Escándalo en el Registro Automotor de San Lorenzo: denuncia penal por apriete, remoción del interventor y recurso de amparo

Lo que comenzó como una transición administrativa tras el fallecimiento de la histórica titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor Nº 1 de San Lorenzo deriva hoy en un complejo entramado de acusaciones penales, amparos judiciales y sospechas de arbitrariedad en la asignación de cargos públicos en el sur santafesino, con legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza en primer plano.

La controversia escaló al plano judicial luego de que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) —dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación— dispusiera el cese del interventor saliente de la dependencia y nombrara en su lugar a un contador público.

«Ahogaron el sistema y ahora que vuelve a ser negocio nombran a dedo»

El trasfondo planteado por la querella apunta a un esquema de asfixia económica planificado. Según denunció el abogado de la víctima, Martín Marini, los registros seccionales sufrieron un proceso de vaciamiento progresivo durante los últimos tres años, período en el cual los costos de los trámites se mantuvieron congelados en medio de un contexto inflacionario severo.

De acuerdo con las estimaciones detalladas por el abogado, de las 1.500 dependencias que operaban en el país, cerca de 500 no lograron sobrevivir a la crisis económica generada por el desfase entre aranceles fijos y costos operativos crecientes (alquileres, sueldos de empleados e insumos).

Sin embargo, el escenario dio un vuelco reciente: con las nuevas actualizaciones y subas en las tarifas de los trámites registrales, la actividad volvió a proyectar altos márgenes de rentabilidad. La hipótesis de los denunciantes presentada ante la Justicia sostiene que, una vez restablecido el negocio económico, el organismo nacional activó el desplazamiento de los interventores que sostuvieron las oficinas durante el período de crisis para colocar reemplazos «designados a dedo», en un área de la cartera de Justicia controlada por el subsecretario de Asuntos Registrales, Gonzalo Estévez.

Aprietes telefónicos y denuncia en la Justicia Penal

El desplazamiento en San Lorenzo no se dio en un marco estrictamente formal. Previo a la notificación de la DNRPA, el abogado de la víctima, Martin Marini, formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia Federal tras una serie de llamadas e intimidaciones recibidas por el ex interventor vía WhatsApp.

Según consta en las actuaciones iniciadas por el letrado, personas no identificadas que afirmaban hablar en nombre de «aspirantes con contactos políticos» le exigieron dar un paso al costado en la oficina de calle Richieri 350. La presentación incluye registros de llamadas y capturas de pantalla, y solicita la intervención urgente de la Fiscalía para determinar la identidad de los interlocutores y establecer si existieron maniobras de coacción destinadas a forzar el vaciamiento y la entrega del local registral.

La ofensiva judicial: amparo federal y medida cautelar

Ante la efectivización de la remoción —notificada el propio 31 de agosto, el mismo día fijado para el cese de funciones—, los abogados de la víctima interpusieron una acción de amparo con medida cautelar de no innovar ante la Justicia Federal.

Entre las medidas, piden la nulidad del acto administrativo: la querella solicita declarar la nulidad absoluta de la Disposición N° 190 por vicios en la causa, motivación y desviación de poder (Art. 7 de la Ley 19.549), sosteniendo que el mecanismo de intervención fue desvirtuado.

También denuncian omisión sistemática del concurso público: sostiene que la repartición nacional eludió convocar al concurso público de oposición y antecedentes (Resolución N° 238/03), único canal legal y reglado para cubrir vacantes definitivas de titulares.

A la vez cuestionan la idoneidad del nuevo interventor: se objetó la asignación de un profesional ajeno a la materia registral automotor en sustitución de un funcionario que llevaba casi tres años en el cargo, capacitado por la propia titular fallecida y cuya idoneidad había sido reconocida de forma previa por el propio organismo nacional.

Por último, solicitan la custodia del patrimonio e inmueble: el recurso advierte que la sede física de calle Richieri forma parte de una propiedad privada, exigiendo la protección del mobiliario y la custodia de los más de 34.000 legajos automotores que integran el archivo del seccional.

«Un reparto discrecional de cargos»

En los fundamentos de la demanda, la representación letrada sostiene que la figura de la intervención es por naturaleza «excepcional, precaria y transitoria», destinada únicamente a garantizar la prestación ininterrumpida del servicio público mientras se sustancia el concurso correspondiente.

«La utilización de intervenciones sucesivas y el desplazamiento arbitrario de funcionarios idóneos transforma una herramienta de excepción en un mecanismo discrecional de asignación de cargos, violando las garantías del debido proceso y la transparencia administrativa», señala un pasaje del escrito presentado en los Tribunales federales.

En el mismo sentido, la presentación aclara que durante la gestión del funcionario saliente no se registraron sanciones, auditorías negativas ni quejas en la prestación del servicio.

A la espera de la resolución judicial

Con el recurso cautelar planteado por el abogado Marini, la magistratura federal deberá resolver en los próximos días si ordena la suspensión de la toma de posesión del nuevo asignado y si manda a la DNRPA a fijar un cronograma perentorio para el concurso público de la Seccional San Lorenzo Nº 1. En paralelo, la causa por presuntas coacciones continúa su trámite en sede penal.