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Primera infancia: cuando el Estado nacional se retira, municipios de Santa Fe perfeccionan políticas para llegar antes de que se vulneren derechos

Con la colaboración de especialistas como la socióloga y magister en política pública Vanesa D’Alessandre, la Defensoría de de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe articula el fortalecimiento de las programas y servicios ya existentes en los gobiernos locales para detectar indicios de riesgo que permitan actuar a tiempo. Eso, junto con la puesta en diálogo de la información que construyen las escuelas, centros de salud, comedores y organizaciones sociales en contacto directo con las familias

La primera infancia va desde el embarazo hasta el quinto año de vida. Cómo un niño o niña transita ese período condiciona el resto de su existencia. Que sea lo mejor posible y con respeto por sus derechos a la alimentación, la educación y el afecto, ¿es responsabilidad de las familias o también, y cada vez más, de la sociedad en su conjunto a través del Estado en todos sus niveles?

En situaciones socioeconómicas adversas como la actual, la respuesta parece obvia. Pero no lo es, por ejemplo, para la gestión nacional libertaria que recorta presupuesto, dispositivos públicos y personal. Allí es donde asumen mayor protagonismo las administraciones provinciales y, sobre todo, locales. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe articula un programa de fortalecimiento de las políticas que ya tienen en marcha numerosos municipios de la bota. En algunos casos, desde hace varios años. Por esa tarea, estuvo en Rosario Vanesa D’Alessandre, licenciada y doctoranda en Sociología y magister en Política pública y desarrollo humano.

En conversación con El Ciudadano, D’Alessandre describió los temas en los que asesora a la Defensoría como integrante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Poner en comunicación las experiencias adquiridas por las municipalidades, profundizar el «diálogo» inteligente entre las bases de datos construidas por los efectores de salud, las instituciones educativas, las áreas que atienden la situación económica de las familias, permite acumular conocimientos críticos y darle sentido a estadísticas que por sí solas y aisladas dicen poco. A eso se agrega la experiencia del contacto directo en el territorio de los clubes, iglesias, comedores comunitarios y organizaciones barriales, entre otras instancias. Ese procesamiento de la información es lo que se necesita para diseñar y poner en práctica intervenciones integrales en lugar de sectorizadas. Sostenidas en el tiempo. en vez de puntuales. Y preventivas mejor que contenedoras de daños.

 

Hay que hacer pese a todo, y se está haciendo

Es que esa información interconectada y procesada habilita además el trabajo en base al concepto de alertas tempranas. Un indicio detectado por una docente en la escuela, poco relevante tomado aisladamente, si se lo relaciona con otro del hospital y con información sobre cómo y dónde vive la familia de ese alumno o alumna puede transformarse en evidencia de un problema antes de que sus consecuencias sean difíciles de revertir. De lo que se trata es de llegar a tiempo, antes de que haya una vulneración de derechos con consecuencias graves.

El momento no es el mejor, y por eso la necesidad de profunizar un trabajo que ya se viene haciendo. «Lo que vemos es un deterioro de lo que llamamos la trama de crianza de los chicos. Particularmente en las familias, porque sus condiciones de empleo, de ingresos, de cuidado son sumamente adversas», traza el panorama D’Alessandre.

Lo que no cabe es la resignación, aclara la especialista del Cippec. «Lo que sabemos es que tenemos que hacer, apostar a que siempre algo se puede hacer para mejorar la situación de las familias que están criando y de los chicos y chicas y adolescentes. En este caso, los más chiquitos, de la primera infancia». Y agrega en el mismo sentido que «justamente, como hay una retirada de las políticas nacionales, lo que en los niveles local y provincial implica una fuente de recursos importante que ya no existe, hay que fortalecer donde todavía hay políticas, que es precisamente en el nivel local y provincial».

El proceso ya tiene un largo recorrido. Desde la Defensoría mencionan entre otros ejemplos el de San Justo, con sus programas y servicios asentados. Lo mismo con Firmat y Venado Tuerto. De larga data. Y es que, dice D’Alessandre, «la política para primera infancia es la más vieja, es el origen de la política social, por lo cual todos los municipios las tienen, aunque algunos de ellos no lo saben». Nace presisamente desde el momento en que hay un sistema de salud que atiende los embarazos, y luego los controles de los niños y niñas.

Más allá de esta coyuntura que obliga a redoblar intervenciones y sortear deficiencias presupuestarias por el retiro de la Nación, sigue la especialista, «el nivel local es el lugar en donde la política se encuentra con las familias, cosa que no pasa en los otros niveles administrativos».

Insiste en que allí, en los municipios y comunas, «suceden muchas más cosas de las que a veces creemos que suceden. Hay una diversidad enorme de situaciones, pero hay municipios que tienen muchos avances en términos de políticas para para la primera infancia». Desde la Defensoria, María Victoria Rey aporta que, con la asistencia de profesionales como D’Alessandre, brindan asistencia técnica a los gobiernos locales que lo soliciten. Y los vinculan para que potencien sus experiencias.

 

Llegar antes

Lo que además procura la Defensoría, sigue Rey, es sistematizar el conocimiento acumulado de las experiencias en base a una recolección inteligente de datos que permitan poder anticiparse a situaciones de riesgo que pueden desencadenar más adelante una vulneración de derechos.

Es compartir información en forma inteligente actuar a tiempo: «Un chico que aparece en el sistema de salud porque se les hicieron los controles, pero no en la sala de cinco que es obligatoria. ¿Qué pasó ahí? O está faltando mucho. O una familia que se quedó sin trabajo y está pasando una situación de ingresos preocupante», baja a tierra D’Alessandre esa dinámica con ejemplos. Y en cada caso, una solución, que dependerá de diferentes áreas. Por ejemplo, activar un apoyo económico a través de planes ya existentes.

«Poder verlo para anticipar situaciones de riesgo que pueden terminar en vulneración de derechos», resume.

«Lo que estamos tratando de hacer es justamente fortalecer lo existente para que esas situaciones ni siquiera empiecen a producirse, en lugar de que el abordaje surja en el servicio local cuando ya tenés el problema», refuerza D’Alessandre.

Un próximo paso será la capacitación de los agentes que, en diferentes áreas, están en contacto directo con las familias y los niños y niñas. En el sistema educativo, en el de salud, «para que los casos no lleguen cuando ya están muy avanzados».

Rey agrega: «Esta asistencia técnica que estamos promoviendo en el marco de la consolidación de sistemas de apoyo a la crianza, se trata justamente de introducir tecnologías de gobierno, de política muy concretas para fortalecer los mecanismos de articulación para la detección temprana».

Es, señala, «poner a las familias en el centro, para que todos los efectores estén mirando a esos chicos mientras transitan por su primera infancia, afinar qué es lo que tiene que hacer el sistema de salud, el educativo, si lo está haciendo o si hay que cambiar».

 

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