Tras el crimen de Máximo, piden medidas para proteger a niños y niñas de la violencia en Rosario

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, dijo que «urge que se tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de niñas y niños víctimas de la violencia criminal, respetando los estándares de derechos humanos», en referencia a la situación que vive Rosario, donde 2 de cada 10 homicidios afectaron a niñas, niños y adolescentes de hasta 19 años, se informó oficialmente.

Aunque la violencia criminal impacta en todas las grandes ciudades de la región, «en el Departamento de Rosario amerita acciones urgentes ya que la tasa de homicidios es mucho mayor a la tasa nacional», indicó la Defensoría en un comunicado.

El domingo pasado, Máximo «Maxi» Jerez de 11 años fue asesinado en una balacera narco en Rosario, donde ocurrieron en 2022 el 70,7% del total de los homicidios de la provincia de Santa Fe.

Mientras que a nivel nacional en 2021 hubo 4,6 homicidios cada 100 mil habitantes según datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, en la provincia de Santa Fe esta tasa se duplicó (10,1) y en Rosario se cuadruplicó (18,8).

En 2022 la tasa de homicidios en la provincia de Santa Fe subió a 11,3 y la de Rosario a 22,1 homicidios cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Seguridad Pública provincia de Santa Fe.

A su vez esta tasa es la más alta desde que se tiene registro (Año 2014).

En tanto, 2 de cada 10 homicidios en Rosario afectaron a niñas, niños y adolescentes de hasta 19 años en 2022.

El 4,5% del total de víctimas de homicidio tenían entre 0 y 14 años y el 15,4% entre 15 y 19 años, remarcaron y añadieron que «estas proporciones son levemente superiores a las que se dan en el total de la provincia».

A lo largo de los últimos años se duplicó la proporción de chicas y chicos de 0 a 19 años víctimas de homicidio, que pasó de representar el 10,5% de las 212 víctimas de homicidio de Rosario en 2019 al 19,9% de los 287 homicidios de 2022.

«La Defensoría dará seguimiento al diseño e implementación de políticas y programas de desvinculación de niñas, niños y adolescentes de las estructuras de grupos delictivos que estén primordialmente orientados a la restitución de derechos con presencia efectiva del Estado en sus tres niveles», subrayó.

En ese sentido, destacaron la ejecución de «políticas públicas de urbanización, alumbrado, centros de acceso a la justicia, escuelas, salas de primeros auxilios y programas de transferencia de ingresos: AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar, alcanzando el máximo de la cobertura posible».

El organismo señaló que «la violencia criminal que termina con la vida de niñas, niños y adolescentes de los sectores más vulnerables o se sirve de ellos para sus propósitos responde a problemas multicausales» que implican «la restitución de derechos económicos sociales y culturales».

Y sostuvo que «la gravedad de la situación y las características del delito hace indispensable una articulación efectiva y sostenida con los tres niveles de gobierno, local, provincial y nacional» como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe sobre violencia, niñez y crimen organizado de noviembre 2015 titulado «Las niñas, niños y adolescentes de hecho representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y de vulneraciones a derechos, así como por el actuar del crimen organizado».

El informe recomienda revisar las actuales políticas de seguridad ciudadana, y su implementación práctica, con el objetivo de asegurar que las mismas sean respetuosas de los derechos humanos y a la legalidad, y con perspectiva de género.

Además, la modificación de las actuales políticas sobre venta y posesión de armas de fuego con el objetivo de ejercer un mejor control sobre el número de armas y municiones en circulación.

También, desarrollar y profundizar en el modelo policial su modernización, profesionalización y democratización.

Recalca que es prioritario llevar la presencia policial a las zonas más vulnerables, con unidades formadas especialmente en la prevención, el abordaje de problemas de convivencia social.