El hotel está administrado por una cooperativa luego que la patronal provocara el cierre del mismo y abandonara las instalaciones tras haber construido el edificio con un crédito del ex Banade, que nunca pagó. Es la cuarta vez que una medida judicial arremete contra los cooperativistas
Los trabajadores de la cooperativa del Hotel Bauen prosiguieron esta lunes con una jornada cultural como una forma de resistencia ante la nueva orden de desalojo del edificio de Callao 360 en el centro porteño, que mantienen en funciones desde 2003. La orden fue emitida por la jueza Paula Hualde. En el mismo edificio, además, funcionan otras cuatro cooperativas que también corren serio peligro ante el eventual desalojo.
La jornada contó con la incesante presencia y apoyo de una importante cantidad de referentes sociales, sindicales y políticos.
En 2007, 2012, 2014 y 2017 los trabajadores de la cooperativa pasaron por situaciones similares, que lograron revertir. Esta nueva orden de desalojo representa una amenaza para los cerca de 100 cooperativistas que trabajan en el hotel pero también para los 70 integrantes de las otras cuatro cooperativas que allí funcionan, que conforman el Espacio Cooperativo Bauen: las redacciones de La Garganta Poderosa y Revista Cítrica, la cooperativa de artistas El Descubridor y el almacén del Movimiento Popular La Dignidad.
La orden de desalojo deviene de un reclamo generado por Mercoteles SA, empresa perteneciente al grupo Bauen, que construyó el edificio con un crédito impago al ex Banade, otorgado por la dictadura cívico-militar para ampliar la oferta hotelera del Mundial 78, dinero público que nunca fue devuelto al Estado Nacional. En diciembre de 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando a todos los trabajadores en la calle y abandonando las instalaciones.
En 2003 el hotel fue recuperado por los ex empleados y desde ese momento es una empresa gestionada por sus trabajadores. Esta nueva embestida contra los trabajadores del Bauen se da luego del veto del presidente Mauricio Macri a la ley de expropiación votada por amplia mayoría por el Congreso nacional en 2016.
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