El gobierno de Javier Milei decidió, por el momento, no avanzar con la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, conocida como Ley de Precio Fijo. La decisión fue confirmada por el Presidente, quien aseguró que existe “perfecta consonancia” dentro del equipo y que la agenda legislativa se define en la mesa política.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, buscaba eliminar la obligación de vender los libros al precio fijado por las editoriales para permitir una mayor competencia, descuentos y promociones. Desde el Gobierno sostienen que la medida permitiría bajar los precios y hacer los libros más accesibles.
Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo en parte del sector editorial y librero, que advierte que la eliminación del precio fijo podría favorecer a las grandes cadenas mediante estrategias de dumping, perjudicar a las librerías independientes y reducir la diversidad de títulos disponibles.
Patricia Bullrich señaló que el oficialismo busca avanzar actualmente con “medidas más estructurales” y que las farmacias y librerías “no lo son”, por lo que la iniciativa quedó fuera de la agenda legislativa. No obstante, desde el Ministerio de Desregulación aclararon que “no hay nada definido” y que la norma simplemente no forma parte de ningún proyecto que pueda debatirse actualmente en el Congreso.
En paralelo, representantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes expusieron ante Diputados su rechazo a la reforma. Entre sus argumentos, mencionaron el caso de Inglaterra, donde, según señalaron, la desregulación habría provocado el cierre de unas 500 librerías, una caída de la participación de los comercios pequeños y un aumento general del precio de los libros, salvo en los títulos más vendidos.
