Según los datos del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti (La Mecha), al 12 de octubre de 2026 se registraron 206 muertes violentas por razones de género en Argentina, lo que representa un promedio desgarrador de un femicidio cada 33 horas
Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue encontrada envuelta en una frazada en el interior de un departamento en Juan José Paso al 6200 este domingo. El acusado, de 37 años, es un ex efectivo exonerado de la fuerza de seguridad con antecedentes por narcotráfico. Su muerte se suma a la larga lista de femicidios que se cometieron este año en un contexto de alarma constante.
La historia de Bárbara no es un hecho aislado: es el reflejo de una estructura violenta que se sostiene mes a mes. Según los datos del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti (La Mecha), al 12 de octubre de 2026 se registraron 206 muertes violentas por razones de género en Argentina, lo que representa un promedio desgarrador de un femicidio cada 33 horas. Ningún mes completo del año bajó de los 17 casos.
El informe revela que, cuando la información sobre antecedentes existe, la advertencia previa era clara: en 63 de los 65 casos con datos existía violencia previa y en 29 de ellos las víctimas habían radicado denuncias. Sin embargo, la respuesta estatal no llegó a tiempo. Además, la mitad de los crímenes a nivel nacional (105) fueron cometidos por parejas o exparejas y el 60% (124 casos) ocurrió dentro de una vivienda, el lugar que debería ser de refugio.
A este escenario se suma la impunidad previa al juicio: solo 94 agresores (46%) están detenidos, 34 se suicidaron —extinguiendo la causa penal— y 44 continúan libres o prófugos, dejando a al menos 108 hijos e hijas huérfanos de madre en todo el país.
Para la referente del espacio, Norma López, la clave es tener un Estado presente. «Frente a la violencia de género, la única respuesta válida de un Estado comprometido es la presencia rápida, oportuna y preventiva. No podemos permitir que se debiliten, vacíen de recursos o desmantelen los espacios de asistencia previa, los refugios, las redes de contención territorial y los equipos interdisciplinarios. Cuando se quitan presupuestos y herramientas de prevención, se deja a las mujeres en absoluta desprotección. Exigimos un Estado que proteja, escuche y acompañe desde el primer momento», sostuvo.
Santa Fe y Rosario: la violencia machista cruzada por las armas
El impacto de esta problemática adquiere dimensiones críticas en la provincia de Santa Fe, que registra la segunda tasa más alta de femicidios del país (2,02 por cada 100.000 mujeres, 2,3 veces la media nacional) y concentra el 18% de los casos con solo el 7,7% de la población femenina de Argentina.
De los 37 femicidios santafesinos
• El 43% se cometió con arma de fuego.
• 31 ocurrieron fuera de contextos de criminalidad y 25 sucedieron dentro de una vivienda, lo que demuestra que las políticas enfocadas exclusivamente en la seguridad general o el narcotráfico no modifican la violencia intradomiciliaria.
• En los 6 casos ocurridos en contexto criminal, la impunidad es casi total: solo hay un agresor detenido.
• 6 casos en el país involucran a integrantes o exintegrantes de fuerzas de seguridad (5 de ellos con armas de fuego), de los cuales 2 sucedieron en Santa Fe, reavivando la discusión sobre el control de armas en estas instituciones.
El departamento Rosario representa el epicentro de la crisis provincial, reuniendo 20 de los 37 casos de Santa Fe (54%). A diferencia de la dinámica nacional, solo 4 de los 20 femicidios rosarinos fueron cometidos por parejas o exparejas, evidenciando cómo la violencia de género en la región se encuentra atravesada y complejizada por la violencia armada y territorial.
La disputa por la figura penal: el peligro de achicar la protección
El relevamiento pone el foco en el riesgo de restringir la aplicación de la figura del femicidio (artículo 80, inciso 11 del Código Penal) exclusivamente a situaciones donde exista un vínculo de pareja o expareja.
De exigirse dicho vínculo previo
• A nivel nacional: quedarían sin la figura específica 101 de los 206 casos (49%).
• En la provincia de Santa Fe: quedarían en duda 22 de los 37 casos (59%).
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• En el departamento Rosario: la desprotección alcanzaría al 80% de los hechos (16 de 20 casos).
Esta restricción dejaría fuera de la perspectiva de género a investigaciones de transfemicidios (8 de los 9 registrados) y femicidios vinculados (17 de 18). Como concluye el informe, la neutralidad del tipo penal no iguala vidas, sino que invisibiliza los mecanismos de dominación.
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