"Es hoy una herramienta fundamental para evitar que las familias pierdan su hogar y aumentos unilaterales e indiscriminados", dijeron desde la Federación de Inquilinos Nacional. En tanto que este martes comienza a debatirse en comisión en el Senado una serie de proyectos referidos a alquileres
La Federación de Inquilinos Nacional consideró este lunes que es necesario que el decreto 320/20 que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres se extienda hasta marzo de 2021 y que se discuta una ley de alquileres «que solucione el problema del acceso a la vivienda en Argentina».
«El decreto 320/20 que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres es hoy una herramienta fundamental para evitar que las familias pierdan su hogar y aumentos unilaterales e indiscriminados», señaló la Federación en un comunicado.
En el mismo, afirmó que «a partir de la enorme crisis económica la situación de los 9 millones de inquilinos e inquilinas del país se ha agravado profundamente».
«Por eso –agregó– pedimos que el decreto se extienda hasta marzo de 2021 y que se discuta una ley de alquileres que realmente solucione el problema del acceso a la vivienda en Argentina».
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación, señaló que “ante situaciones de emergencia hay que tomar medidas de emergencia. La extensión del decreto es fundamental».
«El mercado inmobiliario tiene que tener, por primera vez, una actitud comprensiva y dejar de hacer lobby en contra de la dignidad de las familias inquilinas. Esperamos que mañana haya dictamen. Con respecto a la ley de alquileres, es necesario mejorarla, lograr que sea una ley para los tiempos que corren”, concluyó.
La comisión de Legislación General del Senado de la Nación se reunirá este martes con el objetivo de debatir una serie de proyectos de ley, entre los que figura la modificación al Código Civil y Comercial respecto a los contratos de alquiler.
La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado, establece, entre sus puntos más importantes la extensión del plazo de los contratos de dos a tres años y un nuevo mecanismo de actualización anual (en lugar de semestral), que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.
En ese sentido, se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
La reunión de la comisión, que encabeza la senadora por Corrientes Ana Almirón (Frente de Todos), se llevará a cabo mediante videoconferencia el martes desde las 15.
Además del proyecto venido en revisión de Diputados, los senadores tendrán a la vista una iniciativa presentada por la oficialista rionegrina Silvina García Larraburu; así como otro cuya autoría pertenece a los ex legisladores Magdalena Odarda y Fernando «Pino» Solanas, sobre «Defensa de las Inquilinas e Inquilinos».
Además, los integrantes de la comisión de Legislación General intentarán darle dictamen a un proyecto presentado por el oficialista Oscar Parrilli, que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), regulado en el título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.
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