El prolongado despliegue criminal de la denominada «polibanda» sumó este jueves dos nuevas condenas en la capital provincial. A través de un juicio de procedimientos abreviados, dos funcionarios policiales admitieron su culpabilidad como miembros de una asociación ilícita dedicada a cometer asaltos domiciliarios bajo la modalidad de falsos operativos.
La resolución fue confirmada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, quien lidera la investigación en conjunto con la fiscal Mariela Jiménez. «El día de hoy se realizó la audiencia de procedimiento abreviado en relación a dos imputados que eran funcionarios policiales y que integraban una asociación ilícita», señaló el funcionario judicial en declaraciones a LT10.
Los dos uniformados condenados recibieron penas de 6 años y 8 meses de prisión en un caso, y de 5 años y 6 meses en el otro. Si bien se constató que no participaron de manera directa en el copamiento de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes ocurrido en noviembre de 2022, la Fiscalía probó su complicidad interna y su coautoría en otros golpes delictivos perpetrados en Los Zapallos y en la localidad de Recreo.
Cooperativismo criminal y roles de seguridad
Al ser consultado sobre la estructura de la banda —que ya cuenta con más de siete personas condenadas—, Hernández explicó que la organización no respondía a una jefatura única, sino que funcionaba de manera «cooperativa».
«Todos los integrantes llevaban información acerca de domicilios, bienes que podía haber, horarios de las familias en las que podía ser más seguro ingresar, y entre todos luego concurrían», detalló el fiscal. No obstante, aclaró que la estructura sí contemplaba la figura de organizadores, quienes tomaban las mayores decisiones respecto del «qué, el cómo y el cuándo» de los asaltos.
Uno de esos eslabones jerárquicos clave era un excomisario de la fuerza provincial que ya fue condenado previamente. Según la causa, los miembros de la banda se reunían en la propia vivienda de este jefe policial para coordinar la logística, definir si utilizarían uniformes oficiales para engañar a las víctimas y determinar quiénes participarían de cada golpe, dado que el tamaño de la banda obligaba a rotar a sus integrantes e incluso a convocar a civiles externos para hechos concretos.
El rol logístico de los uniformados
El entramado delictivo operó activamente al menos entre los años 2020 y 2023. La Fiscalía determinó que los policías que se encontraban fuera de servicio se encargaban de ingresar armados a las viviendas simulando allanamientos, mientras que aquellos que estaban en funciones permanecían en las inmediaciones de los objetivos. Su tarea era liberar la zona, brindar seguridad táctica y garantizar la no intervención de otros móviles policiales de la jurisdicción.
Con estas dos nuevas condenas firmes, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se encamina a cerrar la etapa penal contra los últimos cinco implicados que rechazaron el acuerdo de abreviado. El grupo remanente está compuesto por dos ex policías y tres civiles.
«Ya tenemos finalizada la acusación. Consideramos tener prueba suficiente para que estas cinco personas sean condenadas por los hechos atribuidos«, subrayó Hernández. Una vez presentada formalmente la acusación ante los tribunales santafesinos, se fijará la fecha de la audiencia preliminar para determinar las pruebas admitidas y agendar el inicio del juicio oral y público.
