamiento» con los trabajadores estatales, docentes y profesionales de la salud.

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