Causa juego clandestino: imputaciones, denuncias de irregularidades y una disputa que se libra a tres bandas

El entramado judicial por la explotación del juego clandestino y la corrupción institucional en la provincia de Santa Fe sumó un capítulo clave el pasado jueves 4. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, José Luis Caterina y Marisol Fabbro, formalizaron la imputación contra seis personas señaladas como eslabones de la organización: cuatro abogados, un ex legislador y un empresario y a la vez ex piloto de Fórmula 1.

A todos se les atribuyen cargos como asociación ilícita simple y tráfico de influencias, en el marco de sus vínculos con el capitalista de juego Leonardo Peiti, quien aspiraba a obtener la concesión del juego online en la provincia, que terminó adjudicada por decreto.

Sin embargo, el avance de la causa central se da en un escenario de extrema tensión legal, cruzado por denuncias de irregularidades, apelaciones y recursos de nulidad que mantienen en vilo el desenlace de la megacausa.

Los nuevos imputados bajo la lupa

La audiencia realizada ante el juez Alejandro Negroni puso el foco en un grupo que, según la Fiscalía, cumplía roles específicos para la estructura criminal, incluyendo esfuerzos para ocultar o disimular el origen y destino de los fondos:

Oscar «Popi» Larrauri: Empresario frigorífico y ex piloto de Fórmula 1.

Marcelo Darío Scataglini: Exdiputado provincial.

Aníbal Porri: Abogado históricamente ligado a la Guardia Urbana Municipal (GUM) y al Sindicato de Trabajadores Municipales. Su teléfono fue secuestrado en 2020 tras detectarse filmaciones de reuniones con otros implicados en un terreno baldío.

Fernando Moschini: Su imputación genera un fuerte temblor institucional. La fiscalía lo vincula a los intereses del senador Armando Traferri y ya había intentado —sin éxito— recusar al camarista Javier Beltramone por su relación con este abogado. Su condición formal de imputado podría forzar cambios en el tribunal que debe revisar las condenas de la causa.

Alberto Tortajada: Profesional del derecho local.

José Fernández Chemes: Abogado penalista cuya situación desató una fuerte controversia en las horas previas a la audiencia.

La contraofensiva de las defensas y denuncias graves

Como ha ocurrido de manera recurrente en esta causa, los pasos procesales de la fiscalía fueron respondidos con denuncias cruzadas. En esta oportunidad, el abogado Víctor Corvalán (defensor de Fernández Chemes) elevó una presentación ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, denunciando dos hechos que considera de gravedad:

Presiones para un acuerdo: Corvalán denunció que la Fiscalía ofreció a Fernández Chemes, vía correo electrónico y bajo un plazo de 72 horas con reserva, convertirse en «imputado colaborador» (arrepentido) a cambio de beneficios penales. La defensa sostiene que es una «moneda de cambio» improcedente ya que el abogado argumenta que solo atendió a Peiti en causas civiles desde 2020 y que la iniciativa de colaboración debe surgir de la defensa, no del fiscal.

Extravío de pruebas: Se denunció la pérdida de la cadena de custodia y el posterior extravío de dos teléfonos iPhone secuestrados en el domicilio de Fernández Chemes, cuya información —según la defensa— fue extraída sin notificación previa y utilizada para imputar y condenar a otros involucrados.

Un escenario judicial trabado a «tres bandas»

Mientras el nuevo estandarte de imputados avanza, la validez misma del caso central se discute de forma simultánea en otros dos frentes judiciales decisivos:

1. La revisión de las condenas en la Cámara de Apelaciones

Los camaristas Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrín mantienen una prolongada deliberación para resolver las apelaciones presentadas por las defensas del exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal (condenado a 9 años de prisión), y del ex empleado judicial Nelson «Coqui» Ugolini (condenado a 5 años). Fuentes del caso especulan que la demora refleja la falta de acuerdo entre los magistrados respecto a unas penas que las defensas catalogan como «desproporcionadas y arbitrarias».

2. El planteo de nulidad de Armando Traferri

El senador provincial Armando Traferri, señalado de forma insistente por los fiscales como el presunto jefe de la organización, presentó una acción declarativa de certeza contra el Estado provincial solicitando la nulidad de la sentencia de primera instancia dictada en noviembre pasado por los jueces Foppiani, Becerra y Marcogliese.

«Se dictó como consecuencia de un juicio en el que no fui parte, aunque igualmente se me juzgó, atribuyéndome hechos delictivos que se abastecieron con prueba de cargo que no controlé; es decir, sin que pudiera defenderme», argumentó Traferri a través de sus abogados de confianza.

El legislador advirtió que la resolución lo coloca ante una «opción de hierro» que podría forzar a futuros jueces a dictar sentencias contradictorias o nulas. Tras permanecer bajo suspenso desde abril, el tribunal integrado por Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni será el encargado de definir este recurso.

Traferri también cuestionó la validez de los acuerdos de «arrepentidos» alcanzados originalmente con Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, señalando que en ese momento se utilizó una figura legal inexistente en el código procesal santafesino.

Incertidumbre institucional

El devenir de la causa ingresa en terreno crítico. Aunque la Fiscalía logró sentar en el banquillo de los imputados a un nuevo eslabón de la estructura jurídica y política de la región, la partida decisiva se juega en los despachos superiores. Lo que resuelva la Cámara de Apelaciones sobre las condenas vigentes y el planteo constitucional de Traferri terminará por moldear el destino final de la investigación por corrupción pública más resonante de los últimos años.