Seguridad: hacia un modelo con mayor capacidad de anticipación, investigación y respuesta

Por Martín Rosúa (Diputado Provincial UCR–UNIDOS)

Durante mucho tiempo discutimos cómo limitar el poder del Estado. Y ese debate fue necesario. Las garantías constitucionales, el debido proceso y los derechos individuales son pilares de una democracia sólida.

Pero hoy tenemos otro desafío: ¿qué ocurre cuando el Estado pierde capacidad frente a organizaciones criminales que usan tecnología, control territorial y violencia para imponer sus propias reglas?

La realidad cambió. Y cuando la realidad cambia, el Estado también tiene que actualizar sus respuestas.

El gobierno de Santa Fe impulsa una reforma integral destinada a fortalecer la seguridad pública y la capacidad de persecución penal frente a fenómenos criminales complejos y organizados.

La discusión de fondo no es si queremos más o menos Estado. La discusión es qué tipo de Estado necesitamos.

Porque un Estado que llega tarde, que actúa con herramientas pensadas para otra época o que pierde capacidad de respuesta, termina dejando espacios vacíos que otros ocupan. Y muchas veces esos espacios son ocupados por organizaciones criminales.

La seguridad también es un derecho

Por eso la propuesta busca una modernización profunda del sistema de seguridad y justicia penal. El objetivo es fortalecer la capacidad estatal para prevenir, investigar y responder mejor frente a nuevas modalidades delictivas.

La idea central es pasar de un modelo puramente reactivo —que muchas veces interviene cuando el daño ya ocurrió— a un modelo con mayor capacidad de anticipación, investigación y respuesta.

Hoy tenemos organizaciones criminales que utilizan teléfonos y redes sociales para coordinar delitos, internos que siguen ordenando hechos violentos desde establecimientos penitenciarios, inmuebles convertidos en plataformas criminales, circulación ilegal de armas y territorios donde la violencia se concentra de manera sostenida.

Frente a esa realidad, un Estado que actúa solamente después del daño termina siendo insuficiente.
Porque cuando el Estado pierde capacidad, las garantías quedan escritas en un papel, pero muchas veces dejan de convertirse en protección efectiva para las víctimas.

Cuando el delito cambia, el Estado también debe cambiar

La respuesta es una reforma integral que modifica el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia criminal, el fondo de recompensas, la ley orgánica policial y el régimen contravencional.

La finalidad es construir un sistema más coordinado, más moderno y con mayor capacidad de intervención frente a delitos complejos.

No se trata de enfrentar seguridad contra derechos.

Se trata de entender que no existen derechos reales si el Estado carece de capacidad para garantizarlos.

El Estado deja de actuar únicamente después del daño y comienza a incorporar herramientas para prevenir riesgos, detectar situaciones críticas, interrumpir dinámicas criminales y fortalecer su capacidad de respuesta.

Esto incluye inteligencia criminal digital con autorización judicial, mecanismos para impedir que desde las cárceles se continúen organizando delitos, intervención sobre inmuebles utilizados para actividades ilícitas y respuestas focalizadas en territorios donde la violencia se volvió persistente.

Las bandas criminales evolucionan, utilizan tecnología, se adaptan rápidamente y encuentran nuevas formas de organización.

El Estado también tiene que evolucionar.

El debate que viene

La pregunta que tenemos por delante es simple:

Si el delito se organiza mejor, se comunica más rápido y utiliza más violencia, ¿el Estado puede seguir respondiendo con las mismas herramientas de siempre?

Nosotros creemos que no.

Creemos en un Estado con límites, controles y garantías, pero también con capacidad real para proteger a la sociedad.
Porque cuando el Estado retrocede, alguien ocupa ese lugar.

Y muchas veces lo ocupan las organizaciones criminales.

Santa Fe necesita reglas modernas para problemas actuales.

Y esa es la discusión que viene.