La decisión se tomó en una audiencia solicitada por la defensa. A pesar de la oposición fiscal, el juez hizo lugar y la mujer policía cumplirá la prisión preventiva en su casa, previa colocación de una tobillera electrónica
Karina Laura Gómez es una de las uniformadas que fue imputada el mes pasado por el crimen de Carlos «Bocacha» Orellano cometido el 24 de febrero del 2020 en el boliche Señor Ming River House. Este martes, a pedido de su defensor, se hizo una audiencia de revisión de medida cautelar donde planteó un arresto domiciliario. En sus argumentos, el abogado dijo que es madre de un niño menor de edad y tiene a su cargo un familiar con discapacidad. El juez Román Lanzón hizo lugar al beneficio y cumplirá el arresto preventivo en su casa.
Bocacha, como sus allegados conocían a Carlos Orellano, tenía 23 años cuando el feriado de carnaval del año pasado fue a bailar con amigos al boliche que está ubicado en La Fluvial. Según la reconstrucción fiscal fue retirado del local por la fuerza luego de que aparentemente intentara ingresar a un sector vip. Fue golpeado y lo rodearon contra la baranda a la altura del Muelle III –casi frente a Ming –, y aprovechando su superioridad numérica y física lo golpearon y condicionaron a saltar la baranda y tirarse al río, contó el fiscal Patricio Saldutti en la audiencia que se llevó adelante casi un año después.
En ella, el funcionario imputó a Karina Gómez, su pareja Gabriel Nicolossi –ambos pertenecientes a la Policía provincial y ya acusados en diciembre pasado por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de documento público agravada en esta causa– y a los patovicas Emiliano López y Claudio Maidana por homicidio simple con dolo eventual.
Nicolossi estaba detenido preventivamente desde diciembre y en febrero el juez Gustavo Pérez de Urrechu dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para los cuatro. Ahora la policía Gómez pidió una revisión de la medida, dijo que es madre un un menor de 4 años y tiene a su cargo un familiar con discapacidad.
A pesar de la oposición de la Fiscalía a este beneficio, el juez Román Lanzón hizo lugar al arresto domiciliario. Además fijó que antes de volver a la casa a cumplir la medida preventiva, a Gómez se le colocara una tobillera electrónica, le prohibió la salida del país y su defensa entregará en forma voluntaria su pasaporte, según informaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
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