“Los lápices seguimos escribiendo” es una actividad que través del teatro, el archivo histórico y testimonios reales recupera las voces de las juventudes perseguidas en Rosario por su militancia política, social y estudiantil, reconociendo a las y los jóvenes de hoy como actores fundamentales en la defensa de la democracia.

Se trata de un recorrido inmersivo donde conviven cuatro monólogos teatrales en distintas estaciones narrativas. Cada participante elige qué historia quiere acompañar. La entrada es gratuita pero requiere inscripción previa. Hay funciones especiales para escuelas, organizaciones sociales y público en general.

¿Cómo anotarse? 

Enviando un correo a sadasd@gmail.com. Se realiza 1 función por turno, si se quiere ver las demás historias del ciclo, se debe solicitar otro turno.

Es en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Todavía no hay horario confirmado, pero las fechas son:

• 24 de septiembre y 1 de octubre: Educación. Funciones para escuelas
• 25 de septiembre y 2 de octubre: Articulación Territorial. Funciones para instituciones/organizaciones
• 26 de septiembre y 3 de octubre: Público general

Qué pasó en La Noche de los Lápices

Fue un operativo de secuestro y desaparición forzada de estudiantes secundarios ocurrido entre la noche del 16 de septiembre de 1976 y los días posteriores en la ciudad de La Plata. Las víctimas tenían entre 16 y 18 años, la mayoría militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) aunque también en otras organizaciones política-estudiantiles.

Desaparecieron a cinco: María Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), Claudio de Acha (17 años), Horacio Ángel Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años) y María Clara Ciocchini (18 años). Los sobrevivientes, quienes siguen promoviendo la verdad de los hechos hasta el día de hoy, son: Pablo Díaz, Emilce Moler, Gustavo Calotti y Patricia Miranda.

La entrada Abrieron las inscripciones para un ciclo de microteatro en el Museo de la Memoria se publicó primero en El Ciudadano.

La actividad se desarrollará en el marco de La Noche de los Lápices y a 50 años del Golpe de Estado de 1976, y tendrá como eje la construcción de una memoria activa en el presente. A través del arte, la cultura y las nuevas tecnologías, se buscará recuperar historias y voces del pasado y generar espacios para recordar, preguntar, crear, intervenir y compartir.

Durante la jornada se presentarán distintas propuestas. Como instancia inicial, se podrá disfrutar de “Deshábita”, una obra de circo que aborda la memoria desde el lenguaje escénico. También habrá cápsulas sonoras y podcasts con relatos y contenidos producidos especialmente para la actividad, junto con el videojuego “Vigilia-Memoria”, una experiencia interactiva que propone acercarse a la temática desde nuevos lenguajes.

Además, se desarrollarán propuestas de ilustración y producción gráfica colectiva, con actividades de cartelería y serigrafía.

Uno de los momentos centrales será una intervención teatral participativa, en la que jóvenes recorrerán el espacio en busca de personas secuestradas y desaparecidas a través de sus fotografías, para luego incorporarlas a una instalación colectiva. La propuesta permitirá poner en escena la ausencia y recuperar las historias de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La jornada contará también con la instalación “Construimos Memoria”, compuesta por andamios, bancos y fotografías que se irán transformando a partir de las intervenciones de quienes participen, construyendo colectivamente una mirada sobre la memoria.

En el óvalo de Puerto Joven se desarrollará una intervención artística con ensamble, percusión y capoeira, con tambores y candombes, como expresión de encuentro, participación y construcción colectiva.

La entrada A 50 años de La Noche de los Lápices, jóvenes se reúnen para construir memoria se publicó primero en El Ciudadano.

Por un lado, este lunes se llevó a cabo el acto de reparación en las facultades de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y de Odontología. Durante la ceremonia, se restituyeron los legajos de María del Rosario “Charo” Spetale y Constantino Razzetti, integrantes de las comunidades educativas de ambas casas de estudio y víctimas de la represión estatal durante el preludio y el desarrollo de la última dictadura.

Asimismo, se descubrió una placa conmemorativa con sus nombres en el hall de ingreso de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (Suipacha 531) para señalizar de forma permanente la memoria en el espacio universitario.

Dando continuidad a esta agenda de memoria activa, el Área de Derechos Humanos y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR convocan a la comunidad al acto de Restitución de Legajos que se realizará este próximo lunes a las 17 en el SUM Aulario CUR (Riobamba 250 bis).

La UNR restituyó el legajo de 22 estudiantes desaparecidos del Superior de Comercio

Durante esta nueva jornada se hará entrega formal de los legajos pertenecientes a los estudiantes, graduados, docentes y nodocentes Eduardo Julio Bracaccini, Isabel Ángela Carlucci, Nelly Noemí Enatarriaga, Jesús José García, Eduardo Héctor Garat, María Sol Pérez y Enzo Rafael Domingo Zunino.

Además, se entregará una producción académica a los familiares de María Rosa Quintans, graduada de Trabajo Social y ex presa política, y se llevará adelante el desagravio institucional ante las cesantías arbitrarias de Susana B. Frutos y Víctor Aliprandi, docentes de la Licenciatura en Comunicación Social.

El encuentro concluirá con la inauguración del Corredor de la Memoria dentro de la facultad, donde se descubrirá una placa en homenaje a quienes formaron parte de la institución.

La entrada La UNR avanza en la restitución de legajos de desaparecidos se publicó primero en El Ciudadano.

La propuesta también se suma a la agenda de actividades de Septiembre Vibra Joven, el objetivo es que los participantes expresen su mirada sobre Memoria y Democracia a través del arte. Además, todas las personas que participen (hayan sido seleccionadas o no) serán invitadas a una clase magistral gratuita de dibujo e historieta con un/a profesional del medio.

La inscripción abrió el pasado 27 de agosto y los participantes podrán postular hasta el 10 de septiembre. Aquí se pueden ver las Bases y condiciones, entre las que se destacan: los menores de 18 años requieren autorización previa de un adulto/a responsable y se puede postular 1 sola obra por participante (original, inédita y no haber sido premiada antes).

El tema «Memoria y democracia» contempla todo lo vinculado al universo de los derechos humanos, participación juvenil, identidades, memoria colectiva.

Para participar se debe enviar la obra por correo electrónico a convocatoriapuertojoven@gmail.com adjuntando el cómic en formato PDF o JPG de buena calidad, e incluyendo los siguientes datos: Nombre y apellido; DNI; Fecha de nacimiento; Teléfono de contacto; Dirección particular.

Las obras seleccionadas se expondrán en Puerto Joven y podrán ser publicadas como parte de un libro/fanzine impreso recopilatorio.

La entrada Dibujando Memoria: abrieron un Concurso de Cómic 2026 para jóvenes se publicó primero en El Ciudadano.

Los jueces Daniel Obligado y Germán Castelli y la jueza Adriana Palliotti declararon que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad. Sánchez fue considerado coautor del delito de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada —por haber sido cometido por un funcionario público, por mediar violencia y amenazas y por su duración superior a un mes—, reiterado en 178 hechos ocurridos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, cometidos entre diciembre de 1976 y diciembre de 1978. Entre las víctimas se cuentan 19 casos vinculados a la búsqueda de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano)

Entre las víctimas se encuentran el reconocido periodista Rodolfo Walsh, quien fue secuestrado el 25 de marzo de 1977, un día después de publicar «Carta abierta a la Junta Militar», un texto-denuncia con una abrumadora cantidad de datos sobre la represión ilegal y las consecuencias de las políticas del gobierno de facto. También está el caso de Norma Arrostito, la única mujer que formó parte de la cúpula de Montoneros.

La ESMA fue el campo de concentración más grande del país, estuvieron secuestradas al menos cinco mil personas. La mayoría no sobrevivió. Funcionó durante los siete años que duró el gobierno militar.

El dictamen judicial se dio en concordancia con los límites fijados para el juzgamiento por la Sala 1ª del Supremo Tribunal Federal de la República Federativa de Brasil, país que concedió su extradición en 2020 únicamente por el delito de privación ilegítima de la libertad en calidad de delito continuado. Sánchez se mantuvo prófugo de la justicia argentina desde 2005, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 declaró su rebeldía. En 2011 fue ubicado en Brasil por Interpol, detenido en 2013 y liberado en 2016 tras solicitar refugio, hasta que finalmente fue aprehendido y extraditado en mayo de 2020.

Peticiones de las partes y rol imputado

Durante el debate oral, la fiscalía —representada por el fiscal Félix Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y la auxiliar fiscal Marcela Obetko— había solicitado la pena de 25 años de prisión. Mismo monto de pena exigió la querella unificada integrada por el CELS y el abogado Pablo Llonto, así como la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse (representada por los abogados Ariel Noli y Adrián Krmpotic), quienes postularon que los actos debían encuadrarse como delito de genocidio.

Por su parte, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo reclamó que se estableciera expresamente que los hechos cometidos contra las mujeres constituyeron una forma específica de violencia por su condición de tales, en los términos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la legislación vigente en materia de parto humanizado y protección integral.

Según se probó durante el juicio a partir de la declaración de más de 30 testigos e información documental de la Armada, Sánchez se desempeñó en el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval, actuó como enlace entre dicha fuerza y la Armada entre 1976 y 1978, y cumplió funciones en el sector Operaciones dentro de la ESMA. Diversas víctimas y sobrevivientes testificaron haberlo visto circular por dependencias del Casino de Oficiales como “Capucha”, “Capuchita”, el sótano y el sector denominado “El Dorado”. Se le atribuyó la participación directa en operativos de secuestro, la realización de interrogatorios bajo tortura, tareas de control de los secuestrados en salidas ordenadas por el grupo operativo y la transmisión de información a los cautivos referente a la metodología de los «vuelos de la muerte».

Situación de detención

El Tribunal Oral Federal N° 5 no modificó la condición de detención del imputado requerida por las querellas, por lo que Gonzalo Sánchez continuará privado de su libertad en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumple funciones como pastor evangélico de otros represores alojados en el mismo establecimiento.

La lectura de los fundamentos completos del veredicto quedó fijada por el tribunal para el próximo 22 de octubre.

La entrada Condenaron a Gonzalo “Chispa” Sánchez, represor responsable del secuestro de Rodolfo Walsh, Norma Arrostito y 176 personas más se publicó primero en El Ciudadano.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano)

El juicio había empezado el pasado 5 de mayo. Se trata de la segunda elevación de esta causa, cuya primera sentencia fue en 2021. Lo singular de este juicio es que la mayoría de las víctimas tenía entre 1 y 14 años cuando ocurrieron los crímenes entre febrero y mayo de 1980: en algunos casos, cuando sus padres fueron secuestrados quedaron solos, sin ningún adulto a cargo; en otros fueron secuestrados junto a ellos y fueron llevados a centros clandestinos de detención.

El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva

Los cuatro acusados recibieron condenas por invasión de la propiedad privada, secuestros, torturas y abandono de persona. Además, a Brusa se lo condenó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en documento público. Se pueden resumir así:

• Antonio Parvellotti, subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe, recibió una pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua. 
• Víctor Brusa, entonces secretario de juzgado y luego, en democracia juez federal, recibió una pena de 14 años que se unificó a las que ya había recibido en 2014, 2017 y 2022, por lo que tiene una condena de 25 años de prisión, además de inhabilitación absoluta y perpetua. 
• Oscar Alberto Cayetano Valdéz, abogado y policía, recibió una pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. 
• Eduardo Enrique Riuli, exoficial ayudante de la División de Informaciones D-2: recibió 15 años de prisión pero por la sentencia recibida en 2021 se unificaron las penas y terminó con 18 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

Había un acusado más, Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, pero falleció antes de llegar al juicio. Parvellotti es el único que no tenía ninguna condena de este tipo hasta ahora. Los demás sí y todos estaban cumpliendo sus penas con la modalidad de prisión domiciliaria. El Tribunal determinó que se continuará con esta modalidad. 

Empieza el juicio Laguna Paiva II: por primera vez en Argentina se investiga el abandono de niños durante la dictadura

La querella representada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) hará un planteo a través de sus peritos para revisar esa modalidad y solicitar la cárcel común en caso de que encuentren que los condenados estén en condiciones de cumplir su pena así, “cumpliendo los compromisos internacionales que tiene Argentina”.

Además, los jueces consideraron que todos estos delitos mencionados configuran delitos de lesa humanidad.

El Tribunal integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, comunicó que dará a conocer los fundamentos el próximo 7 de septiembre a las 12. 

El fiscal a cargo es Martín Suárez Faisal.

Sobre el caso

En el primer juicio por estos crímenes, que terminó en 2021, se investigó la persecución y secuestro contra 11 trabajadores del frigorífico de Nelson, una localidad a 11 kilómetros de Laguna Paiva. Ni los sobrevivientes ni las querellas quedaron conformes con los resultados del primer juicio, pero redoblaron la apuesta con este nuevo juicio.

En los setenta hubo un fuerte proceso de sindicalización del frigorífico mencionado, que se cortó de cuajo con el asalto al Estado producido el 24 de marzo de 1976 por las tres Fuerzas Armadas.

Catalino Páez fue reconocido como el líder de aquel sindicato. También era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Con el golpe, empezó junto a su familia un exilio interno por distintas localidades de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, como método de escondite frente a la represión ilegal.

Sin embargo, policías de Santa Fe montaron un enorme operativo para encontrarlo y para hacerlo atacaron a su familia entera: a su esposa, hijos, hermanos, cuñados, sobrinos. Todos cayeron en las garras de los represores.

Por eso Federico Pagliero, abogado querellante e integrante de Apdh, dijo este viernes después del veredicto: “Estamos todos muy contentos. Hoy es un día donde el mundo es un poco más justo. Con una sentencia que marca un precedente a nivel nacional, siendo la primera vez que se hace lugar a reconocer el abandono a las infancias como delitos de lesa humanidad. Y quiero señalar que los hijos y sobrinas que eran infancias y fueron víctimas, son hijos y sobrinos de obreros. Lo que hicieron fue un ataque sistemático contra todo un grupo familiar por la militancia de los obreros del frigorífico de Nelson”.

En ese sentido, agradeció la insistencia y el trabajo justamente de aquellos trabajadores que impulsaron la causa en 2014, cuando empezó este camino que hoy se cierra. En aquel juicio, declararon todos estos hombres y mujeres que eran niños cuando ocurrieron los hechos. Esos testimonios fueron fundamentales para esta segunda parte.

“Esto significa una gran reparación para las víctimas y sobrevivientes que pueden levantar la cabeza después de tantos años de impunidad. La dignidad la tienen recuperada, hoy fueron abrazados por muchas personas”, dijo Pagliero a este medio.

Hoy la puerta del Tribunal ubicado en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo, en pleno centro santafesino, estuvo repleta de partidos y sindicatos que acompañaron la lectura del veredicto. También estuvieron presentes organismos de derechos humanos que trabajaron mucho por esta sentencia, como Apdh y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia. 

Cuando terminó la lectura del fallo, Pagliero fue uno de los que tomó el micrófono frente a la multitud. También lo hicieron funcionarios provinciales que acompañaron el proceso: el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; y el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Cruz Giménez. Todo esto pudo seguirse en vivo gracias a la transmisión de La Retaguardia.

Uno de los primeros en hablar fue Mario Páez. Él tenía 14 años cuando lo secuestraron junto a su padre, Catalino, y su madre Juana Medina, embarazada de tres meses. Con templanza y con mucha emoción agradeció a todos y dijo que todos los suyos están “endeudados para siempre” con los organismos y todas las personas que los ayudaron.

Mario fue uno de los grandes impulsores de esta causa, uno de los que compartió la importancia de dar esta pelea en el plano judicial. Su caso fue el único, de todas las víctimas menores de edad, que entró en el primer juicio. En este también entró porque se juzgó a nuevos acusados por esos crímenes.

En esta investigación, publicada en marzo de este año en El Ciudadano, están los detalles de esta compleja y cruenta historia que tiene muchísimas víctimas y victimarios y que incluyen muchas localidades:  Santa Fe, Laguna Paiva, Esteban Rams y Esperanza (de la provincia de Santa Fe) y Lima (Buenos Aires).

También habló Juan Carlos Sánchez, uno de los trabajadores sobrevivientes: “Estoy muy orgulloso, gracias por su compañía”. Agradeció con nombre propio a varias personas presentes. También habló de la coyuntura actual, de que no hay trabajo, que hay que luchar. “Como dijo Mao Tse-tung: cuando el pueblo esté bien organizado, el hombre se tiene que mover como un pez en el agua”. Y al cierre de su intervención dijo: “Soy hijo de padres que no sabían leer, no me enseñaron a luchar, me enseñó a luchar la vida y por la vida voy a morir”.

De la familia Páez también hablaron los dos más chicos: “Pato”, quien tenía un año y medio cuando quedó al cuidado de sus hermanos pequeños, y María, que estaba en la panza de Juana cuando fue secuestrada.

Ambos se mostraron muy movilizados, también agradecieron el acompañamiento de todos en este juicio. María contó: “Me convertí en la vocera de mi madre (Juana) y mi hermana (Mónica). Gracias a ellas pudimos reconstruir los más chicos nuestra historia. La parte horrible de nuestra historia que hoy por fin tiene una sentencia que esperamos muchísimos años”. Dijo que las mujeres de su familia le enseñaron a ser fuerte y valiente.

Lo que sigue

Este es un fragmento de la nota publicada en marzo, que refiera a otras instancias judiciales donde los niños y niñas fueron víctimas del terrorismo de Estado. El fallo de este viernes 7 de agosto de 2026 ilusiona a muchos que ven cómo se abre de a poco una puerta para reconocer crímenes que hasta ahora la Justicia no había investigado.

“Desde la reapertura de juicios de lesa humanidad en 2006, la palabra de quienes fueron niños en aquel entonces se escucharon muchas veces en los más de 300 juicios que ya se hicieron en todo el país, pero la mayoría había quedado al cuidado de uno de sus padres o de algún familiar o vecino.

Además estaban los casos de apropiación y robo de identidad, que siempre continuaron su  vía judicial. Desde 2019, hijos e hijas de víctimas que pasaron por el Club Atlético, Banco y Olimpo (ABO), en Buenos Aires, empezaron un registro donde ya estimaron el paso de al menos 300 niños y niñas por aquel centro clandestino.

En diciembre de 2025, la Justicia de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes. En marzo de este año, la editorial cooperativa La Minga publicó “Infancias sobrevivientes” que intenta abordar “los aspectos pendientes” de la dictadura”.

La entrada Inédita condena en causa Laguna Paiva: abandono de niñas y niños es delito de lesa humanidad se publicó primero en El Ciudadano.

El tribunal está conformado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.

Sobre el juicio Laguna Paiva II: «La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes no puede quedar al margen de este proceso»

«Creemos, como siempre, que después de 46 años de lucha y de pedido de justicia nos merecemos esta atención para cerrar una etapa tan difícil que venimos soportando, marcada por la indiferencia, el olvido y la impunidad de genocidas que circulaban con total libertad por nuestras calles», manifestó Mario Páez, el hijo mayor de la familia querellante, al medio LT10.

La primera condena en este juicio fue en 2021. La causa Chartier es mejor conocida como Laguna Paiva, ya que la mayoría de las víctimas era de esta localidad 40 kilómetros al norte de la capital santafesina. La mitad de las víctimas tenía entre 1 y 15 años al momento de los hechos. Además, se investigan los delitos de secuestros, torturas y violación de domicilio cometidos contra 27 personas en 1980.

La hermana de Mario Páez, María, subrayó: «Fue muy doloroso escuchar los testimonios de las violaciones sufridas por mi tía, mis primas y mis hermanos. Esperamos que esta sea la última vez y que haya una sentencia que nos deje conformes, lo que significaría el máximo de la pena e implique la revocación del arresto domiciliario. Quienes actuaron de manera desalmada contra criaturas indefensas deben cumplir la condena en la cárcel».

El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva

El abandono de personas como precedente jurídico

Durante la fase de alegatos finales, los abogados querellantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) requirieron las penas máximas para los imputados y remarcaron el carácter novedoso en materia de doctrina que representa este expediente.

«Traemos la novedad del delito de abandono de personas y entendemos, con la abundante prueba colectada en los dos debates orales, que el tribunal tiene el deber histórico de hacer lugar al pedido de esta querella», indicó el abogado Federico Pagliero.

Entre los procesados se encuentra el exjuez federal Víctor Brusa, quien durante la dictadura era secretario del Juzgado Federal y posteriormente fue juez federal de Santa Fe. De acuerdo con lo argumentado por la querella, a lo largo del juicio se comprobó su intervención criminal directa, tras haber formado parte de la jauría represiva que se presentó en las viviendas de los afectados, participado en las capturas e incurrido en el desamparo de las infancias.

Empieza el juicio Laguna Paiva II: por primera vez en Argentina se investiga el abandono de niños durante la dictadura

Los demás acusados son: Antonio Parvelotti, quien era subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe; el abogado y policía Oscar Alberto Cayetano Valdéz, quien ya tiene una condena a prisión perpetua por su intervención en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de Santa Fe en 1977; y Eduardo Enrique Riuli, que ya fue condenado en Laguna Paiva I. Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, también estaba incluido como acusado cuando se elevó a juicio la causa pero murió antes que inicie el debate.

La entrada Abandono de niños durante la última dictadura: el juicio Laguna Paiva II ya tiene fecha de sentencia se publicó primero en El Ciudadano.

Lavar la cara de la ciudad; mostrarla pujante, moderna. Cuando las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, ya estaba confirmado que Argentina sería sede del Mundial de Fútbol en 1978. La capital del país, entonces, iba a tomar protagonismo internacional y había que preparar la escena.

El intendente de facto de aquellos días era el brigadier Osvaldo Cacciatore, que asumió el cargo después de una breve gestión de días de Eduardo Alberto Crespi. Uno de sus primeros anuncios fue la construcción de la Red de Autopistas Urbanas (RAU), que tenía la ambición de construir nueve autopistas. El saldo, finalmente, sería únicamente la construcción de dos de ellas y una ciudad partida al medio, con miles de familias desplazadas y cientos de casas e inmuebles expropiados y demolidos.

Quién fue Cacciatore

Egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1946. El inicio de su carrera militar en la Fuerza Aérea estuvo marcado por su conspiración contra el orden constitucional: en 1951 participó del intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón, liderado por Benjamín Menéndez. 

En junio de 1955, cuando aviones de la Marina y la Aeronáutica ejecutaron una de las peores masacres contra la población arrojando más de cien bombas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ahí estaba Cacciatore como uno de los pilotos criminales. Las investigaciones que reconstruyeron los hechos del 16 de junio de 1955 —en 2005, Alejandro Chávez en “La masacre de Plaza de Mayo”; y en 2010, el Archivo Nacional de la Memoria en “Bombardeo del 16 de Junio”— lo ubican a Cacciatore como uno de los tantos pilotos que recibieron refugio en Montevideo (Uruguay) después del bombardeo. Cuando se consagró el golpe en septiembre del 55, pudo volver tranquilo y fue designado como capitán.

Pero su apellido es recordado por la gestión en la capital, que fue desde 1976 hasta 1982: los porteños recuerdan “las autopistas de Cacciatore”.

Una ciudad al servicio de la represión

Buenos Aires desplegó por su territorio al menos quince centros clandestinos de detención: desde sedes militares hasta empresas donde se secuestraron, torturaron y mataron a miles de personas, perseguidas por su identidad política. De hecho, el más grande del país estaba allí: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron al menos cinco mil víctimas.

El anuncio de la Red de Autopistas Urbanas (RAU) fue uno de los primeros de la gestión Cacciatore. Estaba basado en un libro-proyecto “La ciudad arterial”, del abogado Guillermo Laura, de 1970. De hecho, Laura fue convocado para ocupar el cargo de secretario de Obras Públicas. Lo ocuparía hasta 1981.

Aquel plan contemplaba la construcción de nueve autopistas urbanas, la mayoría penetraría de lleno en la ciudad. Para poder ejecutar el plan, llevaron adelante la expropiación y demolición de cientos de inmuebles.

Había que diseñar la carta de presentación al mundo de cara al Mundial 78. La RAU era un eje fundamental para este cometido que finalmente quedaría salpicado por las denuncias de la comunidad internacional por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

El plan, de alguna manera, pensaba cortar en dos la ciudad. Sólo se llegaron a construir dos: la autopista Sur (hoy conocida como 25 de Mayo) y la Perito Moreno.

La autopista Sur implicó una ruptura total de la trama urbana: dividió barrios, creó espacios oscuros y peligrosos para el tránsito de los vecinos, como los bajo autopistas y muchas casas quedaron con sus ventanas literalmente pegadas a la traza. 

Este relevamiento de datos toma parte de un trabajo académico de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), firmado por Gabriela Tavella, que se aproxima al proyecto y sus consecuencias. 

Esta investigación titulada “Las autopistas no tienen ideología” intenta caracterizar al proyecto en su totalidad y detalla que si bien se ejecutó durante una dictadura, fue ideado previamente —aunque durante otra dictadura— y que en sí mismo da cuenta de las contradicciones propias de la dictadura en su planificación urbana.

Por un lado, se acusaba al Estado como deficiente y se apostaba a un mercado más liberalizado. Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, fue su impulsor. Sin embargo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires el Estado tomó un papel central como ordenador de la vida de los ciudadanos y como ejecutor de grandes obras como la RAU pero también del Plan de Erradicación de Villas Miseria.

Expertos profesionales y académicos señalaron que se trató de un plan que no contempló la vida de los ciudadanos sino únicamente “cómo llegar del punto A al punto B”. Muchos de los vecinos no supieron hasta último momento si sus casas caían en la volteada de las demoliciones.

Finalmente, sólo se hicieron dos de las nueve autopistas, se expropiaron más de tres mil inmuebles y el plan que contemplaba un trabajo sostenido de quince años, quedó trunco. Se trató de una inversión millonaria, según las fuentes consultadas fue de al menos 500 millones de dólares, aunque algunos indican que superó los 750 millones. La enorme toma de deuda del Estado aquellos años fue clave para esta obra que estuvo rodeada de denuncias por sobreprecios.

El caso emblemático de San Lorenzo

Una de las historias que se llevó el plan de Autopistas fue la del “Viejo Gasómetro”, el histórico estadio del Club San Lorenzo de Almagro. La casa del Cuervo desde 1916 fue demolida para, según Cacciatore, realizar apertura de calles y obras de urbanización. 

La elección de dicho espacio no fue aleatoria. Primero, por lo que el club significaba para el barrio: una identidad y un lugar de encuentro. Esa zona del sur de Buenos Aires era el escenario de los convocantes corsos porteños. 

Además, el club tenía una fuerte vinculación con la política. Primero, con un sector del yrigoyenismo: Pedro Bidegain, presidente del club en 1930, había sido diputado nacional por el radicalismo y fue detenido durante el primer golpe de Estado en Argentina. Hoy el estadio de San Lorenzo lleva su nombre.

Hay otro dato relevante en esta historia: en el “Viejo Gasómetro” se realizó la primera intervención masiva en un evento público de las Madres de Plaza de Mayo. Su primera ronda en la Plaza había sido el 30 de abril de 1977. El 20 de junio de ese año, aprovechando que en la cancha se realizaba un evento por el Día de la Bandera, las mujeres ingresaron camufladas para dar a conocer la desaparición de sus familiares. 

En 1979, Cacciatore, a fuerza de todo tipo de presiones y amenazas, consiguió la propiedad. El 2 de diciembre de 1979 se jugó el último partido de fútbol en el “Viejo Gasómetro”, un empate sin goles frente a Boca. Ese día se despojó a los hinchas de San Lorenzo de su casa en Avenida La Plata al 1700.

En 1985, en ese mismo predio, se edificó una de las sucursales más grandes de la cadena de supermercados Carrefour. 

Desde aquel entonces, comenzó una lucha incansable de socias y socios para “volver a Boedo”. El supermercado cerró definitivamente en 2019. Recién en mayo de 2026, los hinchas lo lograron: terminaron de comprar la tierra que les había sido expropiada.

Ningún arrepentimiento

Tanto Cacciatore como Laura, a través de las décadas, nunca dejaron de defender el proyecto. Durante su ejecución, el planteo a la ciudadanía era que se podría “llegar a cualquier punto de la ciudad en menos de 30 minutos” y en general, a sólo 15. 

El paper académico citado previamente indica que la RAU formó parte de un proceso incipiente y más integral de “norteamericanización” de la ciudad de Buenos Aires. Proceso que terminaría de consolidarse en los noventa, no sólo por las autopistas sino por la proliferación de shoppings y countries.

Apenas asumió Cacciatore, además, hizo hincapié en la limpieza de calles, el blanqueo de frentes y el reordenamiento del estacionamiento de vehículos. Sancionó un nuevo Código de Planeamiento. A nivel nacional, el plan de Erradicación de Villas Miserias signó la vida de los barrios de todo el país y, en particular, a los de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando falleció en 2007, el diario La Nación publicó una nota titulada “Cacciatore, el militar que cambió la ciudad” y repasó sus negocios y fallidos intentos políticos posdictadura: “Ya como empresario privado, relacionado con la empresa de transporte de caudales Juncadella, probó fortuna en la carrera política. Los votos le fueron esquivos. Se acercó a la Ucedé y fue candidato a legislador nacional en 1993; el resultado electoral fue desfavorable en un período en el cual el partido de los Alsogaray era fagocitado por el menemismo. Cacciatore volvió a presentarse en 1997, con su propio partido, Acción Institucional, sin recibir más del 1 por ciento de los votos. Buscó otra oportunidad en 1999, cuando encabezó la lista de candidatos a diputado nacional de Acción Institucional. En esa oportunidad llevó también la boleta presidencial de Eduardo Duhalde. Sus intentos por ingresar en el Congreso siempre fallaron”.

La entrada Autopistas y desalojos durante la dictadura: el plan de Cacciatore en Buenos Aires antes del Mundial 78 se publicó primero en El Ciudadano.

Para los más chicos, el eje está puesto en la exploración lúdica: hay propuestas pensadas para descubrir nuestra historia reciente a través de la curiosidad, el juego y la búsqueda de nuevas voces.

Para jóvenes, la propuesta es el teatro para pensar el presente. El museo se transforma en escenario con dos obras de teatro imperdibles. Historias potentes para conmoverse, reflexionar sobre el pasado y debatir el presente que te van a quedar resonando en la cabeza.

Además, habrá recorridos por las instalaciones orientadas para el público general, por todas las exposiciones.

Agenda completa:

• Abuelas y Abuelos Memoriosos.

Taller de lecturas compartidas de libros para infancias, activando el disfrute y el cruce generacional. Lectura y memoria histórica como acto de resistencia.

Para infancias de 5 a 12 años | 8 y 15 de julio – 1°turno 15 h | 2° turno 16 h

• Taller de Radio “Voces con memoria”

Taller con enfoque puesto en habilitar preguntas, emociones y formas de expresión propias de las infancias. La radio como juego y espacio para construir voces.

Para infancias de 8 a 12 años | 9 y 16 de julio 15 h

• Detectives de imágenes: Exploradores en el universo de León Ferrari

Taller con activación por la exposición “Destellos” de León Ferrari, donde las infancias explorarán y descubrirán cosas ocultas en las obras del autor.

Para infancias de 8 a 12 años | 10 y 17 de julio 15 h

• Teatro: Opus I

El Museo abre sus puertas en horario especial con funciones teatrales que invitan a reflexionar sobre nuestra historia reciente “Opus I”: Bajo el género de biodrama, utiliza la historia personal como herramienta política y artística para la identidad.

Para mayores de 16 años | 11 de julio 20 h

• Teatro “El gesto que Respira”

El Museo abre sus puertas en horario especial con funciones teatrales que invitan a reflexionar sobre nuestra historia reciente

“El Gesto que Respira”: performática a partir de la poesía de Claudia Mastín. Surge como refugio de lo ausente.

Para mayores de 16 años | 18 de julio – 20hs. Retiro de entradas 19 h – 2 x persona

• Proyecto Pregunta

Dispositivo desarrollado por el Colectivo MilM2, que invita al público a intervenir directamente a través de preguntas, comentarios e interrogantes.

Para todas las edades | Sábados y domingos de 10 a 18 h

• Recorridos mediados

Recorridos por las distintas muestras estables y temporarias como: Destellos, de León Ferrari y 50 veinticuatros.

Para todas las edades | Miércoles a domingos – 15 h

La entrada El Museo de la Memoria presenta su agenda de actividades en Vacaciones de Invierno se publicó primero en El Ciudadano.

La actividad es impulsada por el Grupo de Estudio sobre Vejeces «Habitando Tiempos», el cual se encuentra radicado en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia
Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario. El objetivo central del encuentro es proponer un espacio de reflexión crítica sobre la identidad y los derechos humanos desde una perspectiva gerontológica integral. Asimismo, la jornada busca combatir el «viejismo», entendiéndolo como una forma de silenciamiento contemporáneo que borra la trayectoria
política y vital de las personas mayores.

La programación de la jornada estará estructurada en dos momentos principales:

● Intervención teatral: Contará con la participación de la actriz Celia Caggiano, quien encarnará a su personaje «Barbarina». A través de la poética y el humor, la obra interpelará
al público sobre el paso del tiempo y la importancia de no perder la voz, funcionando como un disparador emocional.

● Conversatorio: Posteriormente, los integrantes del Grupo de Estudio facilitarán un espacio de diálogo centrado en el eje: “¿Qué significa envejecer en un país que aún
busca a sus desaparecidos?”. Que digan dónde están. Este espacio buscará poner en palabras la ausencia de la generación que no legó a la vejez y el rol de las personas
mayores actuales en la transmisión de la identidad.

Desde la organización destacan que combatir el viejismo en un Espacio de Memoria es considerado un acto de justicia histórica. Recuperar la identidad de las personas mayores es un paso fundamental para garantizar el derecho a una vejez digna y plenamente integrada en la vida democrática.

La actividad es libre y gratuita.

La entrada Vejeces con Historia: encuentro en la Quinta de Funes se publicó primero en El Ciudadano.

La actividad es llevada adelante por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos, a través de su Dirección General de Derechos Humanos, junto al Museo de la Memoria, y tendrá lugar el sábado 30 de mayo a partir de las 16, teniendo como punto de encuentro la Plaza San Martín, específicamente en la intersección de las calles Córdoba y Moreno. La propuesta contará con el acompañamiento especializado de Kevin Dolce, referente de Rosario por conocer, y de la historiadora Marianela Scocco, quienes guiarán a las y los asistentes a través de un relato que entrelaza la historia local con la memoria nacional.

El itinerario comenzará frente a la ex sede del Comando del II Cuerpo de Ejército, donde funciona actualmente el Museo de la Memoria, institución que permanecerá abierta en la previa de la actividad para quienes deseen visitarla. Desde allí, el grupo se dirigirá hacia el ex Centro Clandestino de Detención conocido como Servicio de Informaciones, ubicado en San Lorenzo y Dorrego, para luego continuar hacia la Plaza Pringles. Este último punto reviste una importancia simbólica fundamental, ya que allí se realizó la primera ronda de las Madres y las primeras marchas por la vida y los Derechos Humanos en la ciudad.

El recorrido también incluirá una parada en la Facultad de Humanidades y Artes para recordar la histórica frase de resistencia pintada en su fachada, así como el paso por el Centro Cultural Madres de Plaza 25 de Mayo y la ex sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en la Cortada Ricardone. Hacia el final de la jornada, se visitará el Cultural Fontanarrosa, sitio que funcionó como centro de prensa durante el Mundial’78 y posteriormente como sede de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

La jornada concluirá en la Plaza 25 de Mayo, cerrando un circuito que pone en valor el Programa de Señalética Marcas de Memoria. Quienes estén interesados en participar deben inscribirse previamente de manera virtual ingresando en este enlace.

La entrada Memoria en Marcha: Rosario conmemora los 50 años del Golpe con un recorrido guiado por sitios emblemáticos se publicó primero en El Ciudadano.

En esta causa, por primera vez en el país, se investiga el delito de abandono de persona durante la última dictadura militar. La mitad de las víctimas en este juicio era menor de edad al momento de los hechos: niñas, niños y adolescentes de entre 1 año y 15 fueron abandonados en sus casas cuando secuestraron al resto de su familia, algunos de ellos también fueron secuestrados en centros clandestinos de detención.

En esta nota están los detalles del juicio y en este enlace, la historia de la familia núcleo de Catalino Páez (dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT), quien era el blanco principal de los secuestros ocurridos desde febrero de 1980. Para atraparlo a él, secuestraron a toda su familia que estaba distribuida en distintas localidades de Santa Fe —Esperanza, Esteban Rams—; Catalino estaba con su esposa e hijos en Lima, Buenos Aires.

Giménez conversó con El Ciudadano y explicó por qué es importante su participación y la realización de este juicio, que podría sentar un precedente muy importante en este tipo de causas.

—¿Cuál va a ser el rol de la Defensoría en este juicio y qué postura tienen?

—En la primera audiencia del juicio se logró un tema importante que es la autorización del tribunal para hacer público el acceso a los testimonios mientras avance el juicio. Es decir, darle publicidad. Por lo que nos indicaban, esto no siempre es posible, entonces se tomó como un paso importante. 

Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es escuchar y acompañar lo que son las instancias del juicio, ahora vienen las declaraciones, los testimonios, luego los alegatos y finalmente el veredicto.

Y hay una instancia en particular, previa a los alegatos, que es nuestra contribución sobre la figura de amicus curiae porque la defensoría es un organismo que no tiene poder de litigio, no puede litigar. Entonces, lo que sí puede es pedirle al tribunal que acepte mediante esta figura ser parte de una voz especializada que aporte elementos sobre lo importante que en este caso es la figura que se está presentando como abandono de niños, niñas y adolescentes.

Es decir, a lo largo de todos estos años de recuperación de la democracia, son figuras que no están tipificadas, pero que indudablemente se le ha dado cuerpo para que ahora avance el juicio.

Empieza el juicio Laguna Paiva II: por primera vez en Argentina se investiga el abandono de niños durante la dictadura

—En la conferencia de prensa previa al inicio del juicio nombraste una red iberoamericana de defensores donde van a presentar esta historia como caso testigo

—Claro. Nosotros somos defensoría especializada con colegas de otras provincias de Argentina, pero además integramos la Asociación de Defensores de la República Argentina que se se denomina ADPRA y, a su vez, integramos la Federación Iberoamericana del Ombudsperson que es denominada FIO.

Dentro de esa red Iberoamericana hay específicamente una comisión de trabajo que se dedica a niñez y adolescencia. Y en este momento, hace ya dos meses, yo he sido elegido para coordinar esa comisión. Esto le da una dimensión que excede a la provincia de Santa Fe. 

Entonces, en la medida que avance el juicio y que avancen los testimonios, estamos tratando de tener todo el registro posible para ver en este caso qué lecciones aprendemos. 

—¿Cuándo cuándo tomaste conocimiento de esta historia?

—Yo vengo de la Universidad del Litoral y la vida entera la dediqué a la investigación y a la enseñanza en historia. Claramente para todo historiador este es un tema mayor, no específicamente en lo jurídico, pero sí el proceso histórico. Participo de mesas, reuniones y jornadas. De hecho, esto se vinculó al 24 de marzo, cuando fueron los 50 años del Proceso. La vinculación se hizo con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la APDH con sede en Rosario.

Yo los recibí, escuché cuál había sido el planteo inicial y ya estaba la fecha de inicio de juicio que luego se postergó unos días por cuestiones específicamente de la defensa. Pero indudablemente se vinculó lo que tiene que ver con el estudio de una etapa particular en la historia argentina de 1976 a 1983 con el proceso de reorganización nacional y estos hechos que sucedieron en Laguna Paiva y otras localidades en 1980.

Con lo cual mientras estaba escuchando este inicio del juicio, a la par estaban estos niños que hoy son adultos. En ese momento tenían uno, dos, tres, cinco años. Es este grupo de hermanos que quedó sin ningún adulto cercano que lo pudiese cuidar como necesita toda infancia, así que eso les cambió la infancia y la vida a todos. Porque hoy, muchos años después, están comentando el registro de lo que les ha sucedido. 

—¿Por qué es tan importante para Santa Fe, Argentina y hasta para Latinoamérica que se pueda llegar a este juicio y visibilizar más esta historia?

—Primero, el tribunal va a tener una tarea que es justamente dar un veredicto en función de esas pruebas. Lo que sí entiendo es que en esta larga historia de organismos de derechos derechos humanos y particularmente de protección de la infancia, tenemos distintos delitos tipificados que pasaban de la desaparición de personas hasta lo que es la apropiación de niños, pero no ha habido todavía lugar para lo que es la figura de abandono de niños y niñas. Porque esta familia en particular, estos niños, estos hermanos no fueron ni apropiados, ni separados, sino que directamente abandonados y no por voluntad de sus adultos cercanos.

Hubo un proceso de privación de libertad y tormentos, que es lo que se está llevando ahora a juicio para indudablemente tener esas pruebas y poder llegar a ver si es jurídicamente fundada esta figura o no.

Entiendo que como ha pasado con otras figuras de delitos de lesa humanidad, estos casos sientan precedentes muy importantes porque parte del Derecho se sustenta en antecedentes jurídicos. O sea que estamos en una instancia que para todos, mínimamente, no debería pasar desapercibida.

Argentina vivió la reforma del 94, suscribió a la Convención de derechos del niño y a los tratados internacionales. Indudablemente esto en Argentina se va dando en forma gradual. De hecho, ahora también la Constitución provincial se ha modificado.

Indudablemente se llevan ahora a la justicia después de que en otro momento no se hubiera podido hacer. Por eso también estamos interesados en poder escuchar y acompañar este proceso judicial, sobre todo porque no puede haber nunca democracia si no va de la mano con los derechos humanos. Esa vinculación no se sustenta si no es con acceso a la justicia,  con memoria y con verdad.

—En el marco de juicios de lesa humanidad, sobresale también el acompañamiento de una institución provincial

—Tiene que ver con nuestro origen por ley y nuestra definición de lo que corresponde a un organismo como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: no puede quedar al margen. No digo de cómo termine el proceso judicial. Sino que no puede quedar al margen de que el juicio se haga o no se haga, sino que se debe hacer. Se debe llevar adelante, se debe poder escuchar los testimonios, se debe también poder escuchar a los acusados. Pero el proceso hay que llevarlo adelante porque si no, lo peor que nos puede pasar es que ante este tipo de demandas que han quedado no escuchadas, ahí no hay ningún tipo de justicia posible ni de derecho humano.

La entrada Sobre el juicio Laguna Paiva II: «La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes no puede quedar al margen de este proceso» se publicó primero en El Ciudadano.

La historia del saqueo contra La Vigil empezó el 25 de febrero de 1977 cuando policías, agentes de la Marina, contadores y abogados entraron al edificio y decretaron una “intervención normalizadora”. El operativo estuvo bajo el mando de Agustín Feced, jefe de la policía local. Esa intervención estuvo vigente hasta bien entrada la democracia: hasta 2013.

Menegozzi es contador y fue el tesorero de la intervención desde el año 1977 hasta el año 2005. Roberto Frutos, de la gestión actual de La Vigil, explicó a este medio: “Estuvo 28 años, al 2005 prácticamente no tenía actividad pero sí tenía fondos remanentes y junto con el entonces interventor, liquidador, que era Emilio Echen, un abogado, todavía disponían de fondos remanentes que utilizaban prácticamente a su antojo porque no había ningún tipo de control de ninguna instancia estatal ni judicial. En 2005 él renuncia porque un año antes se había formado la asamblea para recuperar Vigil: ahí empezamos a activar y a denunciar”.

A Menegozzi lo consideran “uno de los máximos responsables civiles de todo el proceso liquidatorio de Vigil”, por eso esta noticia los tiene muy contentos y expectantes.

La Vigil era una de las instituciones culturales más importantes de Argentina y de América Latina: antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, tenía 20 mil socios y 60 mil libros; en menos de veinte años, una enorme comunidad había sido construida desde el armado de una vecinal hasta la construcción de salones para jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, editorial propia, una sala de teatro, una biblioteca, campo de deportes, hasta un observatorio astronómico. Fueron muy conocidas las rifas que se vendían por todo el país para sostener el trabajo de La Vigil. El robo del lente de un telescopio de origen alemán, uno de los pocos en el mundo, fue uno de los hurtos más importantes contra la institución.

Ya intervenido el espacio, el 10 de mayo de 1977 empezaron los secuestros: ocho miembros de la comisión directiva estuvieron detenidos como desaparecidos y fueron torturados durante meses. Cuando los soltaron lo hicieron bajo el régimen de “libertad vigilada”.

Cuando se reabrieron las causas de lesa humanidad en esta jurisdicción, la Justicia dividió el expediente de Vigil en dos: por un lado, lo que consideró “delitos contra las personas” (secuestros, torturas); por otro, los delitos económicos. Las querellas siempre se opusieron a esta medida, que en efecto dejó de lado los delitos económicos, una pata tan difícil de juzgar a pesar de los más de 350 juicios que se hicieron en Argentina desde 2006.

Los secuestros fueron investigados y juzgados en la megacausa Feced. La investigación de los delitos económicos venía encontrando varios obstáculos por eso esta noticia se sintió como un enorme logro y una bocanada de aire fresco en un contexto de serios ataques contra esta agenda judicial.

Gabriela Durruty, abogada querellante por Apdh, dijo a este medio: “Para probar la administración fraudulenta de los bienes de Vigil que fueron desguazados, no sólo apelamos a numerosísimos testimonios, que se dieron en el juicio oral donde se ventilaron los delitos contra la comisión directiva y contra la comunidad de Vigil; sino además la expertise técnica del equipo del economista Sergio Arelovich para poder rastrear y ponerle un número, un monto, una valoración, una evaluación a todos los bienes de los que fue despojada la Vigil. Además, hubo una fiscalía que nos acompañó mucho en esto, a cargo de Federico Reynares Solares. Es un avance importante en materia jurídica y simbólica”.

Tanto Durruty como Frutos destacaron que esta resolución se dé en un contexto de ataques diarios a esta agenda, también teniendo en cuenta la absolución de todos los acusados en la causa Villazo, ocurrida en noviembre de 2025 y que también incluía la pata civil de la represión ilegal aunque no por delitos económicos sino por la responsabilidad de empresarios en delitos como secuestros y torturas.

El trabajo sostenido del equipo jurídico de Apdh desde su constitución como querellantes en la causa tuvo como fruto la noticia de este viernes. Además, fue fundamental el trabajo de investigación de Natalia García, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Nos ayudó a reconstruir mucho de la trazabilidad de los bienes que había tenido Vigil, algo que fue muy difícil debido a los años y debido a que estos delitos llevan en su modo comisivo la procura de la propia impunidad”, explicó Durruty.

Los hechos específicos por los que se procesó a Menegozzi, que en noviembre del año pasado había sido citado a indagatoria, son “maniobras financieras irregulares”, es decir se lo acusa de haber realizado informes financieros con irregularidades, carentes de información suficiente y sin documentación de respaldo (como órdenes de pago o cheques) que los avalaran. También se lo acusa de haber facilitado maniobras contra el patrimonio de la institución a lo largo de los años y que en su rol de tesorero en vez de custodiar y controlar las cuentas colaboró con el accionar ilícito de los interventores.

La resolución judicial, además, subraya que estos delitos se dieron en un contexto de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado argentino entre 1976 y 1983.

“Es un logro impresionante, es un logro colectivo donde se sumaron numerosas voluntades para tratar de avanzar en la parte más difícil de las responsabilidades de la dictadura que tienen que ver precisamente con los delitos económicos. Siempre supimos que de mínima correspondía el delito de administración fraudulenta”, sintetizó la abogada.

La entrada Procesan al contador de La Vigil por el saqueo iniciado en la dictadura se publicó primero en El Ciudadano.

En diálogo con El Ciudadano, la bibliotecaria del Superior, Antonela Monje, explicó de qué se trata la muestra que actualmente se expone en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas (Riobamba 250 bis). La misma incluye distintos formatos: material escrito, audios, videos, ejemplares de libros prohibidos, la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh (publicada el 24 de marzo de 1977) y los decretos de prohibición de libros.

El eje central de la muestra es «El fusilamiento de Penina», un libro del poeta rosarino Aldo Oliva. La historia de esta obra condensa la violencia del período: cuando se intervino la Biblioteca Vigil (Gaboto 450), el libro estaba por publicarse pero la editorial fue desmantelada y todos los ejemplares destruidos. Recién en 2003 apareció un ejemplar mutilado, sin tapas ni datos de edición, que se convirtió en el corazón de esta propuesta. Años después, con la recuperación del edificio de Vigil y la puesta en marcha de su editorial, el libro pudo ser finalmente editado con su arte original.

La iniciativa impulsada por Beatriz Schiffino, secretaria académica del Superior, buscó generar un espacio de encuentro espontáneo. Para ello, se intervino la sala de lectura de la escuela, conviviendo con el espacio de estudio pero sin imponer la obligatoriedad. «La intención era que los estudiantes acudieran por interés propio», explicaron. Destacaron la gran concurrencia y la recepción positiva tanto de alumnos como de docentes.

Además de su estancia en el Superior de Comercio, la muestra formó parte de la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denominada «24 horas de la Universidad Abierta», realizada en la Facultad de Derecho de Rosario hace unas semanas. Allí, la escuela participó exhibiendo este material ante el resto de la comunidad universitaria.

Tras su exposición en la biblioteca del Superior de Comercio, la muestra se expone en la escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas, estará allí hasta el viernes 8 de mayo. Haberla transformado en una muestra itinerante permite continuar la tarea de hacer circular el material que alguna vez se intentó desaparecer.

Un plan sistemático contra la cultura

La censura durante la última dictadura (1976-1983) fue una parte fundamental del proyecto de país que impusieron los militares mediante la represión ilegal. Así como se planificaron secuestros y asesinatos, se planificó también la censura en el ámbito cultural. De hecho, existió una infraestructura dedicada exclusivamente a esto, centralizada principalmente en el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Publicaciones.

Antes de prohibir un libro, se realizaba un análisis minucioso. Intelectuales y profesionales elaboraban informes de hasta 40 páginas para identificar contenidos «peligrosos» o representativos del pensamiento crítico, lo que los militares llamaban “subversivos”.

El objetivo no era solo eliminar libros, sino sustituirlos por una cultura alineada con los supuestos valores de «Estado, Religión y Familia» que promovía el régimen. Esto incluía la persecución a editores, el control estricto de bibliotecas y la imposición de planes de estudio rígidos. Para muchos académicos, es posible hablar también de un genocidio cultural.

Uno de los puntos más sensibles fue la literatura infantil y juvenil, bajo la premisa de «preservar» a los niños de ideas rebeldes. Se llamó a este trabajo «Operación Claridad», un plan para detectar «ofensivas marxistas» en cuentos y manuales escolares.

“La torre de cubos”, de Laura Devetach; “Un elefante ocupa mucho espacio”, de Elsa Bornemann; o el clásico universal “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, son algunos de los ejemplos más conocidos de obras censuradas en aquel tiempo.

Finalmente, Argentina se sumó a la penosa lista de países que algún momento se dispusieron a cometer esta acción: la quema de libros. La quema más grande y paradigmática fue la del Centro Editor de América Latina (CEAL) en agosto de 1980, donde la policía bonaerense arrojó a una hoguera en Sarandí un millón y medio de libros. Muchos autores de renombre, desde Marx y Trotsky hasta Griselda Gambaro y Enrique Medina, vieron sus obras convertidas en cenizas en un intento por «limpiar» la conciencia nacional. 

Rosario no se quedó atrás: justamente La Vigil padeció esta práctica, a metros de su biblioteca en la zona sur de la ciudad.

La entrada Después de la censura, bibliotecas recuperadas: la UNR presentó una muestra de libros prohibidos en la última dictadura se publicó primero en El Ciudadano.

El comienzo estaba estipulado para el pasado martes 28 de abril, pero apenas unos días antes el Tribunal informó que se retrasaría una semana por el cambio de una de las defensas. Ante esta situación, todo el arco de organismos de derechos humanos que acompañan el proceso además de las querellas repudiaron la decisión del Tribunal Oral Federal N°1 de Santa Fe. Resaltaron que se trata de un juicio donde muchos testigos y víctimas deben viajar desde otras ciudades y hasta de otras provincias, por lo que anunciar algo así tan sobre la fecha genera malestar.

En el primer juicio, que tuvo sentencia en 2021, se juzgaron los crímenes cometidos entre febrero y abril de 1980, cuando fueron secuestrados once trabajadores del Frigorífico Nelson —a diez kilómetros de Laguna Paiva—, que pertenecían a la agrupación sindical La Lucha, que a su vez integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). 

Uno de los protagonistas de esta historia fue Catalino Páez, referente del PRT, perseguido ferozmente, difícil de atrapar. De hecho, militares y policías de la provincia montaron un enorme operativo que incluyó localidades tanto de Santa Fe como de Buenos Aires para poder atraparlo. Y esa persecución incluyó también torturar, secuestrar, atacar a todos los integrantes de su familia. En este nuevo juicio se investiga esa parte de la historia y se siguen investigando los secuestros de los trabajadores.

En este informe publicado el pasado 24 de marzo, está el detalle la persecución contra la familia Páez-Medina.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano)

Pero entre los muchos rasgos a destacar de esta causa hay, al menos, tres que este medio decide resaltar: por primera vez en el país se contempla el abandono de personas como un delito de lesa humanidad; la mitad de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes cuando ocurrieron los crímenes y fueron abandonados o secuestrados junto a sus padres en centros clandestinos de detención; y se investigará la responsabilidad de quien entonces era secretario de juzgado pero que en democracia llegó a ser juez federal: Víctor Hermes Brusa. Por eso, algunos de los delitos que se investigan son incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. Se investigarán 27 casos que incluyen secuestros, torturas y abandono de persona. El miércoles 6 de mayo empiezan las declaraciones que se extenderán al menos hasta fines de mayo, con el testimonio de unos 50 testigos. El primer cronograma estipulaba el veredicto para el 26 de mayo, pero ahora con la reprogramación de las audiencias se espera que recién ocurra después de la feria judicial, a fines de julio o principios de agosto. El cronograma definitivo se conocerá esta semana.

Desde la Fiscalía expresaron a este medio que tienen “gran expectativa con el desarrollo del debate” justamente por la calificación de abandono de persona y secuestro de niños. Destacaron: “Es una causa que hemos trabajado con mucho esfuerzo desde la fiscalía, recurriendo todas las resoluciones adversas que hemos tenido por parte del juzgado federal, para poder llegar a esta instancia”. 

El abandono como crimen: el primer juicio de la dictadura por las infancias de Laguna Paiva

Hay cuatro acusados, Fiscalía repasó sus nombres y responsabilidades: “Se juzgará por primera vez la responsabilidad penal de Antonio Parvellotti, quien fuera Subjefe del Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de Santa Fe por donde pasaron muchas de las víctimas de la causa y del ex juez federal Víctor Brusa, cuando esté ejercía efectivamente el cargo de secretario del juzgado que luego ocupara en democracia. Finalmente, también se determinará la responsabilidad del abogado y policía Oscar Alberto Cayetano Valdéz quien posee una condena a prisión perpetua por su intervención en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de Santa Fe en 1977. Además, se juzgará a Eduardo Enrique Riuli, que ya fue condenado por algunos de los hechos que se van a volver a tratar durante el juicio”.

Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, también estaba incluido como acusado cuando se elevó a juicio la causa pero murió en el medio.

La querella de Apdh (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) contó a este medio que hace unos días la defensa de Parvelotti intentó impedir que el ex policía formara parte del juicio. “Pidieron esto a pesar de que a principios de marzo ya se habían hecho los exámenes mentales obligatorios. Entonces se llevó adelante una nueva junta médica y salió favorable a esta querella. Se acreditó que Parvelotti puede y está en condiciones de afrontar el juicio. Estamos hablando de un represor que se encuentra impune, que nunca fue juzgado en el país por delitos de lesa humanidad y por eso fue un hecho trascendental”, expresó el abogado Federico Pagliero, de Apdh.

En noviembre, cuando se confirmó la fecha de inicio del juicio, Pagliero había expresado: “Estamos muy contentos desde Apdh con este nuevo inicio, de un nuevo debate oral y público, que es ejemplo a nivel mundial. Es un orgullo representar a los obreros del frigorífico de Nelson, a las familias de Laguna Paiva y a esas infancias que tuvieron el valor de declarar, de abrir este nuevo debate. Vamos a acompañarlos y representarlos en este nuevo juicio con mucho honor y honra. Y por supuesto exigiendo que Argentina continúe con este camino ejemplar de juzgamiento del genocidio que sufrió nuestro pueblo”.

Mucha de la prueba para esta segunda elevación se produjo en el primer juicio. El único caso que involucraba a un menor y que ya se juzgó es el de Mario Páez, que tenía 14 años cuando se lo llevaron tirado en un camión junto a su papá (Catalino), su madre y su tío. Cumplió 15 en un centro clandestino de detención. 

Actividades todo el mes

El pasado lunes 27 de abril en la sede del Sindicato de Prensa de la ciudad de Santa Fe (Amenábar 2655), hubo una conferencia de prensa para anunciar una serie de actividades y apoyo recibido para acompañar todo el mes de audiencias.

Fue convocada por Apdh y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Luis Larpin, ex preso político e integrante del Foro, habló con este medio: “Quisimos destacar el interés social que se generó a partir del trabajo de difusión que estamos haciendo y los respaldos institucionales que estamos recibiendo. Por ejemplo, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, que funciona en la Defensoría del Pueblo. Ellos van a organizar actividades durante el mes que dura el juicio convocando a su vez a otras instituciones para compartirlo”. 

Larpin contó que habrá actividades organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Además, el Colegio de Psicólogos de Santa Fe y el de Trabajo Social apoya la difusión de este juicio. El objetivo también es que agrupaciones estudiantiles puedan asistir a las audiencias que son públicas.

«A nivel familia significó una ruptura, fueron detenidos sus padres delante de los chicos, en el lugar que les era seguro a los niños que es la casa y que fue absolutamente desmantelada. Los niños tuvieron que hacerse cargo no solo de su propia protección y subsistencia sino de la función adulta»

En la conferencia, una de las que tomó la palabra fue la abogada Julia Giordano, quien forma parte de la querella de Apdh, y planteó que haber demorado el juicio una semana «es un montón porque estas personas que deben declarar no viven en Santa Fe, vienen de Laguna Paiva, de Santiago del Estero, de Villegas, de Ceres, de Esteban Rams»: «Todos tienen que organizarse, pedir permisos laborales o vacaciones, deben organizarse como familia. Deben tener la atención puesta en la declaración, nuevamente pasar por el cuerpo los testimonios y el horror vivido. El tribunal no lo está teniendo en cuenta y no lo tuvo en cuenta como debió en relación al trato que merecen las víctimas y testigos. Así que es un reclamo que tenemos».

También habló el defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez: «La Defensoría no puede mirar al costado, somos instituciones de derechos humanos. Hay una ley nacional y una ley provincial sobre niñez y una convención internacional que Argentina ratificó con la reforma constitucional de 1994».

En este sentido, Giménez agradeció el trabajo de la querella para generar la prueba que permitió avanzar en este juicio «y llevar adelante una nueva figura en la agenda de lesa humanidad», por el delito de abandono de personas. También dijo que la Defensoría provincial «coordina la asociación iberoamericana de defensores así que este caso va a ser piloto para todo el continente».

Desde la escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Marisel Salera habló de las secuelas que deja una situación como la que se investiga en este juicio: «El abandono significa una ruptura en la cotidianeidad de niños y niñas y adolescentes, el Estado tiene una función fundamental de protección. Para poder criar a las infancias y protegerlas se incluyen tres niveles: la familia, la comunidad y el Estado. En este caso a nivel familia significó una ruptura, fueron detenidos sus padres delante de los chicos, en el lugar que les era seguro a los niños que es la casa y que fue absolutamente desmantelada. Los niños tuvieron que hacerse cargo no solo de su propia protección y subsistencia sino de la función adulta. Los dejaron en una situación de absoluta indefensión que luego se recrea permanentemente en su vida adulta».

Además, siguió, «acá no no había familia extendida ni comunidad porque todos sus familiares fueron secuestrados al mismo tiempo, ya no había grupos familiares que pudieran hacerse cargo del cuidado de estos chicos, como pasó en otras situaciones de secuestros de padres y madres».

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Santa Fe (@foroddhhsantafe)

Por su parte, Larpin destacó el apoyo recibido de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, “por el respaldo con sus dispositivos, con el equipo de investigación apoyo y seguimiento de causas de lesa humanidad, el programa de protección de testigos, la unidad especial de protección de testigos, que aseguran la movilidad y demás para todas las personas que van a tener que venir”.

De hecho, muchos de los testigos -que eran niños cuando ocurrieron los hechos- vienen de Laguna Paiva, de Esperanza, de Esteban Rams, entre otros pueblos de la provincia de Santa Fe y también de Buenos Aires.

El martes 5 de mayo, el día del inicio del juicio, el Foro hará una volanteada en el microcentro de la ciudad para dar a conocer la causa. “Le vamos a dar este juicio las características de trascendencia que tiene. Además está el marco de estos 50 años donde se ha generado una ola de interés manifiesta . El 24 de marzo creo que nos sorprendió a todos por el interés que mostró la sociedad en este momento tan oscuro y tan peleado”. 

Antecedente

El primer juicio probó los secuestros de Catalino Páez, su esposa Juana Medina y su hijo Mario, además de los trabajadores sindicalizados del frigorífico de Nelson. Allí se condenó por secuestros y torturas a penas de entre 16 y 5 años a Germán Raúl Chartier, ex jefe de la División de Informaciones Policiales de la Unidad Regional 1; Rubén Oscar Insaurralde, ex sargento de la División de Informaciones D-2; Omar Epifanio Molina, ex cabo del Departamento Operaciones Policiales D-3; Antonio Rubén González, ex cabo de la División Robos y Hurtos de la URI; Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva; y Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División de Informaciones D-2.

El personal del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial se ocupó de los secuestros y torturas aplicadas sobre los trabajadores del frigorífico. Muchas de las víctimas, después, fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles del país. Muchos fueron liberados durante el primer año de democracia post dictadura. El único caso de un menor que fue secuestrado y cuyo caso alcanzó a investigarse en la primera elevación fue el de Mario Páez, quien tenía 14 años cuando se lo llevaron a un centro clandestino junto a sus padres. Hoy también es una de las víctimas en el nuevo juicio.

Este año también se seguirán investigando secuestros a trabajadores del Frigorífico Nelson porque algunos de los acusados no llegaron a ser juzgados por estos hechos. Fue en este primer juicio donde se generó gran parte de la prueba para avanzar en nuevas imputaciones e investigar el abandono de niños, secuestros y torturas.

A este juicio, en el país, le sigue otro que aún no tiene fecha de inicio pero sí este enorme paso: en diciembre de 2025 la Justicia de Mendoza procesó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes.

La entrada Empieza el juicio Laguna Paiva II: por primera vez en Argentina se investiga el abandono de niños durante la dictadura se publicó primero en El Ciudadano.

Kozameh es una ex presa política, exiliada, reconocida internacionalmente y traducida a varios idiomas como una de las voces más autorizadas entre la literatura de la postdictadura argentina. En este libro, Kozameh reúne y entrecruza con otras líneas narrativas los relatos de seis sueños que tuvo estando detenida entre septiembre de 1975 y diciembre de 1978, primero en el infame “sótano” de la Jefatura de Policía local, y después en la cárcel de Villa Devoto. Fugas oníricas que recuperan la memoria del encierro, registrados y puestos en libertad a muy alto riesgo por la propia soñante, esos sueños en cautiverio revelan los terrores y esperanzas de una época que hoy nos incumbe más que nunca. El “séptimo sueño” del título alude a unos pasajes dramatúrgicos del libro, utópicos y premonitorios, impensables antes de los Juicios de Lesa Humanidad: los represores están presos y las presas los interrogan.

Kozameh es novelista, cuentista y poeta. Vive en Los Ángeles (California, Estados Unidos); es profesora de la Universidad de Chapman en el departamento de Inglés y Literatura Comparada e integra el programa de Escritura Creativa, donde da cursos a estudiantes de licenciatura y posgrado. Es autora de nueve novelas, seis poemarios y dos libros de cuentos, entre otras publicaciones. Gran parte de su literatura está atravesada por su experiencia como presa política durante la última dictadura. Su nombre comenzó a circular en los medios académicos de Estados Unidos y de Europa cuando un capítulo de la que luego sería su primera novela publicada, Pasos bajo el agua (Contrapunto, 1987; Alción, 2006) ganó el premio Crisis en 1986. Al presentar su primera edición, la autora recibió amenazas.

Estudió Filosofía y Letras en la UNR y militó en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) cuando fue detenida en 1975. Estuvo presa en el sótano de la alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario hasta fines de 1976, cuando se la trasladó a la cárcel de Villa Devoto. Liberada en la Nochebuena de 1978, debió permanecer en el país un año y medio: seis meses en libertad vigilada más un infernal año de espera bajo amenazas, mientras perversamente se le negaba el pasaporte. Recién pudo exiliarse en 1980.

Entre 1983 y 1984, trabajó como jefa y directora de la biblioteca “Los Niños de las Américas” en Santa Bárbara, California. En 1984, después de nacer su hija Sara, regresó a la Argentina, radicándose en Buenos Aires, donde siguió escribiendo y publicó en diversos medios.

Pero en 1988 volvió a exiliarse con su hija por las amenazas recibidas a raíz de la publicación de  Pasos bajo el agua. En Los Ángeles, fundó y gestionó el “Taller Hispanoamericano de Cultura” y empezó a trabajar como docente de literatura en el Santa Monica College (de 2000 a 2010) y en Chapman University (desde 2008). Presentó sus libros en Europa y América, y dentro de los Estados Unidos.

Una serie de sueños que tuvo en prisión, que pudo escribir en un cuaderno carcelario al que logró sacar oculto durante su liberación, se convirtió en uno de los tres hilos conductores de El séptimo sueño, su primera novela. Los sueños se entrecruzan con viñetas que rescatan las conversaciones entre compañeras y se intercalan con utópicos pasajes dramatúrgicos que muestran la realidad al revés: los represores están presos y las presas los interrogan.

Impensable antes de los Juicios a las Juntas en 1985, pero demasiado obvia después, la escena utópica que recorre el libro fue uno de los motivos por los cuales la novela quedó inédita hasta hoy. Esta edición crítica la lee a la luz de toda la obra de Kozameh.

Salvo por este, por la pentalogía poética Sal de sangres y por un libro de crónicas sobre la cárcel política, Ofrenda de propia piel (2004), los títulos de Kozameh aluden al movimiento: Pasos bajo el agua (1987), 259 saltos, uno inmortal (2001), Patas de avestruz (2003), Basse danse (2007), Mano en vuelo (poesía, 2009), Natatio aeterna (2011), Eni Furtado no ha dejado de correr (2013) y Bruno regresa descalzo (2016).

Aun al narrar la realidad cruel del encierro en dictadura, el lenguaje de las ficciones de Kozameh y de su prosa poética es barroco y preciosista. Y al ritmo de su prosa, contundente e hipnótica, la memoria se mezcla con sueños y visiones. Su obra se sitúa así entre la literatura del lenguaje y el trabajo de la memoria en el testimonio político.

La entrada Se presenta «El séptimo sueño», de la narradora, poeta y ex presa política Alicia Kozameh, en la Biblioteca Argentina se publicó primero en El Ciudadano.

La actividad consistirá en un conversatorio del que también participará Julio Mas. ex combatiente de Malvinas y miembro del Centro de Ex Combatientes.

Este nuevo trabajo de Del Frade indaga en las consecuencias del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, su defensa sobre el capital y la empresa privada, y cómo esa trama llega hasta nuestros días, medio siglo después, con los hechos y los personajes que marcaron esta historia, desde las torturas, el secuestro y la desaparición de personas hasta la apropiación y el robo de bebés.

Carlos del Frade

Nació en Rosario el 5 de febrero de 1963, es periodista, escritor, investigador y desde 2015 es diputado provincial en Santa Fe –en la actualidad por el Frente Amplio por la Soberanía–, y en cada periodo se ha convertido en el legislador que más proyectos ha presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia.

Con la certeza de “la necesidad de escuchar bien, para contar mejor” a lo largo de casi cuatro décadas de trabajo periodístico, Del Frade recorrió muchos de los medios de Santa Fe y sufrió tanto la censura de los más grandes como el amor incondicional de los medios populares.

Sus investigaciones son referencias ineludibles a la hora de entender nuestro presente y poder proyectar un futuro más justo y sobreaño para las grandes mayorías. En la actualidad, además, expone los pesares y alegrías de la gente en un clásico: su ciclo radial “La Voz del Grillo”.

Qué pasó en la Quinta de Funes

Desde la reanudación de los procesos judiciales, la justicia federal de Rosario probó que entre septiembre del 77 y enero del 78, el Comando del Segundo Cuerpo del Ejército mantuvo secuestradas a 17 personas en la Quinta de Funes. La casa formaba parte del mismo circuito represivo que la Escuela Magnasco (Ov. Lagos y Zeballos), La Intermedia (Timbúes), La Calamita (Granadero Baigorria), la Fábrica de Armas Domingo Matheu (Francia al 4800) y el Batallón de Inteligencia 121 (Lamadrid al 400).

Los crímenes cometidos en la Quinta fueron juzgados en la causa Guerrieri que ya lleva cuatro elevaciones. La primera condena fue en 2010 y, de hecho, fue la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en la ciudad.

Santa Fe tuvo al menos 20 centros clandestinos pero la Quinta de Funes es uno de los pocos que es muy conocido a nivel nacional, porque fue el lugar donde se planificó la Operación México: un operativo militar que traspasó las fronteras y tuvo el objetivo de secuestrar a la cúpula de Montoneros. Fue ordenado por los generales Leopoldo Galtieri y Luciano Jauregui, pero fracasó y luego la quinta fue desmantelada, como hicieron tan comúnmente los represores durante aquellos años de genocidio.

Las víctimas secuestradas allí fueron: Jorge Novillo, Stella Hilbrand de Del Rosso, Eduardo José Toniolli (padre del diputado nacional Eduardo Toniolli), Raquel Negro, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Angel Tossetti, Oscar Capella, Marta María Forestello, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Pedro Retamar, María Reyna Lloveras y Teresa Soria de Sklater, Tulio Valenzuela, Fernando “Pipa” Agüero y Jaime Dri. Dri fue el único sobreviviente, los demás fueron desaparecidos. Todavía se busca a uno de los dos mellizos que dio a luz, más tarde durante su cautiverio, Raquel Negro, en pareja con Valenzuela. Su hija Sabrina restituyó su identidad en 2011.

La entrada Del Frade presenta su último libro en el espacio de memoria Quinta de Funes se publicó primero en El Ciudadano.

***

—Me emocionó mucho todo esto. Realmente es una historia que cada vez que aparece, y va a seguir pasando, cada vez que aparece la aparición genera esto: una explosión para adelante, para atrás, para los costados. Una suerte de conmoción colectiva y, bueno, eso es lo que me pasó a mí cuando me enteré. 

El martes 10 de marzo, el abogado Ramiro Fresneda salió de una reunión con el juez a cargo de la causa Enterramientos Clandestinos, llamó a Soledad Nívoli y le dijo lo que ella siempre pensó que no le iba a pasar: habían encontrado los restos de su papá Mario Alberto Nívoli, desaparecido en febrero de 1977.

El hallazgo es parte de la expedición del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que se inició en septiembre de 2025. Apenas cinco días después de empezar, se dio a conocer que habían encontrado restos humanos pero recién ahora se conocen las identidades. 

Soledad nació en Córdoba, creció en Santa Fe, estudió Psicología en Rosario, se recibió y vive en esta ciudad desde entonces. Mario Alberto Nívoli nació en Ucacha, Córdoba, el 25 de abril de 1948. Estudió ingeniería química en la Universidad Nacional de Litoral. Se casó con Graciela Gauchat. Su hijo mayor tenía dos años y Soledad tenía cuatro meses cuando lo desaparecieron en Córdoba. 

En la conversación, Soledad repone nombres de causas, términos jurídicos, el trabajo del EAAF y el del geólogo que dio el puntapié para todo esto. Conoce la cronología, es generosa con los datos que presenta de forma ordenada y clara. Dice que es como en las películas “cuando alguien tiene algún familiar con una enfermedad desconocida y entonces se pone a investigar y se hace investigador o se hace médico, se hace de todo. Bueno, algo así”.

Algo así le pasa a ella y a tantos, tantos familiares de personas desaparecidas por todo el país: aprenden para poder buscar, aprenden para poder conversar con los interlocutores pertinentes, aprenden para poder preguntar las preguntas que aún no fueron hechas o que aún no tienen respuestas.

—Recuerdo a mi mamá, una maestra de escuela normal teniendo que conocer un montón de vocabulario de abogados, de lenguaje jurídico. Yo también siento que tuvimos que hacernos un poco geólogas, un poco antropólogas forenses. Entender eso es difícil. Pero no solo por el lenguaje técnico sino porque también es difícil que a uno le entre en la cabeza la cantidad de cosas que hicieron con esos cuerpos. El zafarrancho, digamos. Todo lo que revolvieron. Por eso digo que nos costó entender que no era una fosa común, sino que era una fosa común que habían removido, que habían sacado de ahí con camiones, que habían rellenado y que luego ahí nació el monte. Luego entonces todo el camino de vuelta que hubo que hacer para entender. Cuesta alcanzar un conocimiento de eso.

La cosa es así: La Perla fue el centro clandestino de detención más grande del “interior” de Argentina, situado en las afueras de Córdoba capital, a unos 18 kilómetros de ahí. Se estima que ahí estuvieron secuestradas unas 2500 personas entre marzo de 1976 —empezó a funcionar apenas los militares dieron el golpe de Estado— y diciembre de 1978. El predio es militar y tiene unas 14 mil hectáreas. Si bien a través de cientos de testimonios siempre se señaló a aquel lugar, al ser tan enorme, ¿cómo encarar la búsqueda? Ahí entra el geólogo, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, al que Soledad aún no se anima a llamar pero quiere hacerlo: 

—¿Qué fue lo que finalmente determinó científicamente que ahí fuera el recorte para la expedición? En 2024 alguien encuentra en un archivo una foto satelital del año 79 que le permite comparar con una del 74. ¿Qué pasó en el 79? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a hacer una veeduría y es ahí donde, según testimonios, lo que hicieron los perpetradores fue agarrar las palas mecánicas, remover los cuerpos, llevarlos y taparlos para que nadie se entere. Entonces, lo que hace este geólogo es comparar esas dos fotos y empezar a revisar ahí donde él encuentra el rasgo antrópico, es decir con intervención del hombre en el terreno. Y además de tener los elementos de precisión actuales, después de finas y largas horas de observación, obviamente es una mirada entrenada, logra detectar las huellas de una retroexcavadora en ese terreno. Entonces logra recortar 10 hectáreas para ir a excavar, de las 14 mil del predio. De esas 10 hectáreas, 4 son de piedra, de un terreno super duro, entonces son 6 hectáreas. Sigue siendo un montón y son las que están excavando. Recién hicieron una campaña el año pasado que duró tres meses y en abril empieza una de cinco. Además, esta persona es muy sensible y lo primero que hace es cruzar lo que vio con testimonios de sobrevivientes. Les pregunta cuánto tardaban los camiones en ir y volver y cuando le dicen los minutos, saca cuentas y entonces ahí empieza a darse cuenta. Es un trabajo inmenso de alguien que tiene una cabeza muy, muy grande, muy enfocada también en cómo lograr esto que fue realmente un hallazgo y también es un antes y un después para su propia carrera. Es importantísimo esto que hizo.

A Soledad, geóloga aficionada, no se le escapa nombrar a todas las personas que se necesitaron para dar con este hallazgo. Entonces nombra también a “quienes pusieron el cuerpo para zarandear la tierra palmo a palmo, a ir encontrándose esos pequeños pedacitos, no sólo fueron los equipos de Antropólogos Forenses sino también una cooperativa de Córdoba, personas super humildes que se comprometieron desde minuto cero en esa búsqueda de la que participaron y se hicieron parte”.

La causa Enterramientos Clandestinos es de 1998 y Soledad, junto a 25 familias más, se constituyeron como querellantes hace un año. Con este dato de geología de la Universidad de Río Cuarto y con el apoyo del Eaaf y de organismos lograron impulsar esta excavación que empezó en 2025.

En Aparecida, Dillon escribe: “En el vaivén de la búsqueda, Antropólogos siempre fue un destino. Buscado porque al menos allí generan la ilusión de que algo se puede hacer. Porque lo que ellos rescatan de la sombra es algo concreto”.

El Eaaf existe desde 1984 y se convirtió en una referencia internacional para la búsqueda de personas víctimas de la desaparición forzada. Son profesionales, tiene rigurosidad técnica y trabajan con los familiares de estas víctimas “con la naturalidad de quien maneja cadáveres y el amor de quien sabe que esos cadáveres tienen nombre”, escribe Dillon en aquel libro.

—El trabajo sostenido hizo que jamás se abandonara la búsqueda, los familiares nunca abandonamos, los organismos tampoco, la justicia tampoco. Como que hay algo en ese camino que, aunque lento, fue persistente. Finalmente por eso causa esta conmoción ahora. Por eso este revuelo, porque son años y años y décadas y décadas de búsqueda. No te entra en la cabeza.

En estos días de una entrevista tras otra con diferentes medios del país, Soledad largó una frase poderosa: 

—Dejé de ser hija de un desaparecido.

Cuenta que recibió la noticia cerca de su pareja y de su hijo de 8 años. Que eso la ayudó a sostenerse. Que las preguntas de su hijo y de amiguitos de él, hicieron que de alguna manera “el abuelo Mario reingresara” a su historia familiar. Con su hermano y su tía están pensando en lo que sigue: qué ritual de despedida darle Mario Nívoli. En el Parque Scalabrini Ortiz, hace veinte años, plantaron un lapacho rosado en el Bosque de la Memoria. Quizá ese sea el sitio elegido para despedirse finalmente de él. Este 24 de marzo, como todos los años, marchó. Esta vez cambió su condición de hija. Allí estuvo por las calles de Rosario sosteniendo una bandera tejida, con inscripciones que aluden a su historia. En varias entrevistas estas semanas también habló de la sensación de alivio que sobrevino con la noticia. Soledad Nívoli pudo marchar, al fin, con una respuesta después de tantas décadas de preguntar: ¿dónde está?

La entrada Soledad Nívoli marchó este 24 de Marzo con lo que nunca había tenido: la respuesta de dónde estaba su papá se publicó primero en El Ciudadano.

El evento se inscribe en la serie de proyecciones, recitales y encuentros que este espacio propicia desde principio de año en el marco del 50° aniversario del último golpe militar en Argentina.

Esta vez, la actividad en Casa Fracassi incluye una propuesta multimedia; música en vivo a cargo de Huahui Basualdo y Naza Rodriguez y Zapateá Lechuza. Además habrá un espacio de serigrafía y tatuajes transitorios.

La entrada es libre y gratuita. Al lugar se accede por escaleras.

La entrada «Nunca se han ido»: el centro cultural Madres de Plaza 25 de Mayo Rosario homenajea a los desaparecidos de la ciudad se publicó primero en El Ciudadano.

La entrada Quién fue Lila Pastoriza, la periodista y sobreviviente de la Esma que murió esta semana se publicó primero en El Ciudadano.