Protesta en Tribunales de Rosario contra el proyecto que endurece penas por falsas denuncias

La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convoca a una concentración este jueves 23, a las 10, en las escalinatas de los tribunales provinciales (Balcarce y Pellegrini) para pedir a la Justicia que “defienda a las niñas, los niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales”. El reclamo llega en el marco de lo que denuncian como una “campaña mediática que busca desinformar a la población para instalar la idea de que las denuncias por abuso sexual o violencia de género son falsas y que los varones son las víctimas”, que encuentra su pata legislativa en un proyecto de la senadora Carolina Losada —que obtuvo dictamen favorable de comisión— para endurecer las penas por falsas denuncias cuando involucren violencia de género, abuso sexual o menores.  

“Este proyecto tiene un único y claro objetivo: amedrentar a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género. Es de un enorme retroceso cultural porque el debate de las falsas denuncias se da en el contexto donde muere una mujer por día por femicidio en Argentina, y 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 11 varones sufrió algún tipo de violencia sexual en su infancia o adolescencia. Buscan callar a las mujeres y buscan impunidad porque los delitos contra la integridad sexual muchas veces tocan a los poderosos”, dijo a El Ciudadano Lucrecia Aranda, en representación de la Asamblea.

Según refirió, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, en un comunicado elaborado por el Observatorio de Violencia de Género que funciona bajo su órbita, sostuvo que la instalación de una supuesta epidemia de falsas denuncias carece de sustento empírico y genera efectos regresivos. Además, destacó la preocupación por que determinadas propuestas legislativas partan de diagnósticos erróneos y puedan traducirse en obstáculos adicionales para el acceso a la Justicia.

Citó además datos del Ministerio Público de la Acusación, según los cuales en 2025 ingresaron 4.984 denuncias por delitos contra la integridad sexual en la provincia de Santa Fe, de las cuales, 3.683 avanzaron a la investigación penal preparatoria. Sin embargo, sólo el 7,1% terminó en una condena. 

“No se condena por los estándares probatorios que exige el sistema penal. Este tipo de situaciones pasan en el más oscuro de los secretos. Ningún abusador lo hace en público. Además, siempre hay una amenaza sobre la víctima, quien está en una relación desigual de poder”, señaló Aranda. 

“Es absurdo imaginar a 5.000 madres manipulando a sus hijos —como se sostiene en este discurso orquestado— para atravesar una situación tan compleja como un proceso penal donde sólo el 7,1% de las denuncias llega a una condena. La problemática es que la familia, y particularmente la madre, se siente absolutamente culpable de no haber prevenido y protegido el abuso. La mujer muchas veces es víctima de violencia psicológica, física o de algún tipo de abuso. El abuso sexual infantil es un delito terrible que provoca daños muy profundos tanto en la persona que lo sufre como en su entorno”, agregó. 

Otro de los datos que citó es una encuesta del Indec publicada en 2017 que señala que 9 de cada 10 personas que sufrió algún tipo de violencia sexual no la denunció por desconfianza en el sistema. “En este tipo de delitos el porcentaje de denuncias es muy bajo. No se denuncia por lo duro que es atravesar entrevistas donde te repreguntan, te someten a revisaciones médicas y exponen la vida más íntima y personal. La Justicia tiene un déficit y un sesgo absolutamente patriarcal en la investigación de este tipo de delitos y siempre toda la carga de la prueba cae sobre el menor, su cuerpo y sus dichos”, reflexionó. 

También apuntó contra los procesos de investigación judicial: “Los tiempos de hacer una entrevista en cámara Gesell se extienden muchísimo, a veces hasta 8 o 10 meses. Es un espacio institucional. A un niño que ha sido abusado seguramente le va a costar sentirlo como un espacio seguro. En tanto, la Justicia desestima lo que le contó a la maestra o a otra mamá que, muchas veces, es lo que originó la denuncia”.

Retroceso cultural

La senadora Carolina Losada presentó un proyecto para endurecer las penas por falsas denuncias y testimonios cuando se vinculen a situaciones de violencia de género, infantil o abusos sexuales. Este miércoles hubo un conversatorio en el Senado del que participaron referentes de los feminismos, especialistas en derecho y madres protectoras, quienes concluyeron que la iniciativa generará impunidad y disciplinamiento. 

“Modifica tres artículos del Código Penal que refieren a las falsas denuncias, al falso testimonio y al encubrimiento. En los delitos, las falsas denuncias no superan el 1%. El artículo 245 impone una pena de prisión de 2 meses a 1 año a quien denuncie falsamente. La senadora Losada dice que si la denuncia fuera por delitos de violencia de género, familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual, la pena sería de 3 a 6 años. El falso testimonio, reprimido con 1 mes a 4 años de prisión, subiría de 2 a 8 años. Hoy es muy difícil encontrar profesionales que acompañen y que hagan informes. Van a existir cada vez menos si los amenazás con una condena de 8 años de prisión”, señaló Aranda. 

“El problema con el abuso sexual infantil es que está superextendido, invisibillizado y es enormemente difícil denunciarlo. Es totalmente lo opuesto a lo que plantea el proyecto, que resulta un regodeo de la brutalidad”, agregó.

Desde la Asamblea denuncian que la intención detrás de este proyecto es silenciar a las víctimas y lograr la impunidad de los poderosos: “Es un proyecto de la derecha fascista internacional. La intencionalidad es que no se denuncien los abusos sexuales y que mujeres que —gracias a toda la lucha del movimiento de los feminismos y de la diversidad— dejaron de soportar golpes y empezaron a denunciar esos vínculos violentos, se callen”. 

“Es un proyecto de clase. Pensemos en causas resonantes de personas con mucho poder denunciadas por familiares cercanos o implicadas en delitos de violencia o abuso sexual. El proyecto busca garantizar la impunidad de los poderosos y que las víctimas o los testigos no se atrevan a denunciar. Es un proyecto profundamente clasista, antimujeres, antidiversidad y antiinfancias que atenta contra todos los derechos a vivir una vida libre de violencia”, concluyeron.