Neuquén: solicitan juicio por crímenes de lesa humanidad

Demanda humana. El fiscal general a cargo de la Unidad que interviene en juicios por crímenes del terrorismo de Estado en Neuquén, Miguel Ángel Palazzani, requirió la elevación a juicio de la causa que tiene 18 acusados –ex miembros del Ejército de Neuquén y Bahía Blanca, y de las policías neuquina y rionegrina– por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 20 personas, ocho de las cuales permanecen desaparecidas.

Los casos tienen como común denominador que los secuestros se produjeron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y que las víctimas fueron trasladadas vía aérea al centro clandestino de detención (CCD) del V Cuerpo del Ejército La Escuelita, en Bahía Blanca.

El requerimiento de elevación a juicio fue formulado el pasado 22 de febrero pasado por Palazzani ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villena.

En el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) trabajaron, junto al fiscal Palazzani, Jorgelina Dalessandro, Gabriela Schumacher y David Maestre.

La acusación fiscal puso de relieve que las víctimas comprendidas en este tramo elevado a juicio tenían relación entre sí por la militancia política y estudiantil y también por participar de actividades artísticas conocidas en la región.

A su vez, todos estos casos presentan como dato común que corresponden a las primeras denuncias radicadas por los familiares ante el Poder Judicial.

Las víctimas fueron trasladadas de Neuquén a Bahía Blanca en tres vuelos el 10, 15 y 16 de junio de 1976.

El análisis de las pruebas derivó en la acusación al ex aviador militar Juan José Capella como el piloto que actuó en los viajes.

Entre los acusados están las autoridades del comando de la VI Brigada de Montaña de Neuquén: el ex jefe de Personal, Luis Alberto Farías Barrera (87 años); el ex jefe de Inteligencia, Oscar Lorenzo Reinhold (82), y el jefe de Operaciones, Juan Manuel Bayón (90).

La Fiscalía los acusó porque aquella unidad fue la sede del Comando de Subzona militar 52 y “los imputados desde allí tuvieron bajo dominio la ejecución de los ilícitos ocurridos en territorio de Neuquén y Río Negro, como así también fueron quienes aseguraron los traslados de las víctimas a la ciudad de Bahía Blanca”.

También integran la nómina de acusados los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén, los ex capitanes Jorge Eduardo Molina Ezcurra (72), Sergio Adolfo San Martín (76) y Jorge Héctor Di Pasquale (69), y el ex agente civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti (65).

Además, irán a juicio oral el ex el segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza (80), y el ex inspector de esa fuerza Miguel Ángel Cancrini (71); el ex jefe de la Policía neuquina, entonces teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa (85); el ex agente de esa policía Amador Luengo (79); el ex comisario principal en la Unidad 25 de Cinco Saltos, Río Negro, Desiderio Penchulef (87), y el ex oficial ayudante de la Unidad 24 de Cipolletti Gerónimo Enerio Huircain (62).

A todos ellos la Fiscalía los considera partícipes en los secuestros, en la aplicación de tormentos y agresiones a la integridad sexual de una de las víctimas en el período previo a los traslados a Bahía Blanca.

Asimismo, están acusados el ex jefe de la División Interior del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo del Ejército, Walter Bartolomé Tejada (87), los ex capitanes del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, Norberto Eduardo Condal (73), Jorge Horacio Granada (71), y Carlos Alberto Taffarel (69) y el el ex piloto aviador del Ejército Juan José Capella (72), quienes deberán responder por “su contribución en el tramo vivido por las víctimas en el CCD La Escuelita de Bahía Blanca”.

Los vuelos

La Fiscalía refirió en el requerimiento de elevación a juicio que “a partir de la reconstrucción de los sucesos acaecidos en base a las pruebas colectadas, se logró erigir que la totalidad de las víctimas –luego de su detención– fueron trasladadas a la localidad de Bahía Blanca” separadas en tres grupos enviados en tres vuelos el 10, el 15 y el 16 de junio de 1976.

El MPF concluyó que esos trayectos fueron piloteados por el aviador del Ejército Juan José Capella.

“Si se practica una correlación entre la información que surge del registro de detenidos de la Unidad N° 9 de Neuquén, el registro de vuelos del aeropuerto de Neuquén, los testimonios de las víctimas y el legajo personal de Capella, puede concluirse que los traslados de las víctimas de estos autos desde el aeropuerto de Neuquén hasta la ciudad de Bahía Blanca fueron realizados en vuelos piloteados por el imputado Capella, con lo que cabe establecer su responsabilidad como partícipe de los hechos que perjudicaron a las víctimas de esta causa”, señaló el fiscal Palazzani en la presentación.

En otros puntos del extenso requerimiento, la Fiscalía recorrió los testimonios de las víctimas sobrevivientes que individualizan a los ex miembros de la inteligencia castrense y a los ex policías acusados en los secuestros y en los interrogatorios.

El ex agente neuquino Amador Luengo fue reconocido por una mujer, de entonces 16 años, que lo identificó como el autor de uno de los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en la comisaría cuarta.

Las víctimas comprendidas en este tramo elevado a juicio tenían relación entre sí por la militancia política y estudiantil y también por participar de actividades artísticas conocidas en la región.

Plan sistemático

La Fiscalía calificó los delitos por los que se acusa a los ex militares y policías, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados, violación y abuso sexual, como crímenes de lesa humanidad.

En efecto, “las conductas cuyo juzgamiento oral se requiere por el presente fueron cometidas en el contexto temporal y espacial correspondiente a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal perpetrado en la República Argentina entre los años 1975 y 1983 por las Fuerzas Armadas, con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad y sectores de la sociedad civil”, señaló en el requerimiento de elevación a juicio.

«El plan criminal –prosiguió– fue ejecutado a través de un aparato de poder paralelo al formal, basado en la estructura militar ya montada de antemano, y consistió en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, a través de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución fundada en motivos políticos, violaciones, abusos y desaparición forzada o matanza de personas».