Una seguidilla de destituciones, arrestos y denuncias salpica al organismo encargado de perseguir el delito en la provincia. Tras la caída de Mariano Ríos Artacho por el desvío millonario de fondos judiciales, la Fiscal General María Cecilia Vranicich aseguró sentirse “defraudada”, pero remarcó que el organismo “no tolera ni tolerará hechos de corrupción”
Vranicich reconoció sentirse “institucionalmente defraudada” por el accionar atribuido a exfuncionarios del organismo, pero enfatizó que las investigaciones en curso demuestran que el sistema de control interno está funcionando
La trama judicial santafesina volvió a sumar capítulos escandalosos en las últimas horas. La destitución del fiscal de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros —a quien la Legislatura desplazó tras descubrirse que simuló el robo de las cubiertas de su propio auto para cobrar el seguro— y el arresto del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho —imputado por el desvío de más de 400 millones de pesos desde cuentas judiciales— sacudieron nuevamente las bases del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Con estos hechos, la nómina de funcionarios y exintegrantes del cuerpo de fiscales salpicados por imputaciones penales, remociones o condenas ascendió a al menos diez personas desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en la provincia.
Tras la detención y posterior imputación de Ríos Artacho, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, salió a fijar postura sobre el impacto de las causas penales que salpican al cuerpo acusador.
Vranicich reconoció sentirse “institucionalmente defraudada” por el accionar atribuido a exfuncionarios del organismo, pero enfatizó que las investigaciones en curso demuestran que el sistema de control interno está funcionando:
“El MPA no tolera ni tolerará corrupción en sus filas. Que sea el propio Ministerio Público el que investiga, persigue e imputa a quienes habiendo sido fiscales cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones es una muestra de transparencia institucional y de que las instituciones funcionan sin privilegios”, sostuvo la jefa de los fiscales santafesinos.
Los expedientes que involucran a miembros de la Fiscalía abarcan desde esquemas orgánicos de corrupción e impunidad hasta el uso de herramientas informáticas y escuchas ilegales.
Patricio Serjal (Rosario): El ex fiscal regional de Rosario fue condenado a 9 años de prisión por cobrar sobornos e integrar un esquema de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti.
Gustavo Ponce Asahad (Rosario): Ex fiscal adjunto condenado a 3 años de prisión por su participación en la misma trama de corrupción tras acogerse a la figura de arrepentido.
Mariano Ríos Artacho (Rosario): Detenido e imputado recientementemente como presunto jefe de una maniobra para desviar más de 400 millones de pesos de cuentas bancarias judiciales para saldar deudas personales vinculadas a la ludopatía y negocios paralelos entre 2017 y 2024.
Diego Rodríguez y Barros (San Jorge): Destituido en sesión conjunta de la Legislatura tras fraguar el robo de neumáticos de su vehículo e ingresar de forma no autorizada al sistema informático Heimdall del MPA para intervenir en causas personales.
Fernando Rodrigo (Rosario): Condenado a 3 años de ejecución condicional tras comprobarse que ordenó escuchas telefónicas ilegales contra su expareja y su entorno interconectando sus líneas en expedientes judiciales en trámite.
Mauro Blanco (Venado Tuerto): Removido de su cargo y bajo prisión domiciliaria por presuntos vínculos informales con investigados por narcotráfico e irregularidades patrimoniales.
Rodrigo González (Reconquista): Condenado a 3 años de prisión condicional en las derivaciones de la causa por juego ilegal en el norte provincial.
Matías Edery (Rosario): Suspendido en 2024 tras ser imputado por presunto encubrimiento e irregularidades en el manejo de una informante
Leandro Benegas (Vera): Imputado en una causa por abuso sexual; actualmente afronta el proceso penal bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
Melisa Serena (San Lorenzo): Imputada en 2021 por conversaciones ligadas a la red de juego ilegal; su legajo penal terminó archivado en 2023 y continúa en funciones.
Más allá de los estrados penales, desde la Auditoría General de Gestión del MPA se aplicaron en los últimos años más de 15 sanciones disciplinarias —que van desde suspensiones de haberes hasta aperturas de sumarios graves— a fiscales de distintas circunscripciones por faltas éticas, administrativas o inactividad injustificada en el trámite de legajos judiciales.
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