Sostienen que la nueva instancia de salvataje dispuesta por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, pone en riesgo los puestos laborales. Se suma a una convocatoria que hubo hace algunos días en Avellaneda
Empleados de Vicentin San Lorenzo convocan para este martes a las 19 a una concentración en la vecina localidad para manifestarse contra la apertura del proceso de cram down dispuesta hace algunos días por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini.
El grupo de trabajadores ya expuso su rechazo a esta nueva instancia judicial de salvataje y manifestó preocupación por el futuro de los puestos laborales en el marco de este nuevo proceso.
La convocatoria es para este martes a las 19 en la esquina de San Martín y Urquiza, en San Lorenzo. “No al cram down, no a la quiebra”, dice el comunicado difundido durante este fin de semana.
La semana pasada un grupo de trabajadores se concentró en Avellaneda frente a las oficinas de la empresa. Luego, se movilizaron hasta el juzgado del juez Lorenzini, en Reconquista, rechazando la decisión judicial de abrir el cram down y pidiendo concretamente la homologación del concurso.
La iniciativa en el norte de Santa Fe contó con la presencia de Gonzalo Braidot, intendente radical de Avellaneda, y Orfilio Marcón, senador departamental de la misma agrupación política.
El cram down (o salvataje) fue dispuesto hace algunos días por el juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, luego de rechazar la oferta elevada por los directivos de la agroexportadora en default.
Se trata de un mecanismo de última instancia que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control. La disposición está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos para darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía.
Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que reúnen a los más poderosos jugadores del sector, señalaron a través de un comunicado que “es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen” en el proceso de Vicentin.
La comunicación agregó que “violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y, asimismo, aleja las inversiones en el país”, aunque no precisó en qué hechos se sustenta una posible transgresión.
En el mismo texto, los agroexportadores dijeron que “si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”.
“Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria”, agregaron.
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