Las empresas intimadas a dar marcha atrás con las subas ya son 23
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) amplió la medida cautelar contra las prepagas a 5 empresas más, con el objetivo de que retrotraigan los aumentos a diciembre del año pasado y se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en los últimos cuatro meses.
El organismo estatal incorporó al Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora, a la denuncia por “abuso de las empresas de medicina prepaga en la determinación de los aumentos de cuotas de sus usuarios”, según explicaron desde el Gobierno.
Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre y que la justicia disponga la devolución de las subas que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos meses.
Asimismo, desde el Ejecutivo precisaron que “la medida cautelar de la Superintendencia se basa en resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas”.
Las prepagas investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria, y que se ven alcanzadas por la medida son:
Al respecto de la cautelar, fuentes oficiales indicaron que “no se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia”.
Además, señalaron que “el Gobierno desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas, y con el de impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”.
En tanto, desde el Ejecutivo precisaron que “esta es una acción independiente a la medida tutelar por cartelización que también avanza en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.
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