Además de los ex inmuebles ferroviarios en la ciudad, se incluyen otros ubicados en Santa Fe, en Cañada de Gómez, San Cristóbal, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. Entre los argumentos oficiales, está el de "superar la crisis" y "conjurar el grave riesgo de un deterioro de la situación social"
El Gobierno del presidente Javier Milei dispuso que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) venda numerosos inmuebles pertenecientes al Estado Nacional «que resultan innecesarios para su funcionamiento». Los terrenos sujetos a enajenación se detallan en el Decreto 950/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, donde figuran varios en Rosario: en las zonas de Puerto Norte y barrio Refinería, todos ellos de alto interés para proyectos inmobiliarios.
Desde el Gobierno argumentan que la medida busca generar recursos que ayuden a enfrentar la actual crisis económica y mejorar la eficiencia en la administración pública. Es decir, obtener ingresos desprendiéndose de bienes públicos. Se trata de 309 predios en todo el país, entre los cuales hay varios ex inmuebles ferroviarios en Rosario: los correspondientes, según la descripción del anexo al Decreto, de los correspondientes a las estaciones Embarcaderos de la Línea Belgrano y Ludueña de la Línea Mitre.
En esas zonas, por ejemplo, hay un asentamiento irregular cuya erradicación está en juicio, los galpones de la ex fábrica Trechel ahora gestionados por una cooperativa y una casona utilizada por la Municipalidad de Rosario, además del terreno donde suelen instalarse los circos que llegan a la ciudad para dar funciones.
El Decreto, que lleva las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que la AABE será la encargada de ejecutar la venta de los inmuebles que no han sido enajenados previamente y que estaban sujetos a venta por normativas anteriores. En este punto, cita otros decretos de os años 2016, 2017, 2018 y 219, junto a Decisiones Administrativas de 2018 y 2019.
Además de los de Rosario, se incluyen otros inmuebles nacionales ubicados en Santa Fe, en las ciudades de Cañada de Gómez, San Cristóbal, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán.
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Según se informó, la decisión se enmarca en un plan más amplio del Gobierno para reducir los costos operativos del Estado, evitando así el mantenimiento de «propiedades ociosas». Sin embargo, se excluyen, de entre los terrenos autorizados, algunos que el Ejecutivo considera de carácter estratégico: establecimientos militares en Córdoba, Corrientes y Mendoza y propiedades ubicadas fuera del país. También, deja afuera de la venta inmuebles «que están comprometidos legalmente o que han sido revertidos al Estado Nacional».
«Mantener dichos inmuebles sin un destino asignado implicaría desatender intereses prioritarios del Estado nacional, por cuanto resulta pertinente autorizar a la AABE a disponer de aquellos», señala el texto publicado este viernes y desnuda el estado de las cuentas públicas en términos del paradigma de equilibrio fiscal que, ahora, el oficialismo intenta apuntalar con el desprendimiento de bienes públicos: «Con el fin de ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país y conjurar el grave riesgo de un deterioro de la situación social imperante, resulta oportuna la implementación de medidas como la que se impulsa«, agrega el Decreto 950.
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